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Cobrarán por bolsas pero Estado no tiene cómo controlar qué se hará con la plata
El titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, reconoció a El Observador que "no hay manera de reclamar legalmente" el dinero que los comerciantes cobrarán por las bolsas de plástico, y agregó que si este "problema de la ley" no es modificado antes del 1° de julio, fecha en que los comercios empezarán a ser controlados, el aporte de los vendedores tendrá que ser "voluntario".
A partir de este lunes, las bolsas de plástico empezarán a ser cobradas en la mayoría de los supermercados, almacenes y estaciones de servicio del país, según un acuerdo alcanzado entre el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) y la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU).
El precio mínimo de estas bolsas será de $ 4, y la Ley de Uso Sustentable de Bolsas Plásticas establece que los comerciantes deberán destinar lo recaudado a financiar "campañas de difusión y concientización a la población sobre el uso responsable y racional de bolsas plásticas y su impacto en el cuidado del ambiente".
Por otra parte, Nario aclaró que este escenario fue contemplado por la Dinama cuando el proyecto de ley estaba siendo discutido en el Parlamento. En ese momento, la Dinama propuso que se creara un Impuesto Específico Interno (IMESI) para asegurar que lo recaudado por los comerciantes pudiera ser destinado a financiar las campañas de concientización. Esta propuesta, no obstante, fue desestimada por los legisladores que trabajaron en los ajustes finales de la norma, aseguró el jerarca.
En este escenario, las más beneficiadas son las grandes superficientes: por el volumen de bolsas que necesitan, pueden acceder a ellas a menor valor, pero recaudan más que los grandes comerciantes, porque venden más bolsas al mismo precio que los minoristas.
Nario dijo que la Dinama está viendo cómo asegurar la recaudación y que está "coordinando con las intendencias, principalmente las de Montevideo y Canelones", cómo van a ser los operativos de control del cumplimiento de la normativa, a partir del 1° de julio. La dirección dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente dispone de un cuerpo inspectivo de 20 personas para todo el país.
