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Las intendencias tienen la obligación por ley de acudir al juzgado de turno para solicitar "la inmediata detención de las obras y la demolición de las existentes" al constatar que se está formando un asentamiento.

Nacional > RENDICIÓN DE CUENTAS

El mensaje del gobierno a las intendencias y la apuesta por prevenir nuevos asentamientos

Si se aprobara el artículo, bastaría con que las intendencias presenten la denuncia ante la Justicia para que el gobierno considere que no incumplieron con su rol de policía territorial

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08 de julio de 2021 a las 05:03

Las viviendas precarias comienzan a formarse en un terreno privado. Al constatarlo, las intendencias tienen la obligación de acudir al juzgado de turno para solicitar "la inmediata detención de las obras y la demolición de las existentes". Enterado del caso, el juez debe dar la orden de que paren. Si a los cinco días corridos no se acata el mandato, el magistrado habilitará el ingreso al predio para desmantelar el asentamiento. 

Así, paso a paso, lo especifica la ley vigente. Si las disposiciones del papel se replicaran en la realidad, la cantidad de asentamientos en el país debería descender, entre la contención y las políticas públicas en paralelo. A lo sumo deberían quedar congelados en tanto se regularizan los territorios o se concretan los realojos.

Pero la realidad es más compleja que el papel y, a entender del gobierno, eso se materializa en la cantidad creciente de asentamientos irregulares desde el 2011. Por eso el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) redactó un artículo con vistas a a la Rendición de Cuentas para marcar la cancha a los gobiernos departamentales y frenar la expansión de los cantegriles

El Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) dieron su visto bueno e incorporaron el concepto a la norma. El texto redactado faculta al gobierno nacional a "resarcirse de los costos" de desalojos y realojos de asentamientos irregulares al constatar la "omisión de acciones o el no ejercicio del cometido de policía edilicia" de parte de las intendencias. 

Esa compensación se daría a través de descuentos a las partidas transferidas a los gobiernos departamentales mediante el artículo 214 de la Constitución —el ingreso más fuerte que perciben las intendencias desde el gobierno nacional—. Esto se da en el entendido de que, si bien las intendencias brindan la tierra para los realojos, termina siendo la Administración Central quien afronta el grueso de los costos,

El malestar municipal no distinguió entre partidos políticos, y los jefes comunales salieron al cruce de la medida por meterse con recursos consagrados por la Carta Magna.

El artículo es una de las dos apuestas bajo la manga del MVOT de cara a eventuales asentamientos. Los recientes anuncios de un fideicomiso que se nutre con fondos del Instituto Nacional de Colonización —también en debate de la Rendición de Cuentas—, así como el programa Entre Todos para focalizar recursos por cada barrio, responden, en cambio, a sostener la situación ya existente

Los principales referentes del Congreso de Intendentes ya se pronunciaron en contra del artículo 207 de la Rendición de Cuentas

"En promedio, cada regularización lleva entre US$3 millones y US$4 millones. Estamos hablando de que para solucionar la problemática de los asentamientos existentes —no hablamos ya de su prevención— se necesita una inversión superior a los US$ 2.000 millones. Eso supera la posibilidad de cualquier gobierno", había dicho el subsecretario Tabaré Hackenbruch (batllista) a El Observador. Hasta ahora se calcula que con el nuevo fideicomiso se lograrán recaudar en el entorno de US$ 100 millones en el período.

El artículo 207 de la Rendición de Cuentas es una de las medidas para prevenir eventuales ocupaciones, al tiempo que las anteriores intentan atender la cifra millonaria que conllevan los ya existentes. Fuentes de la cartera explicaron a El Observador que bastaría con que las intendencias presenten la denuncia ante la Justicia para que el gobierno considere que no incumplieron con su rol de policía territorial, algo que se da "en los hechos" al día de hoy.

Uno de los antecedentes más recientes se basó en la denuncia del concejal nacionalista Vicente Amicone , quien señaló al alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe y al senador Óscar Andrade —ambos comunistas— por alentar ocupaciones en el balneario San Luis en base a afinidad política, según informó El País.

El Concejo Municipal —también con apoyo del Frente Amplio— había aprobado crear una comisión investigadora, pero Jurídica de la Intendencia de Canelones determinó que un alcalde solo puede ser investigado por la Junta Departamental. La iniciativa nunca llegó a concretarse y el alcalde dijo al matutino en febrero que las acusaciones eran una "falacia". 

La otra apuesta de la cartera que encabeza la cabildante Irene Moreira refiere a ajustes a la Ley de Ordenamiento Territorial, vigente desde 2008. El MVOT pretende introducir cambios que flexibilicen los requisitos para instalar viviendas en territorio y así reducir el valor del metro cuadrado.

Asentamiento Las Láminas en Bella Unión.

Desde esa secretaría de Estado consideran que la norma influyó en dar inicio a una tendencia creciente en la conformación de asentamientos —luego de que el primer gobierno de Tabaré Vázquez lograra llevar la cifra total por debajo de los 600—, al fijar requisitos que acabaron por encarecer la tierra.  

El Congreso de Intendentes abordará el tema este jueves, con sus principales referentes —Carmelo Vidalín y Andrés Lima— ya habiéndose pronunciado en contra. 

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