25 de marzo 2020 - 5:02hs

La semana pasada escribí que la crisis social generada por la pandemia covid-19 es una oportunidad política para el gobierno, la oposición y la ciudadanía en general. Es evidente que esa visión es compartida por muchos actores del tablero político porque, desde hace algunos días, se han venido multiplicando gestos trascendentes en esta dirección. El más importante de todos, desde mi punto de vista, es el pronunciamiento de la bancada legislativa del Frente Amplio. El jueves pasado, los legisladores frenteamplistas aprobaron una declaración adelantando 18 medidas para atender la emergencia. Asimismo, propusieron la creación de “un ámbito de trabajo conformado por todos los partidos políticos, las organizaciones sociales y la academia nacional, a los efectos de construir un gran Acuerdo Nacional, que establezca con claridad una hoja de ruta, para atender la situación sanitaria, económica y social por la que atravesará nuestro pueblo en esta tan delicada situación que nos toca vivir”.

La bancada del Frente Amplio está haciendo lo que tiene que hacer: está convirtiendo la crisis social en una oportunidad política. Es, precisamente, en momentos como éste, es decir, en las coyunturas más difíciles de la vida nacional, cuando más necesario se hace que los partidos den la cara y se pronuncien. Todas y cada una de las 18 medidas adelantadas, por cierto, son tan legítimas como discutibles. Pero hacen muy bien los legisladores frenteamplistas cuando arriesgan propuestas e intentan sintonizar con la angustia de la gente. Hace lo correcto el FA, en tanto partido de oposición, en alimentar el debate público y en obligar al gobierno a considerar alternativas a las políticas que viene definiendo e implementando. Una oposición activa siempre termina sacando lo mejor del gobierno. El FA da un paso audaz en la dirección correcta cuando propone un ámbito de trabajo con vistas a un Acuerdo Nacional. No es, precisamente, una propuesta irresponsable o polarizadora. No es una actitud de las generan “grietas”. Todo lo contrario. Se reclama un puente. Se le pide al gobierno bajar el “puente levadizo”.

Ahora es el turno del gobierno. Liderada por el presidente Luis Lacalle Pou, la “coalición multicolor” viene haciendo un esfuerzo extraordinario para lidiar con responsabilidad y sensibilidad con la más inesperada de las emergencias. Pero puede aprovechar la crisis y convertirla en una oportunidad. La creación de un ámbito de diálogo entre gobierno y oposición no es un juego de suma cero. No hay que pensar que, de instalarse un ámbito de este tipo, se capitalizaría políticamente el FA a cambio del debilitamiento de la autoridad del gobierno. Lo mejor de esta propuesta es que, de concretarse, ganarán los dos, gobierno y oposición. El FA ganaría, desde luego. Ganaría por haber sido el autor de la propuesta. Ganaría porque se posicionaría como un actor razonable, moderado, centrista podríamos decir en la jerga de los politólogos. Cada vez que en momentos difíciles se sentó a una mesa para conversar con otros se fortaleció. Ganó en autoridad. El que tenga alguna duda puede pensar, por ejemplo, en cuánto ganó la izquierda en términos de legitimidad al participar en el Pacto del Club Naval.

Pero el gobierno también se capitalizaría y mucho. Si tuviera la audacia de generar este ámbito el gobierno se fortalecería al menos tanto como el Frente Amplio. Un gobierno que dialoga con la oposición siempre es mejor evaluado que un gobierno que se encierra en su fortaleza. Proteger la imagen del presidente, en particular, es defender un activo clave. Lo peor que le puede pasar al gobierno es que el presidente se desgaste. Cada vez que un presidente ha dado señales de ser capaz de incorporar al otro bloque político ha ganado prestigio, credibilidad, autoridad. No cuesta mucho suponer que, de instalarse un ámbito de este tipo, habría menos espacio para que siga proliferando la pandemia de críticas injustas y propuestas poco responsables. Cuesta imaginar que, de instalarse una mesa de negociación con vistas a un Acuerdo Nacional, puedan volver a prosperar iniciativas tan desafortunadas como los caceroleos y apagones convocados por el PIT-CNT.

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Desde luego, desde el momento mismo en que se siente a conversar con el FA, el gobierno tendrá que aceptar algunas de sus 18 medidas. No tiene nada de malo. Una de ellas, por ejemplo, es la postergación del aumento de tarifas. Esta medida también fue propuesta la semana pasada por el general Guido Manini Ríos quien, legítimamente, también vislumbró la oportunidad para dejar constancia pública de su posición. La postergación del aumento de tarifas podría ser uno de los puntos de ese acuerdo. Una decisión de este tipo ayudaría a descomprimir la situación política dentro de la “coalición multicolor” y a bajar la tensión entre gobierno y oposición. En términos estrictamente económicos es más racional la propuesta del MEF. La rebaja de tarifas beneficia, por igual, al pobre y al rico. Seguir recaudando y, luego, focalizar las políticas sociales en los más necesitados es una solución técnicamente superior. Pero es políticamente más razonable postergar dos o tres meses el aumento de tarifas. El presidente Lacalle Pou, que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, tiene una gran oportunidad.

Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, Docente e Investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

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