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El hombre que amenazó de muerte a la fiscal Mónica Ferrero irá dos meses a la cárcel
La Justicia condenó a seis meses de prisión al hombre que amenazó de muerte a la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, a través de un mensaje de WhatsApp que recibió el 10 de mayo de 2019, un día después del atentado realizado contra la sede de la Brigada Antidrogas, ataque al que el imputado hizo referencia en su amenaza.
El condenado es el hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, y había sido imputado a mediados de setiembre, a pedido del fiscal Diego Pérez, por un delito de tenencia no autorizada de municiones y otro de violencia privada especialmente agravado en reiteración real. Desde entonces, el imputado quedó recluido en su casa, ya que se había aplicado prisión domiciliaria como medida cautelar.
Cerca de cuatro meses después, la defensa de Arias –liderada por el penalista Ignacio Durán– llegó a un acuerdo con el fiscal, y ambos decidieron cerrar el caso mediante un proceso abreviado, una herramienta del nuevo Código del Proceso Penal por la cual se obtiene la confesión del indagado, a cambio de una pena más beneficiosa. En este caso, se acordó un castigo de seis meses de cárcel, pero como se descontó la detención sufrida desde que se formalizó la investigación, Arias solo estará en prisión efectiva durante dos meses, según informó Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes del caso.
"Hola, Mónica Ferrero. ¿Cómo le va? Espero que le vaya bien, pero de ahora en más le va a ir como usted decida…", comenzaba el mensaje que recibió la fiscal, y agregaba: "Estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo". El texto llevaba la firma de la sigla PCU, una inscripción encontrada en varios ladrillos de cocaína incautada por la fiscalía de Ferrero. La sigla le corresponde a un grupo internacional que opera desde Bolivia.
Hasta el momento, el hijo de Arias había manifestado que era inocente de la acusación. Luego de la audiencia de formalización, el 16 de setiembre, Durán había dicho a El Observador que a pesar de estar de acuerdo en que Pérez avanzara en esa fecha con la investigación, entendía que su defendido era inocente, y que no había sido él quien redactó y envió el mensaje.
"No tiene nada que ver con eso ni con la organización criminal que está detrás del atentado", dijo entonces el penalista, quien, de todos modos, destacó que tanto él como Gumer Pérez –el otro abogado de la defensa– estaban "preocupados de que se llegue a la verdad" dado que la víctima "además de fiscal es una colega".
Por esta investigación, que está enlazada a la del ataque a la sede de la Dirección General de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Droga, fueron imputadas unas 18 personas, por encubrimiento, tenencia, porte, tráfico y comercio de armas, y asociación para delinquir. Solo tres del total de 16 enjuiciados por el atentado fueron enviados a prisión preventiva mientras Pérez prepara la acusación. Al resto se le impuso régimen de prisión domiciliaria o medidas limitativas, como fijación de domicilio.
