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Dinama se puso del lado de la comuna en la batalla de vecinos contra planta de residuos

La Intendencia de Canelones presentó el proyecto y fue criticado por la comunidad de Cerro Mosquitos; el gobierno deberá responder si prevé reubicarlo
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21 de septiembre de 2020 a las 13:12

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) emitió un informe positivo sobre la planta de gestión de residuos que la Intendencia de Canelones quiere construir en Cerro Mosquitos que afirma que no se encontraron elementos técnicos ni jurídicos para revocar el proyecto como solicitaron los vecinos de la Comisión en Defensa del Arroyo Solís Chico que se oponen a lo que denominan un "megabasurero".

El 6 de marzo, luego de una reunión con los nuevos jerarcas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), los vecinos presentaron un recurso de revocación y jerárquico para que se frene el proyecto, que se localizará cerca de la localidad de Soca y fue aprobado por la exministra Eneida de León el 21 de febrero, a días de abandonar el cargo.

La instalación de este sitio de disposición final de residuos generó el rechazo de los vecinos y de varios colectivos de ciudadanos que se organizaron ante la preocupación de que el relleno sanitario contamine las aguas del departamento. En enero de 2019, la Dinama había rechazado la instalación de la planta en las inmediaciones del arroyo Solís Chico, y la intendencia definió una nueva ubicación.

En la respuesta de la Dinama a los vecinos, a la que accedió El Observador, se establece que los supuestos impactos ambientales negativos que se alegaron en el recurso refieren a la etapa de operación del relleno sanitario y que la ejecución de la obra "no generará daños graves". Por otra parte, se agrega que para iniciar las operaciones en la planta la Intendencia de Canelones debe contar con la Autorización Ambiental de Operación.

La Dinama alega que el retraso en las obras llevará a mantener la operación de disposición de residuos en Cañada Grande, "que no fue diseñado con las medidas de prevención y mitigación ambiental para la disposición final de residuos sólidos", por lo que "no corresponde" la suspensión del proyecto.

La dirección analizó los 17 puntos enviados en el recurso de revocación que hacen referencia a las consideraciones técnicas de la planta, en la que concluye que no comparte varios aspectos presentados por los vecinos, por ejemplo en lo que refiere a que el sistema de relleno sanitario para la gestión de residuos "es una tecnología obsoleta".

"Se cuenta con suficiente información de que a nivel internacional la alternativa de disposición final en rellenos sanitarios sigue siendo una opción tecnológica válida y esencial de la gestión de residuos domiciliarios, como destino final para la gestión de los residuos que no pueden entrar en una cadena de valorización así como los descartes de los procesos de valorización. A lo largo de los años se han incrementado los niveles de seguridad para su adecuado desempeño ambiental", según indica el informe del Área de Evaluación de Impacto Ambiental. 

También señala que el recurso de revocación "no aporta nuevos elementos vinculados al riesgo de contaminación de las aguas subterráneas", diferentes a los que se presentaron previamente en el Informe Ambiental Resumen (IAR).

El informe se encuentra en la división jurídica de Dinama y el Poder Ejecutivo deberá responder al recurso de revocación antes del 23 de setiembre. Si no se pronuncia sobre el asunto, se da por entendido que hay una "autorización tácita" y el consorcio integrado por las empresas Ducelit S.A, Favelan S.A y Ebital S.A podrían empezar la construcción al haber obtenido la Autorización Ambiental Previa del proyecto, que implica una inversión de alrededor de US$ 8 millones.

El proyecto fue clasificado de tipo C por el MVOT que según el decreto 349 de 2005, incluye a "aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación". 

La habilitación de este proyecto se produjo junto a una serie de exigencias que estableció el ministerio, tanto para las empresas como para la Intendencia de Canelones, que asumió el "compromiso de ejecutar el plan de compensaciones" para los vecinos, así como un plan "postclausura" y la "adecuación de los caminos de acceso al predio". 

En concreto, el sitio de disposición final de residuos contará con seis celdas, que en su conjunto podrán alojar un total de 4,8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos generados en el departamento, con una vida útil de 22 años de operación. Además, se construirá una planta de tratamiento de lixiviados, que son aquellas sustancias que escurre la basura y que termina por absorber el suelo.

La planta recibirá unas 465 toneladas diarias de residuos en el primer año de operación, mientras que para el final del período de funcionamiento esa cifra rondará las 573 toneladas por día. "Los residuos a recibir serán urbanos y asimilables a urbanos, incluyendo además los escombros de obras menores de construcción y reparación domiciliaria", afirma el portal de la Dinama que tiene los detalles del proyecto.

Según la resolución del MVOT, con el sistema de tratamiento de lixiviados propuesto "no se generarían impactos ambientales negativos residuales inadmisibles sobre el medio".

Como hay "diversos grupos" que manifestaron su "oposición" al proyecto, el MVOT determinó que deberá haber un programa de relacionamiento comunitario que incluya mecanismos de comunicación para que los vecinos formulen quejas en casos de problemas, como de olor.

El consorcio también deberá construir una serie de barreras de impermeabilización en la laguna de amortiguación que recibirá los lixiviados crudos y otras en los tajamares de contención.

Se instalará también una Comisión de Seguimiento del Proyecto, presidida por la Dinama. En la Autorización Ambiental de Operación, que deberá tramitar el consorcio, se deberá incluir un plan de monitoreo de las aguas subterráneas.

La opinión del gobierno

Este lunes, vecinos que integran la comisión que se opone a la instalación de la planta se manifestarán frente a Torre Ejecutiva para solicitarle al presidente Luis Lacalle Pou que frene la obra.

Una de las representantes de la comisión, Cecilia Vener, explicó que han mantenido reuniones con las nuevas autoridades de gobierno, entre ellas con el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, que recorrió la zona de Cerro Mosquito.

Peña dijo el pasado 7 de setiembre que solicitó información sobre el expediente del recurso para "resolver sobre el asunto". "Hay una ubicación propuesta y está la posibilidad de reubicarla, es lo que tenemos que decidir", apuntó.

En tanto, el subsecretario del MVOT,Tabaré Hackenbruch, dijo en junio que aunque esté la firma y la autorización a las empresas, la instalación de la planta podría no concretarse, ya que el plan del gobierno es procesar los residuos "mediante un proceso de incineración de última tecnología que genera energía, previo un proceso de reciclado en Montevideo y Canelones”, aseguró en entrevista con La Diaria

Vener explicó que se añadió a la información presentada en el recurso un informe de la Facultad de Ciencias que señala que el lugar no tiene "aptitud geológica" para la instalación, y "faltan hacer estudios".

Ese informe fue presentado la semana pasada al candidato a intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que en una carta abierta publicada el 11 de setiembre defendió el proyecto que comenzó a gestarse en 2016.

"Nos planteamos construir una moderna planta de tratamiento de residuos que incluye un relleno sanitario que cumpla con todos los lineamientos indicados para una obra de ingeniería de este tipo de acuerdo con lo que establecen organismos internacionales como Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e ISWA", señaló.

Por otra parte, agrega que Uruguay "goza de respeto internacional gracias a haber tenido políticas serias en materia de medio ambiente basándose en evidencia científica y siempre buscando aplicar las mejores prácticas recomendadas por los organismos internacionales especializados" y espera que se "refuerce la imagen del país" en "criterios técnicos independientes".

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