26 de marzo 2021 - 23:05hs

La crisis económica, de sanidad y social provocada por el avance del covid-19 ha perjudicado la visibilidad de los planes reformistas del gobierno, pese a su vital importancia, incluso para este oscuro período pandémico.

Sin el drama del coronavirus, los cambios aprobados en la LUC, en áreas como la economía, la gestión del Estado y la educación, hubiesen tenido un mayor protagonismo, en la agenda pública y en el accionar del Poder Ejecutivo, hoy casi monopolizado por la urgencia que impuso la pandemia.

Las estadísticas comenzaron a reflejar la crisis del país.  Una de ellas, de esta semana, reveló el pronunciado declive del PIB en el promedio de 2020, de 5,9% en comparación al 2019, que la tibia recuperación del último trimestre del año no pudo mover demasiado la aguja, revelador de la profundidad de la caída de la economía.

Los estragos de la pandemia se constatan en la pérdida de empleo, aumento de la pobreza y de la indigencia, en la caída del consumo de los hogares y las exportaciones. 

Si Uruguay ya tuviera una regla fiscal consolidada, habría estado en mucho mejores condiciones para robustecer sus políticas sociales.  Chile, que tiene una regla fiscal desde 2001, es el mejor ejemplo de que no se trata de una medida teórica cuando se atraviesan períodos malos: gracias a ella, el gobierno de Sebastián Piñera ha podido echar mano a los estabilizadores automáticos del presupuesto –no recortar el gasto cuando caen los ingresos fiscales por una baja de la economía–, y una expansión de la política monetaria, dijo el lunes 22 Mario Marcel, presidente del Banco Central, en una entrevista en El País de Madrid. 

Cuanto más en orden esté la casa, hay más posibilidades reales de hacer frente a eventos extremadamente negativos, como la pandemia, además de ser una condición sine qua non para el desarrollo humano.  

En ese sentido, el gobierno de Luis Lacalle Pou impulsa reformas en la buena dirección, a favor del mercado, de la inversión y de las exportaciones. En ese marco, este año enfrenta dos grandes desafíos, de diferente envergadura, pero que al final deberían reflejar la importancia del manejo macroeconómico responsable.

El primero, una nueva ronda de los Consejos de Salarios, en julio próximo, de cuyo resultado dependerá que se pueda cumplir con la meta inflacionaria. Una recuperación salarial que no refleje la realidad de las empresas, no solo dejará al desnudo inconsistencias macroeconómicas, sino que aumentará todavía más los costos laborales, perjudicará los precios de la producción y tendrá todo el potencial de acentuar la pérdida de una ya débil competitividad.

El segundo, es la reforma de la seguridad social que se analizará a partir de un  informe de una comisión de expertos. Sin una adecuación de los regímenes jubilatorios a los cambios demográficos, laborales y tecnológicos, las arcas del Estado seguirán sufriendo una imparable sangría fiscal, además de prolongar  una injusticia intergeneracional a favor de las generaciones mayores de incalculables efectos perniciosos.

De algún modo, el covid-19 dejó más expuesta las vulnerabilidades del país, particularmente en la gestión del Estado y en aspectos macroeconómicos, que terminan siendo fatal en una crisis y que, de no resolverse satisfactoriamente, también perjudicará la fase de recuperación.

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