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La medida está vigente desde este miércoles.

Nacional > Hacia el referéndum

Distintas posturas sobre la portabilidad: entre la apelación a la libertad y el futuro y los "profetas privatizadores"

El gobierno habla de "mayores libertades y derechos" a partir de este miércoles. La oposición llamó a "defender el patrimonio de todos"

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12 de enero de 2022 a las 20:15

La apertura de la portabilidad numérica que entró en vigencia este miércoles se convirtió en el tema dominante en la agenda política y ambientó un nuevo punto de debate hacia el referéndum del próximo 27 de marzo. La disposición está incluida en uno de los 135 artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC) que se pretenden derogar. Un debate que quedó planteado en blanco y negro. 

El tema recibió máxima prioridad en Presidencia de la República, que colocó en forma destacada en su web las declaraciones del ministro de Industria, Omar Paganini, afirmando que la novedad le otorga "mayores derechos y libertades a las personas".

“Esto requiere que las compañías cuiden mejor a sus clientes a medida que se diluyen las razones que evitan cambiar de proveedor, por lo que habrá mejores condiciones de los contratos, promociones y un mejor servicio, y eso es bueno para la gente”, defendió el jerarca. 

Paganini descartó efectos negativos para los intereses de la telefónica estatal Antel, tal como lo viene denunciando la oposición política. Según sostuvo, en los países que ya se ha implementado la portabilidad numérica se observó que "poca gente se cambia" ya que los usuarios, precisamente, terminan siendo beneficiados por la necesidad de las empresas de mantener a sus clientes. "No vemos una amenaza", garantizó. 

El ministerio encabezado por Paganini se encargó de difundir en distintas páginas webs oficiales las instrucciones para “ejercer el derecho” a la portabilidad numérica en la telefonía móvil. 

"No al trancazo" pidió por su parte el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, apelando al lema del Partido Independiente para defender la LUC y considerar "increíble" que se haga campaña contra la portabilidad numérica en función de razones ideológicas. "El número de celular es parte de la identidad y se asocia a muchos servicios y contactos generados durante años", recordó. 

"Hoy los ciudadanos tenemos más derechos y somos más libres a la hora de contratar", señaló por su parte el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, al destacar las ventajas que, a su juicio, ofrece la disposición. "Podés conservar tu número y además mejora la competencia, generando beneficios al usuario", dijo. 

El diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllistas) le dio la "bienvenida" a la portabilidad numérica al replicar el aviso publicitario que Antel comenzó a emitir este miércoles para captar nuevos clientes de otras compañías. "Votá futuro, votá No", pidió el legislador. 

Al aviso de la empresa estatal apeló también su colega Felipe Schipani (Ciudadanos), al ironizar sobre si el spot forma parte de una supuesta campaña para desmantelar Antel. "¿No lo vieron a Molina?" se preguntó, en referencia al presidente del sindicato de la telefónica pública. 

El director de los medios públicos, Gerardo Sotelo, optó por plantear una serie de interrogantes. "¿Estoy satisfecho con el servicio? ¿Priorizo la relación calidad/precio? ¿Apoyo a la empresa pública?", planteó. "Portabilidad numérica es libertad y soberanía: da más libertad a los soberanos, cualquiera sea su respuesta a estas preguntas", sostuvo. 

La novedad hizo que en el oficialismo existan además diferentes lecturas sobre la autoría intelectual de este "derecho". El senador colorado Germán Coutinho (Lista 15) recordó un proyecto de ley que el líder de su sector, José Amorín, presentó en 2011, que no tuvo mayorías. "Hoy la LUC lo hace realidad y lo vamos a defender con un NO grande el 27 de marzo", prometió. 

El exdiputado nacionalista Martín Elgue recordó pro su parte "aquel lejano 2013"  en que el presentó otro proyecto de ley en el mismo sentido. 

Los profetas privatizadores

Otra es la lectura que se hace desde el Frente Amplio y el mundo sindical. "Nos quieren hacer creer que la portabilidad numérica te da libertad por ser propietario de un número", planteó el diputado frenteamplista Gerardo Núñez (PCU). "Prefiero defender lo de todos" dijo, cuando lo que se busca desde el gobierno es "debilitar a la empresa pública" y así "favorecer a poderosas multinacionales". 

Desde ese partido, la edila Sofía Espillar ironizó sobre los "malla oro" que dicen que la portabilidad numérica implica un avance en derechos. "Hay que avisarles que avanzar en derechos es que respeten la expresión del pueblo en las 800 mil voluntades para anular la LUC". 

"Que los profetas privatizadores no nos quiten lo importante" pidió por su parte el diputado Nicolás Viera (MPP), y llamó a "defender" a las empresas públicas. 

El exintendente de Montevideo Christian Di Candia anunció que conservará su número en Antel para "defender el patrimonio de todos". Hacerlo, dijo, es apostar por la única empresa de telefonía que aporta sus ganancias a Rentas Generales, escuelas, policía, el cuidado del ambiente y la mejora de los servicios colectivos. "A diferencia de las multinacionales, Antel no abulta los depósitos privados en el exterior", apuntó. "Defender a Antel es defender a Uruguay, lo que hemos logrado juntos y lo que tenemos que dejarle al futuro". 

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Inthamoussu, prometió que la portabilidad numérica "inventada" en la LUC será derogada en el referéndum del 27 de marzo. Según su visión y aunque desde el gobierno se "quiera vender", nunca hubo un "corralito celular" . 

Hasta el sindicato de los trabajadores de la enseñanza privada (Sintep) se pronunció. "La portabilidad numérica beneficia a las empresas privadas y perjudica a los servicios públicos", afirmó. "Pone a competir de forma desigual a multinacionales con una empresa estatal", finalizó. 

"Yo soy de Antel y no me cambio de empresa" afirmó por su parte la flamante presidenta del Frente Amplio de Canelones, Susana Muñiz, en el marco de una campaña pública para que los clientes se mantengan en la telefónica estatal. 

 

 

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