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El salario de los públicos: tires y aflojes para el último escollo del Presupuesto de la coalición
“Son tres palabras. Ponemos tres palabras y lo cerramos. Firmamos el convenio colectivo y logramos paz sindical por 5 años en el tema salarial. Ni el Frente Amplio lo consiguió”. Así definió un senador de la coalición a las negociaciones por el artículo 4 del proyecto de ley de Presupuesto, el único que no se logró acordar en comisión.
Ese artículo es el que refiere a los salarios de los funcionarios públicos y establece una pérdida de salario real para 2021 que, según dice el texto, se recupera antes de enero de 2024. Eso está escrito en el proyecto de ley de Presupuesto. El problema es saber cómo se recupera y en qué fechas. Esas son las palabras que todavía no se pusieron en negro sobre blanco y que trancan el acuerdo.
En el equipo económico aseguran que la incertidumbre sobre la marcha de la economía es tal que no quieren establecer un cronograma exacto para el pago de ese salario que perderán los funcionarios en 2021, según explicaron fuentes parlamentarias. Pero, por otro lado, sin ese cronograma los trabajadores no firman el convenio colectivo.
En comisión, los legisladores del oficialismo votaron el mismo artículo aprobado por la Cámara de Diputados pero a sabiendas de que la negociación continuará hasta el mismo momento que se vote en plenario del Senado. El Presupuesto debe quedar aprobado en la cámara alta antes de la medianoche del viernes 4 de diciembre.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) ya aceptó perder salario en 2021 –que se estima en un 7%- pero quiere que quede claro cuándo lo van a recuperar y de dónde van a salir los recursos, según dijo a El Observador el secretario general del sindicato, José Lorenzo López.
“Que nos digan que va a ser el 30% en 2022, el 30% en 2023 y el 40% en 2024. O como sea pero que quede negro sobre blanco”, aseguró. Los trabajadores están dispuestos a que esos detalles queden definidos en el convenio colectivo y no en el proyecto de Presupuesto. Sin embargo, la ley que está a estudio del Senado debe determinar de dónde van a salir los recursos.
Ese es el último escollo que tiene la coalición para cerrar la votación del proyecto de Presupuesto en la Cámara de Senadores. La bancada oficialista realizó una conferencia de prensa este miércoles para anunciar los acuerdos en todos los otros puntos, aunque este todavía no se pudo cerrar.
Licencias médicas
Otro de los temas que requirió de negociaciones hasta el último minuto con el Poder Ejecutivo fue el de las certificaciones médicas para los funcionarios públicos. Pero finalmente hubo acuerdo para avanzar en dos sentidos. Por un lado, se crea una comisión para trabajar el tema en mayor profundidad, y por otro se establecen nuevas pautas que empezarán a regir en 90 días.
El sistema votado en comisión del Senado es similar al aprobado por Diputados, pero con algunos cambios en los plazos. Los primeros tres días de estar certificado por enfermedad no se cobra nada y a partir de la cuarta jornada se percibe un 75% del salario. Sin embargo, los funcionarios públicos podrán acumular hasta 15 días de licencia por enfermedad (con el 100% del salario). A partir de 2021 todos tendrán 5 días y cada año generarán tres más. Lo máximo que podrán acumular es hasta 15 días de licencia por enfermedad.
En caso de hospitalización se cobrará el 100% del salario y también si existe internación domiciliaria –hasta siete días- recomendada por el médico.
Además, a partir del 1° de enero todos los certificados tienen que ser del médico del organismo en el que trabajan o del prestador de salud al que pertenecen. “Se acabó eso de que tengo un médico amigo que me certifica”, explicó a El Observador el senador Jorge Gandini.
El Banco de Previsión Social, en tanto, creará un sistema para poder cargar todas las certificaciones y que permita cruzar datos para saber si un trabajador está certificado en su trabajo público y yendo a trabajar en el privado. Al mismo tiempo, se le pide a todos los organismos públicos que remitan en 90 días toda la información posible con fines estadísticos sobre licencias médicas en los últimos cinco años.
“Con esto tendremos mayor información para atacar el problema. Vamos a ver si los viernes hay más certificaciones que los jueves, por ejemplo. También se dan ciertas señales”, explicó Gandini.
La comisión, por su parte, tendrá 60 días para expedirse en un nuevo régimen que abarque a todo el Estado. Lo votado en comisión no regirá para servicios descentralizados y entes autónomos porque para eso se precisan tres quintos de los votos en el plenario y el Frente Amplio no acompañó la votación.
Esa comisión será presidida por la Oficina Nacional de Servicio Civil y la integrará el BPS, COFE, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio de Trabajo, el Banco de Seguros del Estado y un representante del sector médico. En 60 días deberá redactar un proyecto de ley.
Aumento en las Fuerzas Armadas
El oficialismo en el Senado también acordó en las últimas horas el aumento de salario para los escalafones superiores de la tropa –sargento primero y suboficial mayor- y para los primeros cuatro grados de la oficialidad –de alférez a capitán-. El resto de los soldados ya tenía aumentos asignados en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Los aumentos van desde $ 160 por mes para los grados más bajos hasta los $ 1.500, según explicó a El Observador el senador Guido Manini Ríos. El costo total de este aumento es de casi $ 400 millones.
Ese dinero saldrá de los recursos previstos para el pago de sentencias de los funcionarios judiciales debido a las que, según detectaron los senadores, está financiado dos veces un mismo cargo. Es decir, hay funcionarios que presentaron demandas en el entendido que les correspondía un determinado ascenso y la Justicia le dio la razón. Los recursos del Poder Judicial prevén pagar el cargo inicial y las sentencias el nuevo cargo, por lo que de ese tipo de situaciones saldrán los recursos.
Otros acuerdos
Los legisladores también acordaron hacer una serie de reasignaciones hacia la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Secretaría Nacional del Deporte y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), entre otros.
