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En medio de críticas, Salinas convocó de forma “urgente” a la comisión para combatir el contrabando de cigarros
La decisión del gobierno de habilitar la venta de cajas blandas y permitir poner marcas para diferenciar los cigarros recibió una andanada de críticas desde distintos sectores por responder a la solicitud de las tabacaleras, particularmente de la empresa Montepaz, y no haber contado con el asesoramiento de las comisiones específicas del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Desde el oficialismo, con el presidente Luis Lacalle Pou a la cabeza, defendieron el decreto diciendo que no flexibiliza la normativa antitabaco y que únicamente tiene como objetivo disminuir el contrabando.
En ese contexto, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas –a través de la Dirección General de la Salud (Digesa)– convocó de forma “urgente", de acuerdo con el rotulado del mail enviado, para el viernes a las 9 de la mañana a la comisión interinstitucional para la puesta en marcha del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de cigarros, según confirmó El Observador con fuentes del MSP.
Ese protocolo fue uno de los que la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco señaló, en una carta enviada a Salinas, que contravenía la decisión del gobierno de permitir las cajillas blandas.
Si bien lleva la firma del MSP, el decreto fue redactado y emitido por el Ministerio de Industria a partir de los cuestionamientos que venía realizando la empresa Montepaz, lo que provocó –entre otras cosas– que la Comisión para el Control de Tabaco enviara la carta mencionada al ministro en la que directamente pide derogarlo porque considera que eliminar la uniformidad del empaquetado no es una medida para “combatir el comercio ilícito” y permite que los cigarros sean “más atractivos” a través de técnicas de diseño “empleadas por la industria tabacalera”.
La carta, firmada por las doctoras Elba Esteves y Beatriz Goja, agrega que el decreto contraviene el convenio marco de la OMS para el control de tabaco.
La comisión convocada por Salinas para este viernes fue creada en el 2015 y está compuesta por Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Interior; Defensa Nacional; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería, y Educación y Cultura; la Dirección General Impositiva; la Dirección Nacional de Aduanas; el Poder Judicial; y el Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo (CIET) y la Sociedad Uruguaya de Tabacología.
Tal como dice su nombre, el objetivo que tiene es implementar este protocolo, compuesto por 47 artículos, y que fue aprobado por unanimidad por el Parlamento en setiembre de 2014.
El sociólogo Diego Rodríguez, que representa al CIET en la comisión, dijo a El Observador que en la reunión solicitarán implementar dos medidas que forman parte del protocolo: la exigencia de una licencia para quienes venden cigarros y un sistema de trazabilidad en las cajillas.
El licenciamiento se refiere a que los kioskos y comercios que vendan cigarros tengan una habilitación dada por el MSP, en particular por el programa de control del tabaco. “Sería el punto más fácil de implementar porque depende solo del MSP y su voluntad política”, señaló.
En tanto, el sistema de trazabilidad consiste en marcar con un código digital con determinadas características las cajillas de cigarrillos al momento de su embalaje. Ese código debería poderse leer en todas las etapas de comercialización para tener un rastreo del recorrido de cada producto y la información puede ser intercambiada entre los países firmantes del protocolo.
