La ley de inclusión financiera que acaba de aprobar el Parlamento despierta algunas dudas y cuestionamientos de actores privados sobre la eficacia y costos que demandará su implementación. El Ministerio de Economía (MEF) no comparte esas críticas y está convencido que la “gradualidad” -que definió en las distintas etapas que comprende la normativa- será más que suficiente para asegurar su universalización y despertar el atractivo para que se sumen nuevos actores al sistema.
En el desayuno de trabajo titulado “Desafíos y oportunidades de la ley de inclusión financiera” que organizaron ayer Olivera Abogados, la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y Urutec (cámara compensadora de pagos de Bevsa) se pusieron sobre la mesa algunos desafíos que presenta una de las normativas más relevantes que promovió el Ministerio de Economía en este período de gobierno.
“Esta ley acelera un proceso que impone conductas. El primer desafío que plantea es que el sistema (financiero) esté en condiciones de atender, no solo con recursos y créditos. Sino que los usuarios tengan la libre disponibilidad de contar con su dinero en efectivo -si desean hacerlo-, o para que de alguna manera siga circulando como dinero electrónico”, advirtió el abogado y experto en derecho comercial, Ricardo Olivera, sobre el impacto que provocará la obligatoriedad de incorporar un gran número de nuevos usuarios (trabajadores y pasivos) que hoy están por fuera del sistema financiero.El especialista remarcó que el nivel de “culturización bancaria” de las personas que se van a incorporar “está por debajo del promedio”.
Por otro lado, Olivera admitió que la nueva figura que crea la ley de entidades emisores de dinero electrónico le despierta una serie de “incógnitas”. Estas instituciones estarán habilitadas para recibir el dinero de empresas o el BPS para el pago de salarios, jubilaciones y retribuciones personales, pero no pueden prestar otra actividad financiera que no sea el pago de esas remuneraciones.
“Son como pequeñas AFAP que en última instancia manejan un patrimonio ajeno sobre el cual debe prestar servicios muchos de los cuales son gratuitos. La gran duda que esto plantea es si estamos creando un vehículo económicamente rentable”, alertó Olivera. El Ministerio de Economía tiene otra lectura sobre este tema. El integrante de la Asesoría Macroeconómica, Martín Vallcorba, -que presenció la disertación- respondió luego a El Observador sobre las observaciones que plantearon los expertos.
“La forma que tienen de rentabilizar (los emisores de dinero) es el uso del dinero electrónico en los comercios. Esto le genera un arancel (hoy de 2,5%) al emisor en la medida que se vaya extendiendo el uso de los medios electrónicos”, explicó Vallcorba.
Añadió que el sistema opera con la misma lógica con que hoy es rentable el negocio para los emisores de tarjetas de crédito. “Con un volumen de operaciones, se pueden tener ingresos razonables. Es parte del desafió del proyecto. Si el emisor paga el sueldo y la gente retira el dinero en efectivo es claro que los números no cierran”, reconoció.
Vallcorba indicó que cuando se analiza el contexto regional, es “perfectamente razonable” que un horizonte de dos años se pueda pensar en que las transacciones electrónicas lleguen al 20% del total teniendo en cuenta los niveles de formalización de la economía uruguaya. “Es posible porque hay actores que están evaluando tomar esta opción (de emisores). Además, para otros actores, será una actividad más es su unidad de negocio”, apuntó.
Impacto en comercio
Olivera consideró que el pago por medios electrónicos al comercio y servicios puede tener sus inconvenientes por el retraso (hoy de 48 horas) que enfrentan hoy el empresario para hacerse del cobro de sus ventas con operaciones de débito. “Esto supone que se produce una diferencia conceptual entre el momento de la compra del bien o servicio, y el momento de disponibilidad de cobro de los recursos. En la medida que esto no funcione muy fluidamente, tenemos un gap (brecha) entre el momento de la venta y el cobro. En realidad, va a ver un problema de capital de trabajo del comercio”, advirtió.
A juicio de Olivera, sería clave que estos tiempos “tiendan a cero” porque, de lo contrario, “podríamos crear las condiciones para que se creen nuevas unidades de negocio como el factory (negocio de intermediación) que cubra ese gap. Eso tiene un costo financiero vinculado a la operativa”, alertó el experto.
“Pensar que un rezago de 48 horas genera complicaciones en un capital de trabajo no es razonable; sí lo tendría un plazo de 30 o 40 días. La ley está pensada para que sea un proceso gradual. Hoy solamente el 1% de la operativa de los comercios se canaliza por medios electrónicos y apostamos a que vaya creciendo paulatinamente. Además, la contracara es que la ley habilita la apertura de cuentas bancarias con servicios básicos (sin costo) para los pequeños comercios”, respondió Vallcorba a los cuestionamientos de Olivera.
El crédito
Otro punto donde el especialista en derecho comercial, Ricardo Olivera, fijó marcó sus diferencias es en el aumento gradual que llevará que el porcentaje del salario o pasividad inembargable trepe gradualmente del 30% al 50% del ingreso en 2018.
“Esto va a suponer un riesgo de que muchos agentes económicos estén imposibilitados de cumplir con las obligaciones que tienen en el mercado. Esto nos mete en un tema. Si la idea de bajar el endeudamiento es un objetivo, debemos encarar los problemas de insolvencia de los consumidores cosa que hoy nuestro régimen jurídico no está en condiciones de resolver”, planteó Olivera. El asesor del MEF (Vallcorba) también tiene otra visión sobre el tema. “El aumento del intangible es tan gradual que los impactos se van generando en el tiempo. Las personas no van a ver afectadas su capacidad de pago. La plata la tengo en el bolsillo. Esto no genera insolvencia, protege el salario y evita cuestiones de sobreendeudamiento de las familias”, argumentó Vallcorba. Añadió que en todo caso las instituciones tendrán que tener en cuenta el factor “voluntad de pago”.
