El disparate del debate obligatorio

El debate obligatorio es un disparate por donde se lo mire. Puede sonar raro la posición adoptada cuando desde esta misma tribuna editorial se destacó y aplaudió con bombos y platillos la realización de los dos debates televisados previo a las elecciones primarias de 30 de junio. Resumiendo, nuestra posición es debates sí, pero obligatorios no. 

Hay que apoyar e impulsar el debate entre candidatos, pero no hacerlos obligatorios y mucho menos aprobar una ley que los haga compulsivos. Eso es lo que está en discusión esta semana en el Palacio Legislativo. A instancias de Fernando Amado, diputado independiente pero no del Partido Independiente, se está considerando un proyecto de ley de debates obligatorios entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria para estas elecciones.

La cruel e injusta iniciativa iba a ser votada la semana pasada por la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, aparentemente con la aprobación de todos los partidos. La bancada del Frente Amplio solicitó una prórroga para terminar de pulir el detalle nada menor de la forma en que se celebrarían estos debates e incluso la extensión también obligatoria a las elecciones departamentales en los 19 departamentos.

Los debates obligatorios –según el proyecto de ley– serán transmitidos en horario central por cadena nacional de radio y televisión. Será la Corte Electoral la responsable de fijar las reglas y elegir a los moderadores, que deben ser periodistas.

Solo pensar en esta decisión ya debe tener desvelado a los integrantes de la Corte que deberán elegir entre, por ejemplo: Emiliano Cotelo, Daniel Castro, Joel Rosenberg, Sergio Gorzy, Fernando Marguery, Aldo Silva, Patricia Madrid, Paula Barquet, Blanca Rodríguez o María Gomensoro. ¿En qué se basarán para elegir qué periodista? Preguntas que por ahora no tienen respuesta y que revelan de pique la falencia del proyecto. Es evidente que no puede ser obligatorio.

Además, dada la cantidad de candidatos presidenciales habrá que ver cómo se las arreglan los impulsores de la ley para evitar un debate multitudinario en donde a nadie le quede nada claro. Los legisladores están tratando de buscar una fórmula para separar los debates en distintos bloques de postulantes pero aún es un misterio cuál será la fórmula para impedir un todos contra todos inconducente. Pero el mayor problema es la obligatoriedad que termina nuevamente avasallando la libertad del candidato de elegir dónde y con quién debatir. Los principales candidatos Ernesto Talvi, Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez ya dijeron estar dispuestos a hacerlo en horario central. Es evidente que Guido Manini Ríos también querrá debatir, lo mismo que Pablo Mieres, Edgardo Novick y Gonzalo Abella. Por lo antedicho hay que dejar que sea la libertad de conciencia de cada uno de los candidatos la que prime por sobre esta obligatoriedad, lo mismo que la libertad del ciudadano de no ver el debate presidencial si así lo desea. 

Legislar sobre la obligatoriedad de los debates es una forma de burocratizar y estatizar algo que deber ser libre. Tan libre como la conciencia el día de las elecciones.