El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció ayer un proyecto de reforma tributaria que impondría un impuesto a la riqueza a personas con un patrimonio mayor a los cinco millones de dólares y elevaría las regalías a la actividad minera.
El producido por esta nueva legislación impositiva estará destinado a proyectos sociales en las áreas de salud, vivienda, educación y pensiones, como concreción de su promesa de “proyección social” durante la campaña electoral.
Con respecto al impuesto a las mineras, estaría dirigido a gravar a aquellas empresas que produzcan más de cincuenta mil toneladas anuales de cobre, lo que ha causado el rechazo de la oposición de derecha que el proyecto puede afectar seriamente a la economía que transita este año una inflación prevista del 11.5 % de crecimiento interanual.
Boric aseguró que el proyecto trasciende a un gobierno de turno y busca avanzar hacia una mayor equidad, mayor igualdad y cohesión social.
Se estima que con este proyecto de ley solamente un 3 % de la población se verá obligada a pagarlo. Se apunta a equilibrar una realidad donde la recaudación impositiva representó solo un 29,3 % del PBI, cifra que está por debajo del promedio regional que alcanza a un 33,5 %.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, que fue quien presentó la propuesta, afirmó que las nuevas medidas buscan aumentar la recaudación fiscal en Chile para aproximarla al promedio de los países del área de la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE).
A pesar de que Chile es uno de los países con mayor renta per cápita de América Latina, también se lo considera como uno de los más desiguales y con peor distribución del ingreso, por lo que la reforma propuesta por el gobierno buscaría no sólo aumentar la recaudación sino tener una distribución más equitativa del ingreso.
Para el diputado socialista Jaime Naranjo, “la reforma propuesta es bastante realista, flexible y apunta a afectar a aquellas personas que tienen más recursos o que tienen la pésima práctica de la evasión”.
Boric asumió el gobierno con un alto índice de popularidad de más del cincuenta por ciento, pero actualmente su popularidad ha decaído y se espera que con este proyecto y los cambios progresistas que se producirían con la nueva Constitución chilena pueda recuperar la iniciativa y proyectar la influencia de la izquierda hacia el resto de la región.
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