El gobierno español impondrá un nuevo impuesto temporario a la riqueza para los años 2023 y 2024.
De acuerdo con la nueva norma fiscal, los residentes en España pagarán el impuesto cuando sus bienes excedan la suma de € 2.9 millones, explicó María Jesús Montero, ministra de Finanzas este jueves, y aclaró que la medida afectará solamente a 23.000 personas, un 0,1% del total de quienes pagan impuestos en España. Calificó la decisión como una apelación a la solidaridad.
La escala del impuesto determina que las personas que poseen entre € 3 y € 5 millones serán gravadas con una tasa del 1,7%, aquellas con entre € 5 y € 10 millones de euros pagarán el 2.1% y quienes tengan más de € 10 millones serán gravados con un 3.5%.
El impuesto forma parte de una serie de ajustes presupuestarios planificados para el próximo año, destinado a aliviar la situación generada por el alza de la inflación y de los precios de la energía.
También está en los planes de gobierno elevar la tasa del impuesto a las ganancias de 26 a 27% para quienes ganen más de € 200.000 al año, mientras que para ingresos por ganancias de más de € 300.000 la tasa se elevará al 28%.
La medida fiscal, acordada por el socialismo y Unidas Podemos, los socios de la coalición gobernante, aportará al estado € 3.1 miles de millones en los próximos dos años y según se afirmó en medios oficiales, ese dinero será usado en iniciativas de ayuda a los sectores de menores ingresos.
Otra medida propuesta por el gobierno es reducir la tasa impositiva para los salarios de menos de € 21.000 anuales, lo que beneficiaría al 50% de la fuerza de trabajo, dado que € 21.000 es el salario medio en España.
La ministra Montero dijo que los cambios impositivos propuestos harán el sistema español “más progresivo, eficiente y justo para garantizar la justicia social y la eficiencia económica”.
Otro ítem impositivo que será reducido es el impuesto a las ventas de productos de higiene femenina, de un 10% a un 4%.
Las nuevas medidas se suman al impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las grandes compañías y los bancos y a la reducción del impuesto a las ventas de gas natural del 21% al 5%.
Algunos gobiernos regionales de España han tenido también la libertad de acción en materia impositiva, como dos gobernados por el opositor Partido Popular que han reducido los impuestos a la propiedad inmobiliaria, mientras que gobiernos regionales dirigidos por los socialistas planean alivios fiscales para los sectores de menos ingresos.
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