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Los argumentos de la denuncia judicial que el FA prepara por el acuerdo con Katoen Natie
El Frente Amplio se fue con las manos vacías cuando, en la madrugada de este jueves, sus legisladores abandonaban el Senado luego de casi 20 horas de interpelación al ministro Luis Alberto Heber. Habían ido con el objetivo de llegar a una “solución política” y que todos los partidos acordaran pedir la renegociación del contrato que el Estado firmó con Katoen Natie por la extensión de la concesión de la terminal de contenedores hasta 2081.
La oposición propondrá entre lunes y martes en el Senado una moción de censura contra Heber, que abrirá nuevamente la discusión aunque con un resultado ya sabido: habrá respaldo de la coalición de gobierno al ministro.
Pero el Frente Amplio tiene en la mira acciones que exceden lo político. Un equipo de abogados, economistas y expertos en temas portuarios están trabajando en la elaboración de un informe que pedirá a la Justicia investigar todo lo relacionado con la polémica concesión, que tiene a Heber en la mira como uno de los implicados de una conducta que configura, según entienden, abuso de funciones y falsificación ideológica.
Según el planteo, al que accedió El Observador, los negociadores del gobierno que participaron el contrato violaron el artículo 85 de la Constitución. Se señala que a partir del acuerdo se configura un “monopolio de derecho”. El Frente Amplio sostiene que, según el numeral 17 de ese artículo, para construir un monopolio se requeriría una ley que debe además contar con los dos tercios de los votos en el Parlamento.
En el proceso, se afirma, también que se violó el artículo 51 de la Carta Magna. Allí se indica que, en el caso de las concesiones de servicios públicos, el Estado debe homologar el establecimiento y la vigencia de nuevas tarifas por parte del concesionario. Un aspecto que tampoco se cumple en este caso, al entenderse que la multinacional belga puede actuar a voluntad.
Según el estudio del FA, el equipo negociador del gobierno, violó también por lo menos tres artículos de la ley de Puertos (16.246). El artículo 7, que pone en manos del Estado la definición de la política portuaria y el control de su ejecución, además de tener que velar por el respeto al principio de la libre competencia entre diversos operadores y la libertad de elección de los usuarios para elegir el que consideren mejor para sus intereses. La tesis del Frente Amplio es que un cambio en las políticas portuarias debe ser establecido también a través de una ley. El foco está puesto además en la ley 17.243, la primera “ley de urgencia” aprobada en el gobierno de Jorge Batlle, que en su artículo 20 establece la posibilidad de que el Estado se asocie con capitales privados para la explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo, pero que limita el plazo a 30 años.
El Frente Amplio también evalúa incluir en la denuncia lo relacionado a los decretos 114/021 y 115/021, vinculados al acuerdo firmado con Katoen Natie. El primero, publicado el 21 de abril, establece un nuevo contrato de gestión de la terminal de contenedores. El segundo, de la misma fecha, incluye el nuevo reglamento de atraques de buques. La oposición gira en torno a que cualquier modificación a esos decretos requiere el aval de Katoen Natie, lo que configura una “cesión de soberanía”.
Lo que “llama la atención”, se apunta en la oposición, es que las oficinas jurídicas del Ministerio de Transporte, según consta en su respuesta en el marco de las actuaciones, hayan afirmado que “no participaron en el asesoramiento para la redacción de los decretos”, por lo que devolvieron el expediente a Presidencia. La respuesta de los servicios jurídicos de Transporte fue confirmada por el director general de la cartera, Carlos Scirgalea.
Al respecto, el senador Charles Carrera, consideró “grave” que un ministro como Heber “resuelva cuestiones tan importantes para la vida del país sin el debido asesoramiento”.
De las actuaciones, agregó, se desprende asimismo que los servicios jurídicos de la Administración Nacional de Puertos tampoco tuvieron intervención.
Así, en su visión, que el Consejo de Ministros haya firmado estos dos decretos en esas condiciones “parece a todas luces una decisión administrativa carente de fundamentos técnicos y jurídicos”.
La tesis del Frente Amplio, además de señalar a Heber como responsable, apunta al subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola; al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo; y al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.
