Con una "aparente baja prevalencia" del virus, el gobierno estudia cómo avanzar en el deshielo de la actividad, incluyendo el retorno a clases
La palabra salud no estuvo presente en el discurso de asunción de Luis Lacalle Pou. El concepto de emergencia apareció pero asociado a la seguridad. Ese día lo viral fue la imagen del nuevo mandatario abrazado de su antecesor y adversario político.
Pero todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, desde las prioridades políticas hasta el lenguaje. El 13 de marzo –fecha de la que este miércoles se cumplen dos meses, aunque parezcan muchos más– la confirmación de los primeros cuatro casos de coronavirus sacudió todos los planes previos y embarcó al país y al nuevo gobierno en el combate de una pandemia que no estaba en ninguno de los programas presentados meses antes a la Corte Electoral.
Los términos "contagiados" y "recuperados" pasaron a formar parte del léxico cotidiano; los epidemiólogos llegaron a la televisión; médicos y políticos pidieron la cuarentena general; las calles se vaciaron y luego se volvieron a llenar a cuentagotas; la gente se abasteció de papel higiénico; hubo aplausos y caceroleos en los balcones; las solicitudes de seguro de paro superaron las de la crisis de 2002 y bordearon los 100 mil; se aplazaron las elecciones departamentales; la inflación pasó los dos dígitos; médicos y políticos reconocieron que quizá haya sido acertado no haber entrado en una cuarentena general; se disparó el precio de los productos alimenticios; el tapabocas se volvió una prenda más; se apagaron los aplausos en los balcones; la curva de casos se mantuvo a raya; el gobierno concibió una "nueva normalidad".
Mientras todo eso ocurría, solo 0,02% de la población uruguaya fue confirmada como paciente de Covid-19. Si bien la literatura y la experiencia mundial invitan a leer con cautela cada número, los expertos que asesoran al gobierno –cuya tarea fundamental es lidiar con la incertidumbre y hacer las mejores recomendaciones posibles– hablan de una "aparente baja prevalencia" del virus en el territorio nacional, que da luz verde a seguir avanzando de a poco en el deshielo de la actividad.
Eso se tradujo en los últimos días en que varios comercios retomaran paulatinamente sus tareas, y las autoridades ya evalúan los siguientes pasos, como el retorno a clases, hasta ahora limitado a las escuelas rurales. También los grandes shoppings definen cómo reabrir sus puertas.
Como contracara, el gobierno observa a los fríos del otoño y el invierno que se asoma como una de los principales desafíos y motivos de alerta para las próximas semanas, ya que se da por descontado que aumentarán la demanda del sistema de salud en un momento en el que las medidas de distanciamiento comienzan a relajarse.
La palabra que sí estuvo el 1º de marzo en el discurso inaugural fue "libertad". Lacalle Pou la repitió diez veces aquel día, como lo haría más de una vez en su asidua comparecencia ante los medios de comunicación en la Torre Ejecutiva, para apelar a la "conciencia ciudadana" como camino alternativo a las medidas de aislamiento coercitivo. “Si actualmente estamos pasando de un aislamiento de alto impacto a un distanciamiento social, que debe ser sostenido, es porque los uruguayos demostraron que hicieron un buen uso de la libertad, con solidaridad y generosidad”, dijo el presidente al mes de declarada la emergencia sanitaria.
Lacalle, que empezó su mandato con un fuerte compromiso de recorte de gasto, se vio obligado a barajar de nuevo las cartas y acompasar su plan de ahorro con el desembolso millonario para atender la crisis social. Para ello se creó el Fondo Coronavirus, que estima gastar como mínimo unos US$ 400 millones en asistencia.
En la oposición frenteamplista, sin embargo, piden más. Insisten en que las medidas van "en el camino correcto" pero son "insuficientes". La izquierda incluso llevó al gobierno un Plan de contingencia –estimado en unos US$ 1.000 millones– y reclamó que se otorgue un subsidio equivalente al salario mínimo a 300 mil hogares a costa de un mayor endeudamiento.
El equipo económico, en cambio, ha defendido a ultranza su idea de generar "medidas focalizadas" atendiendo las particularidades de cada sector afectado. La decisión responde por sobre todo a que el oficialismo cree necesario cuidar las arcas públicas y entiende que un mayor endeudamiento no sería sostenible.
"Si nos excedemos en gastos ahora, puede complicarse luego la salida", dijo este martes a Informativo Carve el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie. "La verdad sea dicha, ojalá tuviéramos la capacidad de gastar más, porque es evidente que en algunos lugares habría que hacer algo más. Pero ¿sabe lo que pasa? La situación de deuda y de desequilibrio fiscal que se heredó, en un país que no tiene moneda propia y por lo tanto cualquier emisión se traslada fuertemente a los precios, no hace posible eso", agregó el jerarca.
"Se están tomando una cantidad de medidas, se sabe que va a aumentar el desequilibrio fiscal. Si nosotros ponemos en riesgo la perspectiva de mediano y largo plazo, eso complica más la recuperación y la actividad económica", valoró Alfie. Sus palabras fueron en línea a lo planteado días antes por la ministra de Economía Azucena Arbeleche, quien ante las críticas del Frente Amplio en el Parlamento por la "insuficiencia" de las medidas, advirtió que había que tener en cuenta "el punto de partida" fiscal.
En marzo, el Ministerio de Economía destinó $ 1.000 millones (unos US$ 22 millones) al Mides para mejorar la cobertura de los refugios y ampliar la asistencia de la Tarjeta Uruguay Social, cuyo monto se duplicó en abril por única vez (si bien la erogación se organizó en dos cuotas). El presidente Lacalle Pou dijo a comienzos de mayo que "una de las prioridades del gobierno es que nadie pase hambre".