El país donde manda el horror
La cruzada contra el tráfico y el consumo de drogas lleva unos 6.500 muertos y activó todo tipo de crímenes y arbitrariedades
11 de marzo de 2017 5:00 hs
D.BEREHULAK NYTNS
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Cerca de donde asesinaron a Tigas encontré muerto a Michael Araja, frente a un "sari sari", como los filipinos llaman a las tiendas que venden artículos básicos en los barrios bajos.
Los vecinos me dijeron que Araja, de 29 años, había ido a comprar cigarros y una bebida para su esposa, y fue acribillado por dos hombres a bordo de una motocicleta, táctica tan común que se hizo acreedora de su propio apodo: viajar en tándem.
En Riverside, otro vecindario periférico, una ensangrentada muñeca Barbie yacía junto al cuerpo de una joven de 17 años que había sido asesinada junto con su novio de 21 años.
"Nos están masacrando como animales", dijo un testigo que tuvo miedo a dar su nombre.
Trabajé en 60 países, cubrí las alternativas de la guerra en Irak y Afganistán, y pasé gran parte de 2014 en la zona de ébola de África Occidental, un sitio dominado por miedo y muerte.
Crueldad sin límites
Lo que viví en Filipinas se sintió como un nuevo nivel de crueldad: oficiales de policía que disparan a cualquier sospechoso de vender o incluso consumir drogas, o vigilantes que se toman muy en serio el llamado de Duterte de "matarlos a todos".En octubre dijo: "Pueden esperar 20 mil o 30 mil más".
Aparte de los muertos en operaciones del gobierno contra las drogas, la policía filipina contó más de 3.500 homicidios sin resolver desde el 1° de julio, lo que convirtió a gran parte del país en un macabro velatorio.
Algunos cuerpos fueron encontrados en las calles con la cabeza recubierta por cinta adhesiva. Otros fueron abandonados con crudos letreros de cartón que etiquetaban a las víctimas como narcotraficantes o adictos.
Más de 35.600 personas fueron arrestadas en operaciones antidrogas que el gobierno denomina Proyecto Tokhang. El nombre deriva de una frase que significa "golpear y defender" en cebuano, la lengua materna de Duterte.
Modus operandi
En vecindarios afluentes de comunidades y propiedades cercadas, algunas veces hay un toque de puerta educado, con un oficial de policía que entrega un panfleto y detalla las repercusiones del consumo de drogas a quien lo atienda.En los distritos más pobres, la policía intercepta a adultos y adolescentes en las calles, verifica sus antecedentes, hace arrestos y a veces dispara a matar.
Las fuerzas gubernamentales visitaron puerta a puerta más de 3,57 millones de casas, según la policía. Más de 727.600 drogadictos y 56.500 vendedores decidieron entregarse hasta el momento, afirma la policía, situación que atesta las cárceles.
En la cárcel de Ciudad Quezón los reclusos se turnan para dormir en los espacios disponibles, incluyendo una cancha de básquetbol.
Mis noches en Manila empezaban en la oficina de prensa del distrito policial, donde me uní a un grupo de periodistas locales que esperaban enterarse de los últimos asesinatos.
Salíamos en caravana, como tren sobre rieles, con las luces intermitentes destellando conforme acelerábamos para pasarnos semáforos en rojo.
Llevé un diario y grabaciones de audio de estas operaciones nocturnas, trabajando junto con Rica Concepción, un reportero filipino con 30 años de experiencia.
Nos unimos a la policía en numerosas operaciones encubiertas. También fuimos por cuenta propia al lugar había muerto gente o donde la habían encontrado.
Los familiares y vecinos con los que hablamos en esos lugares a menudo narraban una historia distinta a la registrada en las declaraciones policiales oficiales.
"Nanlaban". Así es como la policía llama a un caso cuando un sospechoso se resiste al arresto y termina muerto. Significa "la peleó". Eso fue lo que dijeron sobre Florjohn Cruz, de 34 años, cuyo cuerpo era llevado por una empresa funeraria cuando una noche llegué a su casa en Caloocan, otro vecindario pobre.
Mientras limpiaban la sangre de Cruz del piso cerca del altar de la familia, su sobrina dijo que encontraron un letrero de cartón que decía "Vendedor Adik Wag Tularan" ("No sean vendedores y adictos como él").
El informe de la policía decía: "El sospechoso Cruz corrió hacia dentro de su casa y después sacó un arma de fuego y disparó sucesivamente contra los oficiales, ocasionando que devolvieran los disparos para evitar y repeler la agresión ilegal de Cruz".
Su esposa, Rita, dijo entre llantos de dolor que Cruz estaba en la sala arreglando un radio transistor para su mamá de 71 años cuando hombres armados entraron a empujones y lo mataron. La familia dijo que Cruz no era un narcotraficante, que solo consumía "shabu", como llaman los filipinos a la metanfetamina.
Se había entregado meses antes, en respuesta al llamado de Duterte, para ingresar al que se suponía iba a ser un programa de tratamiento contra drogas. La policía fue a buscarlo de todas formas.
La misma noche en que fue asesinado, una hora y media después encontramos a pocas calles otra casa en la que habían matado a un hombre. Esa noche también llovía.
Escuchamos los gritos desgarradores de Nellie, la nueva viuda, antes de verla apretujada sobre el cuerpo de su esposo, Crisostomo Díaz, que tenía 51 años.
Díaz creció en el vecindario y trabajaba de forma intermitente haciendo cosas raras. Su esposa dijo que consumía, pero no era vendedor, y que se entregó luego de la elección de Duterte.
Pena de muerte
La campaña del presidente filipino Rodrigo Duterte por el restablecimiento de la pena de muerte salvó recientemente un obstáculo en el Congreso, donde el proyecto de ley –considerado "inhumano" por la oposición– recibió respaldo.El texto contempla bajar a los nueve años la edad de imputabilidad penal y es uno de los pilares de la guerra emprendida por el presidente contra la droga que ya dejó más de 6.500 muertos.
Una mayoría de los diputados de la cámara baja votó a favor del texto en segunda lectura. No se debatirá más y su aprobación es una mera formalidad.
El Senado, dominado por partidarios de Duterte, adoptará un texto similar. "Hemos superado la principal dificultad", declaró a AFP el diputado Reynaldo Umali, defensor del restablecimiento de la pena capital 11 años después de su abolición.
La oposición puso el grito en el cielo por considerar que puede desembocar en la ejecución de inocentes, entre otros factores debido a la corrupción del sistema judicial.
"Esta decisión es inhumana, vergonzosa y burdamente irrespetuosa", afirmó el sacerdote Jerome Secillano, secretario de relaciones públicas de la conferencia episcopal católica, en un comunicado.