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El rector Rodrigo Arim ve “llamativo” la falta de incremento presupuestal a la Universidad de la República
La educación es el área para la que el gobierno pidió un mayor incremento presupuestal: 45 millones de dólares, según figura en el proyecto de Rendición de Cuentas. Según está estipulado, se volcaría dinero para la ANEP, para el Ministerio de Educación, para el Ineed, Ceibal y la UTEC.
Pero la iniciativa no prevé ningún aumento para la Universidad de la República.
No solo eso: el proyecto de Rendición incluye la quita gradual del adicional del Fondo de Solidaridad. Son unos 15 millones de dólares que la universidad pública destina a infraestructura y que representa, en el cálculo más conservador, el 15% del presupuesto edilicio (y un 3% del presupuesto total de la Udelar).
Ambas noticias —la quita del adicional sin una contrapartida y la falta de incremento presupuestal en general— cayó como un baldazo de agua fría en la interna universitaria. El rector Rodrigo Arim dijo que “es llamativo que la Udelar sea el único ente educativo que no tiene un incremento permanente”.
En ese sentido, a Arim le pareció “llamativo” que el único artículo de la Rendición que afecta recursos de la Udelar sea para reducir el presupuesto (en referencia al adicional del Fondo de Solidaridad), y que la Universidad “no fue convocada para discutir este asunto”.
Mientras que desde el gobierno justificaron que la Universidad recibirá 7 millones de dólares asociados a la nueva sede académica en Paysandú, el rector manifestó que eso era algo “ya acordado y cuyo aporte es por única vez”.
El pedido
La Universidad de la República, como ente autónomo, tiene la potestad de enviar su propio proyecto de Rendición. En el texto que se envió al Parlamento, la semana pasada, la Udelar solicita un incremento de $ 1.582.681.300 a valores de comienzo de 2022 (35,4 millones de dólares).
Sin ese aumento, justifica el proyecto, estarían en riesgo siete nuevas carreras y la calidad de los servicios. Justo el rector de la Udelar está de visita en el litoral norte, donde se están inaugurando carreras aprobadas con el presupuesto del año pasado: como agronegocios, tecnicatura y licenciatura en Computación y la fortificación de ingeniería forestal.
El Instituto de Economía de la Udelar estima que, sin incremento alguno, el quinquenio acabará con una reducción del 7,6% del presupuesto y la pérdida salarial de sus funcionarios ascenderá al 5,4% para 2024. Pero, además, quedarían más de 600 estudiantes sin becas el próximo año.
¿Alternativa?
Varios legisladores del oficialismo insistieron en que la quita de ingresos de la Udelar debe ser compensada. La Universidad, en su texto de Rendición, sugiere una entrada de dinero alternativo mediante el cobro de una tasa para los productos químicos (desde pinturas hasta medicamentos), porque las intoxicaciones luego penden del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT).
“Esos son dos pesos en el total del presupuesto y no suple la caía”, aclaró el rector Arim, quien explicó que se trata de una iniciativa para sostener el centro de atención a intoxicados dado que todas las llamadas del sistema recaen allí y lo paga la universidad.
El CIAT atiende unas 10.000 consultas anuales por intoxicaciones. El 93% de esas llamadas “llegan directo del sistema de salud, son los propios médicos de servicios públicos y privados que llaman solicitando una información calificada porque están trasladando de urgencia a un paciente intoxicado”, explica la profesora titular de Toxicología, Amalia Laborde.
Hasta ahora el Centro no cobra por consultas ni recibe contrapartida por ser el teléfono de referencia que aparece en las etiquetas de advertencia toxicológica de los productos químicos. Solo cuenta con el ingreso por los informes técnicos que se exige a los agroquímicos habilitados.
Los medicamentos, por ejemplo, se registran en el Ministerio de Salud, pero la información toxicológica no pasa directo al CIAT para que sepa cómo lidiar ante esa sustancia. “Se vuelva la responsabilidad en el CIAT sin que tenga siquiera la información oficial”, se queja Laborde.
Ante esta pérdida de dinero universitario, en un servicio que funciona las 24 horas los 365 días del año, la Udelar propuso que el Centro se financie con el cobro de tasas a todos los productos químicos: las empresas deberán abonar por primera vez una 5 UR (unos $ 6.200) para cada producto y renovarán la etiqueta cada 4 años, abonando la suma de 2.5 UR (unos $ 3.100).
