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Escribanos denuncian "atraso brutal" en trámites de compraventas, hipotecas y permutas
El cierre de la atención al público de las oficinas del Estado, una de las medida tomadas por el gobierno ante el avance de la pandemia por el coronavirus, tuvo entre otras consecuencias "atrasos brutales" en diversos trámites y el "enlentecimiento del dinamismo comercial", según afirmó el presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Diego Stirling.
"Aunque estamos trabajando, trabajamos muy mal, porque todos los trámites son con previa agenda, y lo que antes demoraba 24 o 48 horas, hoy tarda meses o semanas", señaló el profesional en diálogo con El Observador.
Es que el Estado, como fue informado en marzo, ya tenía entonces a tres de cada 10 funcionarios públicos trabajando bajo un régimen de presencialidad pura, y tras las nuevas medidas tomadas el 23 de ese mes el gobierno apostó a intensificar aún más el teletrabajo. La modalidad a distancia estará vigente por lo menos hasta el 16 de mayo, como lo anunció el presidente Luis Lacalle Pou en la última conferencia del 28 de abril.
Stirling dijo que mantiene un diálogo fluido con Daniella Pena, directora general de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, quien "hace hasta lo imposible" para dar solución a los atrasos. Sin embargo, el mayor obstáculo para Stirling es la falta de digitalización. En ese sentido, sostuvo que la mayor parte de los trámites y procesamiento de documentación debe hacerse en forma manual, porque el Estado "no tiene hoy las condiciones dadas" para avanzar hacia la informatización.
"Hay trámites que, si en tiempo normal demoraban un mes o 45 días, hoy demoran hasta cuatro meses", agregó el escribano, y detalló que se refería a casos de "compraventas, hipotecas, permutas y documentos declaratorios", entre varios otros.
Y todo esto tiene entonces por efecto que los negocios transcurran a una "velocidad muchísimo más lenta" que la de la "dinámica comercial". "Ahora resta esperar que todo pueda volver a organizarse (cuando se levanten las medidas), porque son problemas que solo se arreglan con más gente" y la mayoría de los funcionarios públicos están hoy teletrabajando, agregó Stirling.
La restricción de la presencialidad en el Estado también tuvo consecuencias en el sistema de justicia. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) tomó la resolución de extender la feria judicial extraordinaria que rige desde fines de marzo hasta el 14 de mayo, y lo mismo decidió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), aunque en este último caso el plazo se extiende hasta el 16 de mayo.
En el caso de la SCJ, no obstante, en la resolución publicada en la página web del Poder Judicial se especificó algunas actividades judiciales que no serán interrumpidas mientras tanto, para no afectar el servicio de justicia, y que no estaba previsto en la ley que decretó la feria judicial sanitaria por primera vez el 30 de abril de 2020.
Según dijeron fuentes de la SCJ a El Observador, las aclaraciones de las tareas que los juzgados no deberán suspender –y que no implican riesgo sanitario– surgen luego de recoger algunos reclamos de los colegios de abogados de todo el país, que han denunciado la urgencia por reactivar los casos, y así se lo han hecho saber a las autoridades del máximo órgano de la Justicia.
Lo mismo reclamó en Montevideo la Asociación de Abogados Penalistas, que criticó a la Fiscalía General de la Nación por no permitir a los defensores tener acceso a la carpeta investigativa.
En el caso del Poder Judicial, la acordada de la SCJ explicitó que los jueces deberán librar "oficios, exhortos o certificados de resultancias de autos sucesorios cuya expedición se encontrara pendiente" y todos aquellos que puedan emitirse en forma electrónica; se deberán llevar adelante todas las audiencias "que no supongan la presencia de las partes, testigos, peritos o abogados en sede del tribunal"; tampoco podrá suspenderse la actividad administrativa relativa al "movimiento interno" de expedientes y "notificaciones electrónicas" a las partes intervinientes en los distintos procesos así como "la realización de informes por parte de las oficinas actuarias".
La Fiscalía, por su parte, contestó a los penalistas en un comunicado el 9 de abril que el Ministerio Público tenía las oficinas abiertas "en el horario de 11 a 17 horas en Montevideo, y de 12 a 17 horas en el interior del país" y que "todos aquellos equipos fiscales que se encuentren de turno están trabajando de manera presencial como forma de asegurar la persecución penal y el servicio público de administración de justicia". "El resto de los equipos fiscales se encuentran realizando teletrabajo", agregó el texto.
