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Los 13 senadores del FA se presentaron en Fiscalía

Nacional > Terminal de contenedores

FA habla de un accionar "delictivo" de Heber y otros jerarcas en el acuerdo con Katoen Natie

El FA ratificó ante Fiscalía su denuncia en torno a un acuerdo "infirmable" e "inadmisible". 

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30 de septiembre de 2021 a las 05:03

Abuso de funciones, falsificación ideológica, conjunción de interés personal y público. Estas son algunas de las figuras penales que le podrían caber, a juicio del Frente Amplio, a varios jerarcas del gobierno por firmar el acuerdo que le extendió a Katoen Natie la concesión en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo hasta 2081. 

Los trece senadores de la oposición firmaron la denuncia que fue presentada este miércoles en la sede de la Fiscalía General de la Nación, solicitando que investigue su acusación, que recae en cuatro altos dirigentes vinculados a esa negociación: el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. 

El Frente Amplio presentó al respecto un documento de 58 páginas, que su juicio prueba que se configuraron "hechos de apareciencia delictiva" muy graves en perjuicio del país y de la administración pública a partir de un acuerdo que, para el senador Charles Carrera, es "infirmable" para cualquier persona con conocimientos de Derecho Privado. "Para alguien que tenga que gestionar recursos públicos, es sencillamente inadmisible", sostuvo. 

Este jueves en su cuenta de twitter el presidente Luis Lacalle Pou se hizo cargo de lo actuado. “Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad”, escribió el mandatario.
 

El foco de la oposición está en los prejuicios que, según su visión, tendrá el país, que "asume" compromisos por US$ 2.000 millones en un acuerdo que, a su vez, le otorga a la multinacional de origen belga beneficios por US$ 1.000 millones. 

Fuentes de Fiscalía indicaron que la denuncia, probablemente, será derivada al fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, que también tiene a estudio la acusación que el Frente Amplio presentó contra el exministro y actual diputado Germán Cardoso, por presuntas irregularidades en el Ministerio de Turismo. 

La presentación del documento, en el que la oposición viene trabajando desde que interpeló a Heber en el Senado a fines de agosto, coincide además con un paro de gran magnitud por 72 horas en el puerto, que detuvo la operativa y que ya viene generando serios perjuicios en el comercio exterior. 

Esa medida sindical fue puesta como ejemplo por parte de Carrera sobre los efectos negativos de lo acordado con los belgas, que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo.

En la denuncia, el Frente Amplio hace un racconto del proceso que derivó, el 25 de febrero de este año, en el acuerdo transaccional que tuvo la finalidad de evitar un presunto litigio que Katoen Natie iniciaría al amparo del Tratado de Protección de Inversiones firmado por Uruguay con la Unión Económica Belga Luxemburguesa, que "recién salió a la luz pública" luego de que Heber compareciera por el tema tres meses después, el 23 de abril. 

El eventual juicio sería un diferendo alegado por la empresa en cuanto al tratamiento que estaría recibiendo por parte del Estado, en un reclamo que había sido estimado en febrero del año pasado en US$ 1.500 millones. 

Ese diferendo estaba referido a un proceso de licitación que en 2003 la Administración Nacional de Puertos planteó para dar en concesión una parte de los muelles  para crear una “terminal polivalente" con distintos tipos de carga. Los pliegos en cuestión preveían la instalación de grúas pórtico específicas para la operación de contenedores.

TCP promovió entonces  una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra la resolución que disponía este llamado a licitación, argumentando que en ninguna área fuera de la terminal especializada en contenedores se podían operar contenedores utilizando grúas pórtico.

 El TCA falló en contra de la acción promovida por la empresa, al señalar que la pretensión de ser la única empresa operando contenedores con grúas pórtico en el Puerto de Montevideo le convertiría en un monopolista. lo cual la Constitución sólo permite - según el Tribunal - mediante ley formal aprobada por mayoría especial en el Parlamento.

Para el Frente Amplio la mención de esta cifra "exorbitante" por parte de actores del gobierno nunca tuvo fundamentación ni sustento alguno. En ese sentido se considera "llamativo" que esa comunicación de febrero de 2020 hubiera llegado en ese momento al hoy presidente Lacalle Pou, que ni siquiera había asumido su cargo. 

Al respecto se hace notar que el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, indicó en el Parlamento el 21 de abril que "era prácticamente imposible" ganar un eventual litigio de ese tipo, que se había evitado al, justamente, firmar el acuerdo con Katoen Natie. 

