Una bocanada de oxígeno para el gobierno argentino, en medio de su crisis por escasez de divisas: los exportadores de soja prometen oficialmente que aumentarán su exportación antes de fin de año.
De esta manera, el sector cerealero aportaría US$ 5.700 millones antes de fin de año, una cifra que supera en US$ 1.200 millones al monto con el que se venía especulando en el mercado en los últimos días.
Luego de la asunción de Alejandro Vanoli como titular del Banco Central, se exploraron medidas para apurar la liquidación de estas divisas y surgió la posibilidad –todavía no confirmada oficialmente– de que el sector sojero reciba, a modo de incentivo, un bono ajustable por el tipo de cambio.
A juzgar por el comunicado de los exportadores, esa gestión resultó convincente.
“Como resultado de las reuniones mantenidas con funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, el Banco Central y la Jefatura de Gabinete de Ministros, en las que se efectuaron minuciosos análisis sobre la venta potencial de soja por los productores hasta fin de año, en el marco de la estabilidad cambiaria actual y la perspectiva a la baja de los precios de las commodities, se concluyó que es factible un ingreso de divisas de US$ 5.700 millones para el último trimestre del año”, dice textualmente el comunicado.
La cifra es, en este momento de la economía, significativa por demás. Las reservas del Banco Central, que vienen bajando a diario y ya están en un nivel de US$ 27.300 millones, tienen malas perspectivas, dada la acumulación de obligaciones financieras para los últimos meses del año.
Luego de los US$ 250 millones que debió pagar por el Bonar X hace dos semanas, deberá desembolsar otros US$ 142 millones por el Bonar 2024 y US$ 151 millones por el Boden 18 en noviembre.
Y mientras tanto, claro, seguir atendiendo la demanda del público minorista, que en lo que va de octubre ya lleva vendidos cerca de US$ 250 millones al precio oficial.
La liquidación “extra” de soja sería un bálsamo. El año pasado, en un fin de año también complicado, el sector sojero había liquidado US$ 4.000 millones. Es decir que este año, con un precio significativamente más bajo, se lograría un ingreso de divisas 42% superior.
Un seguro de cambio
El gobierno celebró este anuncio como una victoria política: lo planteó como si los productores hubiesen entendido el argumento oficial de que no les conviene seguir “encanutando” su producción, dado que no habrá devaluación y que, además, el precio de la soja tiende a la baja en el mercado internacional.
“Aclaramos que a lo largo del año va a haber estabilidad cambiaria, con lo cual guardar la cosecha para especular con movimientos cambiarios es un error”, sostuvo el ministro de Economía Axel Kicillof.
Y dejó en claro cuánto preocupa al gobierno el hecho de que los productores guarden su cosecha en las silobolsas: “Si los propietarios y el complejo entero deciden no vender, retener, artificialmente provocan un agujero en el comercio”.
Pero lo cierto es que, si algo convenció a los exportadores de liquidar las divisas no es, precisamente, una charla esperanzadora con el ministro respecto del futuro de la economía.
Fuentes del sector aseguraron que el punto clave fue la promesa de un nuevo bono dollar-linked, que les permitiría dormir tranquilos a los productores sin arriesgarse a tener una suba de presión cada vez que leen las noticias del mercado cambiario.
El nuevo título, nominado en pesos y ajustable según la variación dólar, amortiza en dos años, paga un cupón anual de 1,75%.
Con la primera emisión, consiguió el equivalente a US$ 983 millones –es decir, 8.345 millones de pesos argentinos–, algo que festejó ampliamente porque el plan original era colocar US$ 500 millones pero la demanda por el papel superó las previsiones.
En una primera etapa, el gobierno colocó este papel entre los bancos y las compañías de seguros. Fue en el marco de la presión a estas financieras para que se desprendieran de bonos nominados en dólares, como el Boden 15, utilizados para las operaciones de “contado con liqui” que desde el Banco Central se quería desalentar.
Estas compañías suelen ser reacias a dejar sus portafolios de inversión con demasiados activos nominados en pesos, dado que eso las expone demasiado al riesgo de la desvalorización por la inflación y por una eventual devaluación.
Es por este motivo que el gobierno, para compensarlos por presionarlos a tomar un título en pesos, les otorgó este seguro.
La prueba más evidente de que el mercado, lejos de creerle a Kicillof, apuesta a una devaluación, es la propia tasa que pagan los bonos ajustables por dólar.
Nadie compra un título en pesos que rinda 1,75%, habiendo otras opciones que rinden 20%. Si se acepta ese título es precisamente porque su atractivo es el ajuste por dólar. Y cuanto mayor sea la expectativa de devaluación, mayor es el premio del bono, y menor será la necesidad de una tasa alta.
Un antecedente incómodo para el gobierno
La medida de ofrecer un bono ajustable por dólar puede ser rendidora en lo financiero para el gobierno, aunque no está exenta de un costo político. A fin de cuentas, la solución a los problemas derivados de la falta de dólares pasa por ofrecer un seguro de cambio, una de las herramientas más odiadas y estigmatizadas cuando, durante la dictadura militar, se la utilizó como salvataje de los empresarios que se habían endeudado en dólares. Ahora no se trata de pesificar –es decir, licuar– deudas privadas y hacer que el Estado asuma el costo real de la devaluación.
Más bien, el objetivo es garantizarles a algunos sectores de la sociedad algo que todos los argentinos quisieran tener y no pueden: un seguro de que, pase lo que pase, sus pesos no perderán valor porque el gobierno los compensará en caso de devaluación. En todo caso, justificar esta medida resulta todo un desafío para el “relato” kirchnerista, al que le costará explicar por qué se premió con un seguro anti-devaluación a los mismos que fueron acusados por Cristina Kirchner de querer desestabilizar al gobierno y forzar una devaluación.
