El papel de la Justicia

El soborno y el robo son dos conductas deleznables de la actividad de los políticos en el ejercicio del gobierno, que representan graves dolencias que debilitan a una democracia. Para ello no hay mejor antídoto que una investigación independiente y profunda de la Justicia y, lo que no es menor, que los casos probados no queden sin castigo.

Jueces y fiscales de Argentina, Brasil y Perú están dando claras señales a la sociedad de que están dispuestos a llegar hasta el fondo en las investigaciones de graves casos de corrupción que involucra a ex jefes de Estado, de no quitar la venda a la Dama de la Justicia y mantener firme la balanza a la hora de indagar a los poderosos, un término que involucra a gobernantes y exgobernantes, pero también a los empresarios que consiguen jugosos contratos de obra pública mediante el pago de coimas.

Era necesario que la Justicia se pusiera de pie para apuntalar una democracia con síntomas de enfermedad cuando los ciudadanos están hartos de la impunidad en la política.

En Argentina, Claudio Bonadio, juez federal desde hace más de 20 años, lidera una investigación que provocó desde el 2 de agosto en los tribunales un desfile de más de 30 imputados. Por esta megacausa, hay empresarios y políticos presos. Ahora el juez quiere allanar los domicilios de Kirchner, hoy senadora de la oposición que se ampara en sus fueros. La expresidenta, que ha sido llamada varias veces ante los tribunales, es investigada por presunto enriquecimiento ilícito, imputada en una causa de sobornos, acusada de traición a la patria y mal desempeño de funcionaria pública.

En Brasil, por el caso Lava Jato, está bajo arresto el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva -que tiene varios procesos judiciales por corrupción- y algunos de sus colaboradores; el último que está en la órbita judicial es el exministro de Hacienda brasileño Guido Mantega (2006-2014) por presunta corrupción y lavado de dinero. También están en la mira de la Justicia, ministros del gobierno de Michel Temer; ex candidatos presidenciales de la oposición y congresistas de varios partidos políticos.

En Perú, el expresidente Ollanta Humala (2011 y 2016) y su esposa, Nadine Heredia, cumplen una medida de 18 meses de prisión preventiva por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Está firme una orden de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido un soborno de US$20 millones de la constructora brasileña, un escándalo de corrupción por el que renunció el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.