Dos condenados por asesinato fueron ejecutados públicamente en Afganistán

Con estas son ya cuatro las ejecuciones en público en Afganistán desde que los talibanes recuperaron el poder en agosto de 2021.

"Estas dos personas fueron condenadas por asesinato (...) tras dos años de proceso ante los tribunales de este país. La orden [de ejecución] fue firmada" por el jefe supremo del país, Hibatullah Akhundzada, declaró ante la muchedumbre un alto responsable de la Corte Suprema, Atiqullah Darwish.

Presentes en el estadio, las familias de las víctimas se negaron a indultar a los dos reos, una posibilidad contemplada en la ley islámica. Igualmente se negaron a llevar a cabo la ejecución.

Los ejecutados fueron identificados como Said Jamal y Gul Khan, culpables de sendos asesinatos con arma blanca en 2017 y 2022 respectivamente, según un comunicado de la Corte Suprema.

El texto añadió que Akhundzada llevó a cabo una "investigación extraordinaria" en ambos casos, antes de autorizar su ajusticiamiento.

Una política rigorista

Las ejecuciones públicas fueron habituales bajo el primer régimen de los talibanes, entre 1996 y 2001. Los condenados eran ejecutados a menudo a tiros o por lapidación, según los crímenes.

Desde que los talibanes volvieron al poder en Kabul en agosto de 2021, después de dos décadas de intervención occidental, hubo otras dos ejecuciones, en ambos casos por asesinato.

La anterior se produjo en junio en la provincia de Laghman, en el este. Un hombre condenado por el asesinato de cinco personas fue ejecutado a balazos en el recinto de una mezquita, delante de unas 2.000 personas.

Una primera ejecución pública se produjo en diciembre de 2022 en la provincia de Farah, en el oeste del país. En ese caso, el padre de la víctima abatió al asesino de su hijo.

Las autoridades también procedieron a flagelaciones públicas por otros delitos, como el robo, el adulterio y el consumo de alcohol.

La administración talibana en Kabul, no reconocida oficialmente por ningún otro gobierno, ha decidido hacer aplicar su visión rigorista de la ley islámica.

El líder supremo Akhundzada ordenó en ese sentido a los jueces en 2022 cumplir plenamente con todos los aspectos de la "sharía", incluyendo la ley del talión.

Bajo los gobiernos prooccidentales afganos que se sucedieron entre 2001 y 2021, se invirtieron cientos de millones de dólares para poner en marcha un nuevo sistema judicial que combinara derecho islámico y laico, con fiscales, abogados y jueces cualificados.

Sin embargo, se acusó a menudo a la justicia de ser lenta y corrupta. Si bien ahora se considera que la corrupción ha disminuido fuertemente, los expertos creen que el sistema se presta a decisiones precipitadas.

(Con información de AFP)