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FA advirtió que adoptará "las medidas de movilización necesarias" contra la LUC

Este sábado la Mesa Política del Frente Amplio manifestó su rechazo ante el proyecto de ley y lo calificó de "inoportuno, inconstitucional y antidemocrático"

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23 de mayo de 2020 a las 15:25

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) se reunió este sábado 23 para tratar el informe sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) que elaboró su bancada bicameral y el grupo de articulación creado para esto.

Desde el FA se manifestó "absoluto rechazo a la metodología del mecanismo de urgente consideración" y se calificó al proyecto de ley como "inoportuno, inconstitucional y antidemocrático".

La resolución expresa que el FA asumirá "el compromiso de llevar adelante, en forma concertada, con todos aquellos actores y organizaciones sociales dispuestas a enfrentar este proyecto, las medidas de movilización necesarias que en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria, permitan expresar y buscar el rechazo a su aprobación parlamentaria".

La declaración de la Mesa Política expresó su reconocimiento "al aporte de las organizaciones sociales y al trabajo de los legisladores y las legisladoras frenteamplistas" que intentaron modificar el texto original de la LUC y destacó su apoyo a los parlamentarios que "presentaron frontal oposición al uso irracional de la fuerza, la violación de la libertad de reunión y/o asociación, la reglamentación del derecho de huelga, las limitaciones a la libertad de expresión con la prohibición de los piquetes o profundos cambios en aspectos sociales y económicos que liberalizan y desregulan el funcionamiento económico y restringen el gasto público, generando así condiciones para la concentración del poder y la riqueza, atentan contra la inclusión financiera facilitando el lavado de activos y/o ponen el beneficio particular, e incluso la especulación privada, por encima del interés general".

La fuerza política resolvió "reafirmar el compromiso" en "defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras", "la defensa del Estado y sus empresas públicas al servicio de la gente, de la soberanía nacional y del cuidado del ambiente", "entre otros aspectos que son vulnerados en esta propuesta del Gobierno".

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