La Corte Suprema determinó este martes "no punible ni judicializable la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación"
La Corte Suprema de Argentina determinó este martes "no punible ni judicializable la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación". De esta forma el máximo órgano judicial argentino sentó jurisprudencia al aprobar una sentencia que despenaliza el aborto en esos casos.
A esta determinación se llegó luego de que se denunciara el embarazo de una menor por parte de su padrastro. En Argentina la ley indica que el aborto es un delito salvo en casos donde haya peligro para la vida o la salud de la madre o cuando se haya violado o atentado contra el pudor de “una mujer idiota o demente”, informó El País de Madrid.
El caso ocurrió en 2011. En marzo de ese año, una niña de 15 años que quedó embarazada por su padrastro, un policía de la provincia de Chubut que la violaba desde que tenía 11, fue autorizada a abortar por parte del Tribunal Supremo de dicha provincia.
Según el Código Penal argentino, se establece el aborto no sería un acto digno de castigo “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.
Pese a que la joven no era ni idiota y demente, por lo que estaba condenada a parir, el Tribunal Supremo de Chubut falló a favor de la legalidad del aborto, el cual ya fue realizado.
Y este martes la Corte Suprema ratificó la determinación del tribunal de Chubut. En su fallo, el máximo organismo judicial argentino resaltó que la Constitución y los tratados de derechos humanos no prohíben los abortos en estos casos y, por el contrario, impiden castigarlos.
Con ello, apuntaron a ponerle fin al debate sobre si ello alcanza a todas las víctimas de violación o solo a aquellas que posean alguna discapacidad mental, informó Clarín.
Además, la resolución detalla que los médicos no necesitarán una autorización judicial para realizar abortos en estos casos, donde solo solicitarán una declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.