 “Frente a esta situación creíamos –y creemos hasta el día de hoy– que estábamos muy mal parados para enfrentar un juicio y que el camino era acordar. Estoy convencido de ello; es más, hasta ahora ningún jurista me ha dicho lo contrario", fueron las palabras de Heber citadas por la denuncia. 

La oposición entiende que se utilizó una "excusa infundada" para evitar un supuesto juicio millonario contra el Estado y así firmar el acuerdo con Katoen Natie en el que los negociadores, "de manera absurda, inverosímil e inexplicable", le otorgaron a la empresa un monopolio privado sobre el puerto. Algo que representa una violación al numeral 17 del artículo 85 de la Constitución, que implica que una iniciativa de ese tipo requiere mayorías parlamentarias especiales. 

En el proceso, se afirma, también se violó el artículo 51 de la Carta Magna. Allí se indica que, en el caso de las concesiones de servicios públicos, el Estado debe homologar el establecimiento y la vigencia de nuevas tarifas por parte del concesionario. Un aspecto que tampoco se cumple en este caso, al entenderse que la multinacional belga puede actuar a voluntad.  

Según el estudio del FA, el equipo negociador del gobierno violó también por lo menos tres artículos de la ley de Puertos   . El artículo 7, que pone en manos del Estado la definición de la política portuaria y el control de su ejecución, además de tener que velar por el respeto al principio de la libre competencia entre diversos operadores y la libertad de elección de los usuarios para elegir el que consideren mejor para sus intereses.

La tesis del Frente Amplio es que un cambio en las políticas portuarias debe ser establecido también a través de una ley. El foco está puesto además en la ley 17.243, la primera “ley de urgencia” aprobada en el gobierno de Jorge Batlle, que en su artículo 20 establece la posibilidad de que el Estado se asocie con capitales privados para la explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo, pero que limita el plazo a 30 años.  

La denuncia apunta también a la firma de dos decretos,  114/021 y 115/021, vinculados al acuerdo firmado con Katoen Natie. El primero, publicado el 21 de abril, establece un nuevo contrato de gestión de la terminal de contenedores. El segundo, de la misma fecha, incluye el nuevo reglamento de atraques de buques. Allí, cualquier modificación a esos decretos requiere el aval de Katoen Natie, lo que configura una “cesión de soberanía”. 

Lo que “llama la atención”, se apunta en la oposición, es que las oficinas jurídicas del Ministerio de Transporte, según consta en su respuesta en el marco de las actuaciones, hayan afirmado que “no participaron en el asesoramiento para la redacción de los decretos”, por lo que devolvieron el expediente a Presidencia. La respuesta de los servicios jurídicos de Transporte fue confirmada por el director general de la cartera, Carlos Scirgalea. Tampoco lo hicieron, se afirma, los servicios jurídicos de la Administración Nacional de Puertos. 

Así, en la visión del Frente Amplio, que el Consejo de Ministros haya firmado estos dos decretos en esas condiciones “parece a todas luces una decisión administrativa carente de fundamentos técnicos y jurídicos”.

"Resulta difícil de calificar, en cuanto a su grosera y rampante ilegalidad, el hecho de que el gobierno tomó semejante decisión sin asesoramiento jurídico y económico alguno, actuando como 'dueños del Estado'”, se afirma. "Existen razones para creer que los profesionales de esos organismos están convencidos de la flagrante ilegalidad de las decisiones adoptadas, lo cual pone en contexto la decisión de no involucrarlos", señalan.

Hechos consumados

Para el Frente Amplio resulta además necesario aclarar hasta qué punto las autoridades tomaron sus decisiones bajo el patrocinio de abogados contratados por la empresa beneficiaria del acuerdo.

"En un primer momento, las autoridades declararon ante el Parlamento y ante la prensa que la empresa tenía razón en su reclamo y que era necesario modificar el régimen
normativo para adecuarlo a sus pretensiones, ya que así lo indicaban los informes jurídicos (al menos cuatro) que las autoridades tenían en su poder", se subraya.  

 Curiosamente, se apunta, entre los nombres de los abogados invocados se encontraban profesionales que notoriamente habían trabajado o producido informes para la empresa Katoen Natie. Esos informes nunca fueron remitidos al Parlamento. 

La denuncia presentada por la oposición apunta a las "implicancias delictivas" de las acciones en que Heber y Curbelo incurrieron al "usurpar" funciones e incluso, se afirma, antedatando documentos públicos para asegurarse de que los decretos en cuestión se aprobaran antes de la aparición de posibles objeciones y así consolidar un "hecho consumado". 

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