FA cita como testigos a blancos y colorados para declarar en Fiscalía contra extensión de concesión a Katoen Natie

El Frente pide a la Fiscalía que Juan Curbelo, presidente de la Administración de Puertos (ANP), el entonces ministro de Transporte Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, sean indagados por su responsabilidad en los eventuales perjuicios que generó al interés público su accionar en la extensión por 50 años de la concesión de la terminal especializada en contenedores en el Puerto de Montevideo.

En abril Vincent Vandecauter, gerente general de Katoen Natie, y Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, fueron los primeros en declarar como testigos. También declararon el vicepresidente de ANP, Daniel Loureiro, la vocal por el Frente Amplio del ente, Alejandra Koch, expertos en derecho administrativo y constitucional, y Martín González, gerente general de Montecon.

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El miércoles 8 de junio comenzará una nueva ronda de declaraciones. Para ese día están citados el abogado Gonzalo Lorenzo, la exsecretaria general de ANP Liliana Peirano, y el expresidente de la ANP (de 1998 al 2000) Edison González Lapeyre.

González Lapeyre

González Lapeyre es asesor del Partido Colorado, profesor de Derecho Internacional, experto en Derecho Marítimo, y fue jerarca de ANP durante la última presidencia de Julio María Sanguinetti. En conversación con El Observador, admitió estar sorprendido por la citación como testigo del FA y dijo que desconoce los motivos del llamado, aunque cree que se debe a que es "especialista" en estos temas.

En la citación, a la que accedió El Observador,  se recordó que González Lapeyre participó de la creación de TCP en el año 2000, antes de obtener la concesión de la terminal especializada por 30 años en 2001.

González Lapeyre dijo que el contrato de extensión de la concesión “está plagado de irregularidades" en el plano jurídico, e "incurre en errores relevantes” desde el punto de vista logístico, en una entrevista con Informativo Sarandí de noviembre de 2021.

"¿Qué pasa si dentro de un año y medio o dos el TCA declara la ilegalidad? Sería el caos. Montecon con los obreros que quedaron sin trabajo porque la empresa no puede funcionar si no opera con contenedores, y TCP-Katoen Natie con enormes inversiones realizadas sin tener la certeza de que puede mantener una concesión hasta 2081. Por eso es que yo creo que lo lógico, lo razonable, sería que hubiese algún tipo de negociación", expresó, por otra parte, en declaraciones a La Diaria del 28 de diciembre de 2021.

Gonzalo Lorenzo

Gonzalo Lorenzo es un abogado experto en Derecho Internacional Privado que trabaja como representante legal de Montecon, y es además integrante de la Comisión de Ética del Partido Nacional. Fue citado para testimoniar sobre "la legalidad del acuerdo", y porque "suscribió la acción de nulidad" del contrato ante el TCA en dos ocasiones en 2021, según el documento de Fiscalía.

Montecon presentó la acción de nulidad al TCA con la postura de que el contrato ataca "a la libre competencia, a la ley de puertos, a la propia concesión de TCP, que no implicaba restricciones en otras áreas del puerto, y a la ley de competencia" que tiene al puerto bajo su jurisdicción, resumió Lorenzo a El Observador.

El abogado tampoco conoce los motivos de su llamado a declarar. Negó que tanto él como la empresa tengan un vínculo con el Frente Amplio, y remarcaron que su postura contraria al acuerdo existió desde que fue firmado. "Nuestra posición jurídica es muy anterior a las opiniones políticas que salieron después", afirmó Lorenzo.

Segundo día

El jueves 9 de junio será el turno del exrepresentante de la ANP en TCP de 2010 a 2016 Alejandro Steineck, y de Paul Arrighi, asesor jurídico de TCP y Nelsury, operadora portuaria de Katoen Natie.

Steineck es también exdiputado suplente del frenteamplista José Bayardi y en julio de 2021 dijo que el contrato es un "monopolio ilegal" que fue "diseñado hasta en los más mínimos detalles para favorecer comercialmente a un privado", y que afecta a ANP y UTE, en una columna escrita para La Diaria en julio de 2021.

"Todo este opaco proceso supone una afectación concreta del interés general, del comercio exterior uruguayo, de la competitividad en materia de inserción internacional", afirmó en aquella ocasión.

Arrighi fue citado por la Comisión de Transporte de Senadores en agosto de 2021, y el Frente Amplio lo acusó de no haber declarado sobre una resolución del TCA de 2008 que rechazó un reclamo de preferencia y exclusividad en la terminal especializada por parte de TCP. 

“Uno podrá decir: ‘la empresa defiende sus intereses privados’, pero uno cree que cuando está discutiendo temas de interés nacional hay que actuar con muy buena fe”, criticó el senador frentista Charles Carrera en una conferencia de prensa en la que el partido presentó esa resolución del Tribunal en agosto.

Tercer día

Para el tercer día, jueves 10 de junio, fueron llamados a declarar el exsecretario de Presidencia Miguel Toma, el economista de CPA Ferrere Gabriel Oddone, y el exdirector de la Unidad de Presupuesto Nacional Michael Borchardt.

Toma recomendó al actual gobierno negociar la renovación de la concesión del puerto con ANP y no ir a juicio, como reconocieron el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la interpelación realizada al segundo por el acuerdo en agosto de 2021. 

Según Ferrés, el exsecretario le dijo que "no era prudente" ir a juicio contra la empresa belga, basado en informes del Ministerio de Transporte (MTOP) sobre el tema, y la "evidencia" de "un desajuste y una incorrecta aplicación de la Ley de Puertos", en referencia a la operativa de Montecon.

Oddone, por su parte, fue autor junto a Alfonso Capurro, Juan Pablo Tizón y Sebastián Fleitas del informe “Extensión de la Concesión de TCP: impactos en la eficiencia, precios y competitividad del Puerto de Montevideo", de CPA Ferrere, publicado en abril de 2021. 

Para el trabajo de CPA "la configuración institucional actual resulta inadecuada (para el acuerdo) en la medida que existe un conflicto de intereses entre el rol accionista y el de regulador de ANP. Solucionar ese conflicto implica separar esos roles, algo que podría hacerse eventualmente si la ANP cediera su participación accionaria a otra entidad estatal independiente", detalló el resumen ejecutivo, al que accedió El Observador.

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Borchardt, por su parte, realizó una columna en La Diaria en junio de 2021 en la que dijo que el Estado tenía "fundamentos sólidos para poder defenderse con éxito" ante una demanda de Katoen Natie, amenaza que llevó a la firma de la extensión. "Los US$ 1.500 millones que se anunciaron como eventual demanda no tienen ningún asidero", agregó.

Cuarto día

Finalmente el 20 de junio fueron citados Jorge Polgar, exsubsecretario de Economía y expresidente del Banco Hipotecario (BHU) y el Banco República (BROU) en los gobiernos frenteamplistas, y Alfonso Capurro, también economista de CPA Ferrere.

Polgar realizó, junto al exdirector del programa de Inclusión Financiera en el Ministerio de Economía y Finanzas Martín Vallcorba, un informe de nombre "El acuerdo del gobierno con Katoen Natie no mejorará la eficiencia del puerto y afectará negativamente la competitividad de la economía uruguaya", publicado en mayo de 2021.

"El gobierno, de hecho, ha elegido darle la prioridad y el monopolio a una de las empresas que hoy operan, pero nuestro puerto hoy opera bajo un régimen de libre competencia", se lee en el documento.