En la mayoría de los casos de muertos por violencia doméstica se usaron armas de fuego

Según informó El Observador, Bentancur ya había disparado contra su ex suegra, cuando llegó el policía Juan Carlos Oviedo Custodio, quien respondía a un llamado para denunciar un delito de violencia doméstica. El policía forcejó con el agresor, pero éste logró matarlo de un disparo.

Luego de eso, abandonó la vivienda en la moto del policía que acababa de asesinar y se dirigió a la casa de la actual pareja de su ex, le prendió fuego la casa y maquinaria agraria, y fugó a un monte, donde permaneció oculto.

Bentancur, tenía porte de arma legal, lo que quiere decir que había presentado un certificado de aptitud psíquica y física expedido por profesionales médicos y psicólogos o por Instituciones de Salud. También, que pese a tener un antecedente penal por receptación (ser encontrado con objetos robados) la autoridad policial no entendió que aquel antecedente sea un impedimento para estar armado, y que tampoco tenía un historial violento, todos elementos que se tienen en cuenta a la hora de denegar un permiso de tenencia de armas, según dispone el derecho Nº 377/016 que reglamentó la ley Nº 1.927.

El caso ocurrido este miércoles, recuerda al que sucedió en Salto el pasado 8 de marzo, cuando un hombre sobre el que pesaba una orden de restricción ingresó la vivienda de su ex pareja –quien era custodiada por dos Policías- y la mató de un disparo en la cabeza mientras dormía. Uno de los Policías que se encontraba en el lugar se enfrentó al agresor pero también resultó muerto. El agresor fue un ex militar de 61 años había sido definido ante la Policía por su ex pareja como "un adicto a las armas", pese a no tener el permiso para portarlas.

Las armas de fuego también fueron protagonistas en otros casos de no murieron las víctimas, pero sí los victimarios. Por el ejemplo, el seis de marzo, en Maldonado, un hombre disparó dos veces contra su ex pareja -una funcionaria policial-, y después se suicidó. La mujer fue enviada al hospital y sobrevivió.

Este lunes, en Nueva Palmira, una pareja discutía cuando en determinado momento el hombre tomó un arma y disparó contra la mujer. El agresor se retiró del lugar pensando que la había matado y se suicidó. La mujer fue trasladada al hospital y operada, y ahora se recupera.

Según datos del Ministerio del Interior al 35% de las mujeres asesinadas en un caso de violencia doméstica (entre enero y octubre de 2017) les quitaron la vida usando un arma de fuego.

Según la ley sobre violencia a las mujeres basada en género (aprobada el 22 de diciembre de 2017), los jueces especializados de familia pueden incautar las armas de una persona solamente basándose en la denuncia, y quitarles el permiso de tenencia. Si bien podrían intentar adquirir un arma en el mercado informal, se expondría a ser penado por un delito de tráfico interno de armas, por el que podrían ser penados con entre seis meses de prisión y seis años de penitenciaría. A pesar de esto, el subsecretario del Ministerio del Interior Jorge Vázquez, reconoció que hay una gran cantidad de armas en la calle que no están registradas, y dijo que se estima que son más que las que se mueven en el mercado formal. Armas que fueron hurtadas a policías, que ingresaron al país a través de argentina o Brasil, que fueron heredadas, utilizadas para el pago de una deuda, o heredadas y nunca se realizó el trámite de pasaje de propietario, son algunos de estos casos.

Las otras cinco víctimas de las balas

Olga Costa y Fernando Farinha