Dos operadores penitenciarios, funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que trabajaban en la cárcel N° 18 de Durazno, fueron condenados a prisión por ingresar celulares y cargadores para las personas privadas de libertad de la unidad, a los que también se les notificaba cuándo iban a realizarse requisas.
Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, se trata de una mujer de 35 años y un hombre de 33 que eran investigados desde febrero de 2023.
El Ministerio indicó que estos dos funcionarios "ingresaban teléfonos y cargadores" que le daban a los reclusos "a cambio de dinero", y se reportó que el hombre "avisaba previamente a internos sobre la realización de requisas".
"De acuerdo a la información recabada las maniobras venían realizándose desde 2020", agregó el organismo.
El 23 de marzo los dos trabajadores fueron condenados por "reiterados delitos de cohecho calificado" a 12 meses de prisión, que cumplirán en un régimen de "libertad a prueba", puntualizó la cartera en su comunicado.
Además, ambos deberán pagar una multa de 50 unidades reajustables (UR) y no podrán ejercer cargos públicos durante dos años.
