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El derecho de las mayorías

La decisión de esencialidad es una muestra más de que el Estado se debe mantener alerta para asegurarle a las mayorías el derecho de que su vida no se vea entorpecida 

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12 de diciembre de 2018 a las 05:04

Como casi siempre, los paros en áreas esenciales para el funcionamiento de las sociedades terminan golpeando no solo al estamento al que se pretende dañar sino, particularmente, a la gente de a pie. En el caso de la paralización del transporte de combustible que transcurrió durante cinco días desde el jueves 6, la protesta le pegó más que nada a la gente con automóvil –aunque las tarifas de Uber y Easy Taxi treparon aprovechando la oportunidad– y también repercutió en una temporada turística que recién empieza a despuntar, lo que perjudicó las posibilidades de traslado de muchos visitantes.

La medida –adoptada por la Unión de Transportistas de Combustibles (UTC) luego de que un funcionario de La Tablada se lastimara una mano al parecer por precarias condiciones de trabajo–  desató la consabida psicosis que produjo largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, desbarató planes de ciudadanos que pretendían viajar al interior, y de gente del interior que debía llegar a la capital. 
Este lunes por la mañana, el Poder Ejecutivo –al parecer al influjo particular de la ministra de Industria, Carolina Cosse–, le puso coto a la situación decretando la esencialidad de un servicio que se irá normalizando por estas horas. “Lamentablemente no tuvimos más remedio que pedir la esencialidad porque creemos que la población no tiene que ser rehén de estas cosas”, dijo este lunes la ministra Cosse tras una jornada complicada. Si esa decisión se hubiera demorado un poco más, no solo los automovilistas hubiesen padecido las repercusiones del paro. Ya el fin de semana, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra) había advertido que debido al desabastecimiento de combustible las compañías podían llegar a tener problemas para cubrir todos los turnos y, por tanto, peligraban algunos servicios.

Es decir, otro paro más –esta vez adoptado por el sindicato que nuclea a los dueños de los camiones que transportan combustible– que se aprestaba a complicarle la vida a los que menos tienen. La esencialidad adoptada por el Poder Ejecutivo llegó a tiempo para evitar que la situación se desmadrara aún más.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el antiguo debate acerca del derecho de los gremios –ya sean patronales o de trabajadores– a tomar medidas para defender sus intereses y la función que le cabe al Estado para impedir que terminen lastimadas aquellas mayorías que nada tienen que ver con la pelea. 

Durante este período de gobierno el Poder Ejecutivo decretó en otras tres oportunidades la esencialidad de servicios (para restablecer el transporte de combustible detenido por un paro de los trabajadores de Ancap; para evitar que los funcionarios del Inumet dejaran a la población y a los operadores terrestres, marítimos y aeronáuticos sin pronósticos meteorológicos; y, esa vez sin éxito, para asegurar que se dieran clases en los centros educativos afectados por una largo conflicto docente).

Los hechos que llevaron a la acertada, aunque tal vez un poco tardía, decisión de esencialidad adoptada este martes, es una nueva advertencia acerca de la necesidad de que el Estado se mantenga alerta para asegurarle a las mayorías el derecho a que su vida no se vea entorpecida por la defensa de intereses corporativos que casi siempre le resultan lejanos. 

 

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