Experto colorado dijo que nuevo ente portuario propuesto por su partido es "inconstitucional"

La iniciativa, redactada originalmente por el Partido Colorado, fue asumida por el gobierno para salvar los cuestionamientos de esta y otras fuerzas políticas de la coalición ante el acuerdo por la extensión de la concesión de la terminal de contenedores de Montevideo a la multinacional Katoen Natie.  

Pero hasta el momento, lejos de asomar como un salvoconducto que permita sortear las dudas jurídicas sobre ese acuerdo, el proyecto ha generado un frontal rechazo por parte de los invitados que desfilaron por la comisión para dar su punto de vista. 

Fue el caso por ejemplo de Edison González Lapeyre, colorado, expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), catedrático en derecho internacional y experto en temas portuarios, que el jueves 25 de noviembre afirmó ante los legisladores que el proyecto es directamente "inconstitucional e inconveniente".  

Para fundamentar su postura, citó el artículo 86 de la Constitución, que establece que “la creación y supresión de empleos y servicios públicos, la fijación y modificación de dotaciones así como la autorización para los gastos, se hará mediante leyes de presupuesto”.

Sin embargo, González Lapeyre sostuvo que ya en el artículo 1° del proyecto se plantea la creación de una persona jurídica estatal, con naturaleza de servicio descentralizado, lo cual –a su juicio– representa la creación de un servicio público y sus empleos correspondientes. Esa interpretación, según argumentó, queda avalada además en el artículo 7 de la propia iniciativa, que señala que “las normas presupuestales asignarán los créditos correspondientes a los efectos de su debido funcionamiento”. 

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En ese marco, el experto advirtió que el nuevo organismo recién contaría con fondos para funcionar en 2026, al cobrar vigencia la próxima ley presupuestal. “Estaríamos generando un servicio público carente de recursos y sin posibilidad de funcionar”, advirtió. 

Además de señalar un posible “desplazamiento” de la ANP por parte del nuevo organismo y una “reiteración de funciones” con otros entes, González Lapeyre llamó a evaluar el costo de funcionamiento de la nueva unidad y su eficacia desde el punto de vista técnico. 

La Ursep, tal cual está prevista en el proyecto, implicaría la creación de tres cargos de particular confianza en su dirección. “Capaz que lo hago por malicioso, pero sospecho que se ocuparán por cuota política y por personas con dudosa especialización técnica, con toda la burocracia que deberá asistir a esos directores”, dijo el catedrático y expresidente de la ANP. 

Al respecto, relató algunos antecedentes: "hay un ingeniero agrónomo en la Dirección Nacional de Transporte Marítimo y Fluvial" (en referencia al nacionalista Andrés Juri),o "un carnicero en la Comisión Administradora del Río Uruguay", por el colorado Miguel Feris (Ciudadanos). 

“Tengo el derecho a sospechar que, si ese organismo se crea, los tres cargos no van a ser ocupados por gente de gran especialización”, ironizó. 

Un conejo de la galera

González Lapeyre integró el equipo uruguayo que negoció el tratado del Río de la Plata y el Estatuto del Río Uruguay, entre otros aspectos vinculados al ámbito marítimo y fluvial. También fue el presidente de la delegación que negoció la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en 1982.  Fue presidente de la ANP entre mayo de 1998 y enero de 2001. Ha sido además presidente de la Junta Interamericana de Puertos, así como profesor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya de Derecho Internacional Marítimo y Portuario.

En los últimos meses, fue uno de los principales críticos de la legalidad del acuerdo entre el estado uruguayo y Katoen Natie, por el cual se le otorgó a la multinacional la prioridad exclusiva para la operación de la terminal especializada de contenedores hasta el año 2081. 

Ante los legisladores de la comisión, Lapeyre describió al proyecto de ley como la consecuencia de "errores" recientes y sostuvo que “los errores de gestión no se deben resolver con otras leyes", sino que "se deben resolver con una mejora en la gestión”.

En ese sentido, volvió a apuntar contra las decisiones del gobierno en relación al reciente acuerdo con la multinacional Katoen Natie, que motivaron la interpelación del entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, y una denuncia penal por parte del Frente Amplio.

González Lapeyre se concentró en particular en los decretos 114/021 y 115/021, dictados como marco jurídico para dicho contrato, y que el gobierno asegura están "en línea" con la ley de puertos de 1992 y los subsiguientes decretos reglamentarios. 

El primero de ellos fue el que extendió la concesión de la terminal de contenedores capitalina en manos de Terminal Cuenca del Plata (TCP). El segundo aprobó el nuevo reglamento de atraque al Puerto de Montevideo. 

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Juntos, los dos decretos componen un conjunto legal que, según el experto, podría ser objeto de acciones por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), con lo cual todo ese “andamiaje” podría caer. 

Al respecto, las empresas Montecon y Nobleza Naviera, junto al sindicato portuario (Supra), ya presentaron recursos de revocación y promueven una acción de nulidad ante el TCA. 

González Lapeyre, integrante del Partido Colorado, recordó que en su momento le advirtió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que un acuerdo de este tipo debía hacerse por ley. Los colorados, en principio, habían aceptado el planteo pero luego, comentó, “saltó un conejo de la galera”: el proyecto de creación de la Ursep. 

El catedrático se mostró a favor de que el Estado se desprenda del 20% de las acciones que mantiene en TCP. “Nunca debió haber participado”, dijo. “No se puede estar en la misa y la procesión”. 

La postura de González Lapeyre respecto a la creación de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios se suma a la que expusieron ante la comisión delegaciones de Montecon, el Centro de Navegación y el Grupo Supramar, que plantearon su preocupación por las restricciones que plantearía para la operativa de contenedores de otro actor que no sea Katoen Natie, socio mayoritario del Estado en Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Vendrá reacción de Argentina 

González Lapeyre también reparó en el artículo 176 de la Rendición de Cuentas recientemente aprobada por el Parlamento, y que entrará en vigencia el próximo 1° de enero. 

Dicho artículo modificó la ley de Puertos y, en la práctica, estableció el libre suministro de combustibles a los buques que transiten por el río de la Plata. En lo hechos, establece un “régimen de puerto libre” y de “exoneración de tributos a las terminales portuarias y al puerto”. 

“Este artículo es disparatado y viola el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítímo”, advirtió. 

González Lapeyre remarcó que dicho tratado implica sendas jurisdicciones, exclusivas y excluyentes, para Argentina y Uruguay. “Estoy seguro que va a dar lugar a una reacción de parte de Argentina”, dijo. 

El experto insistió en que también en ese asunto se está ante un problema en la gestión. “El problema es la gente que no estudia, que no se asesora y que sale con la guitarra a payar”, concluyó.