Expertos insisten: ley antilavado deja al abogado como delator

A pesar de que el proyecto de ley sobre lavado de activos no menciona específicamente a los abogados como "sujetos obligados" a denunciar operaciones sospechosas de sus clientes ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central –como sí lo hacía el borrador presentado en el Parlamento–, para los expertos en derecho si se convierte en ley deberán hacerlo en la práctica. Y según manifestaron en una mesa redonda organizada por el Colegio de Abogados sobre el secreto profesional y el derecho de defensa, sin la "reserva" no es posible "el ejercicio de los derechos".

"Esa es la gran dimensión que tiene este tema. Si le exigimos al profesional que delate a su cliente, lo que estamos haciendo es negando la esencia de los profesionales. Hay una absoluta contradicción entre un profesional que es obligado a ponerse en la posición de delator y un profesional que auténticamente ayuda a sus clientes", dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, durante su disertación en el evento.

Tanto para Pérez Manrique como para el abogado constitucionalista Martín Risso y el presidente del Colegio de Abogados, César Pérez Novaro, –que también disertaron– el proyecto sobre lavado de activos implica poner al abogado en un rol de delator.

"Tenemos que preguntarnos si esto es necesario para combatir males que no consentimos y nos lleva a la reflexión de que existen otros modelos para poder instrumentar este combate", indicó Pérez Novaro.

El profesional realizó esa apreciación luego de que Risso planteara si era necesaria la ley, que agrega sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas para el combate al lavado de dinero.

En el proyecto, quienes están obligados a presentar lo que se conoce como Reporte de Operación Sospechosa (ROS) son "los casinos, las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, con excepción de los arrendamientos; los escribanos y en general cualquier persona física o jurídica cuando participe en el asesoramiento de ciertas operaciones".

También "las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica; los contadores públicos", entre otros.

No denunciar puede derivar en multas millonarias.

No es la primera vez que el presidente del máximo órgano de la Justicia se manifiesta en contra del proyecto. La semana pasada, en un seminario sobre lavado de activos, Pérez Manrique dijo que el proyecto es prescindible porque el delito de lavado de activos está "contemplado por los delitos de encubrimiento y receptación". Esa postura fue criticada por el secretario nacional antilavado, Carlos Díaz, quien dijo a El Observador que "no corresponde que los jueces discutan la procedencia de las normas sino aplicarlas, porque las leyes las hacen los legisladores, no los jueces".

El martes, durante la mesa redonda, los abogados que escuchaban con atención a Pérez Manrique comenzaron a aplaudirlo con fuerza cuando el presidente de la SCJ respondió a ese comentario: "Hice una apreciación vinculada con el tema, vinculación con el secreto profesional. Sé que la opinión que di en ese seminario motivó que algún funcionario público se enojara conmigo. Ese funcionario público no conoce a los jueces uruguayos".