El Tribunal Constitucional de España bloqueó la reforma judicial que impulsa el gobierno socialista

En lo inmediato, la decisión, que según el gobierno “no tiene precedentes” y abre “una crisis institucional”, paraliza el debate de varias resoluciones ya aprobadas la semana pasada por los diputados, entre ellas una extensa reforma del Código Penal, además de la renovación de cuatro de los doce integrantes del tribunal, cuyos mandatos expiraron en junio pasado.

El tribunal argumentó que varias disposiciones, incluidas en forma de enmiendas en la reforma del Código Penal, no tenían relación con el texto en su conjunto y que la cuestión planteada en el recurso es relevante. Por su parte, el gobierno acusó a la mayoría conservadora del tribunal de bloquear la renovación para impedir que se forme una mayoría progresista.

"Por primera vez se impide a los representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, que realicen su función de representación de esa voluntad popular de debate en el Parlamento y de legislación", afirmó Sánchez, quien calificó la decisión del Tribunal Constitucional como “un hecho grave”.

"Son hechos que no tienen precedentes en la historia democrática de nuestro país", agregó el mandatario socialista en referencia al periodo iniciado luego de finalizada la dictadura de Francisco Franco en 1975. "Tampoco tiene precedentes de ningún país del espacio institucional europeo", añadió Sánchez.

Desde la oposición de derecha consideran que el mandatario pretende controlar la institución imponiendo a jueces que apoyen sus políticas. "Todos sabemos que lo que está detrás de esas enmiendas", criticó la número dos del PP, Cuca Gamarra. "Es la clara intención por parte del presidente de, por la puerta de atrás, y al margen del procedimiento, cambiar las reglas del juego para adaptarlas a lo que él le conviene", dijo Gamarra.

Según los analistas locales, la reforma del Código Penal, que incluye medidas destinadas a satisfacer a los aliados catalanes del oficialismo, podrá votarse el jueves en el Senado, pero sin las enmiendas suspendidas por el Tribunal Constitucional.

El punto álgido de la crisis llega tras cuatro años de intensas disputas ente gobierno y la oposición sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), renovación que debería haberse concretado en 2018 y que mantiene paralizado al órgano encargado de designar a los jueces, entre ellos la mayor parte de los que integran el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

La disputa está centrada también en las designaciones de 12 de los 20 integrantes del CGPJ, cuyos miembros deben ser nombrados por una mayoría cualificada de tres quintas partes de las dos Cámaras del Parlamento. Situación de bloqueo total que complica el funcionamiento de Poder Judicial y ha provocado varios llamados de atención por parte de la Comisión Europea, un infructuoso viaje a Madrid del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y la renuncia en octubre del propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

Si bien Sánchez dijo que respetará la decisión del Tribunal Constitucional, advirtió que su "gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo”. Por su parte, sus aliados de Podemos calificaron como de "gravedad extrema" la decisión judicial; al tiempo que uno de sus principales referentes, Pablo Echenique, afirmó que “un poder judicial sin legitimidad democrática ha dado un golpe al poder legislativo".