Tras años de dilaciones para poder acceder a la información, el gobierno británico pagó indemnizaciones por la muerte de 64 niños afganos. La cifra es cuatro veces mayor a la que las fuerzas militares habían reportado durante los años en que militares de Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto de sus aliados de la OTAN estuvieron en Afganistán.
Los niños murieron, de acuerdo a la versión británica, en el contexto de “combates en los que participaron las fuerzas estacionadas en el país centroasiático entre 2006 y 2014”.
Las cifras surgieron de los pedidos de acceso a la información pública –no la secreta- por parte la ONG Action on Armed Violence (Acción Contra la Violencia Armada, AOAV) al Ministerio de la Defensa del Reino Unido.
La documentación que pudo ver AOAV le permitió establecer la cifra de 64 niños identificados, a cuyas familiares Gran Bretaña debió indemnizar. Las muertes, de acuerdo a los partes de guerra, habrían ocurrido “en el contexto de ataques aéreos y fuego cruzado contra insurgentes talibanes”.
Para AOAV, que recabó distintas fuentes, la cifra de muertes civiles caídos causadas por la acción de soldados británicos es probablemente una subestimación tanto en adultos como en niños.
A criterio de la investigación de AOAV, el número real de niños muertos podría ascender a 135, porque algunas de las víctimas mortales se describen en los documentos del Ministerio de Defensa simplemente como hijos e hijas, y no siempre se incluyen las edades y las circunstancias de las muertes.
Sin embargo, a falta de certezas, la ONG considera posible que algunos de esos 135 fueran mayores de 18 años, aunque creen más probable que se trata en la gran mayoría de niños o niñas de menos de 18.
Por el accionar de las fuerzas militares británicas, el Ministerio de Defensa recibió un total de 881 reclamos documentados de personas muertas en Afganistán durante esos años. Sin embargo, las autoridades del Reino Unido rechazaron la mayoría y solo una cuarta fue aceptada como víctimas y como compensación sus familiares recibieron la indemnización fijada por el gobierno.
Entre las víctimas que sí reconoció Gran Bretaña está la de una familia afgana integrada por ocho personas, todos los cuales murieron en un ataque aéreo en un pueblo del distrito de Nawa, en la provincia sureña de Helmand, ocurrido en mayo de 2009.
El caso es que un hombre, que salvó la vida, presentó la denuncia por la muerte de su sobrino, las dos esposas de su sobrino y sus cinco hijos. Las autoridades británicas demoraron 144 días en resolver el reclamo, aceptaron como cierta esa versión y en compensación recibió US$ 8.260.
En total, en concepto de reparaciones por las muertes de civiles afganos, el Ministerio de Defensa pagó un total US$ 786.350 por la muerte de 289 civiles afganos entre 2006 y 2014.
La AOAV denunció que las autoridades a menudo exigieron a quienes denunciaron muertes que presentaran fotos, certificados de nacimiento y cartas de apoyo antes de recibir las reparaciones económicas. Además, personal británico realizó entrevistas “para confirmar que no tenían ninguna afiliación talibán”, según aclaró la AOAV.
Esa ONG realizó muchos pedidos de acceso a la información sobre lo sucedido en Afganistán y se encontraron con algo que les resultó, por lo menos, sorprendente. En algunos casos, los afectados recibieron más por la pérdida de bienes o ganado que por sus familiares muertos.
A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa británico expresó que "cualquier muerte de un civil durante un conflicto es una tragedia, más aún si se trata de niños y familiares".
En ese comunicado, las autoridades sostienen que sus fuerzas militares tratan de minimizar los daños a los civiles, aunque expresó que "lamentablemente nunca se pueden eliminar por completo".
Por su parte, Iain Overton, director de la AOAV, criticó la falta de transparencia sobre las muertes, ya que los investigadores tardaron años en obtener la información del Ministerio de la Defensa. Overton agregó que quedan dudas sobre “si se habían aprendido las lecciones”.
Los grupos de derechos humanos y las ONGs criticaron en repetidas ocasiones tanto a Estados Unidos como al Reino Unido por la forma en que investigan e informan sobre las víctimas civiles en las operaciones militares realizadas en otros países.
El Ministerio de Defensa reconoció una sola muerte civil causada por un ataque aéreo de la Real Fuerza Aérea (RAF) durante su campaña de bombardeos contra el grupo Estado Islámico en Irak y Siria. Cifra que no aceptan como cierta los defensores de derechos humanos.
El secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó recientemente una importante revisión de la forma en que el Pentágono investiga las víctimas civiles. Ese anuncio se produjo después de un ataque aéreo estadounidense durante la retirada de Kabul en 2021, cuando murieron 10 civiles.
La primera versión del Pentágono fue que los muertos eran “extremistas”. Sin embargo, los cronistas de prensa en el lugar encontraron pruebas de que todos los muertos eran civiles.
El Plan de Acción para la Mitigación y Respuesta a los Daños a los Civiles de Estados Unidos incluye la contratación de más de 150 militares para que se centren en la mitigación de los daños a los civiles, así como en la mejora de la información y la recopilación de datos sobre este tipo de incidentes.
Después de esa declaración de Lloyd Austin, el Ministerio de Defensa británico aseguró que tomaría el criterio de revisión estadounidense. Pero, de acuerdo a la AOAV, no se concretó ningún cambio en la manera de investigar los llamados "daños colaterales" que causan muertes provocadas por sus efectivos militares.
