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FA propone ley con penas de hasta 10 años de prisión para los jerarcas públicos corruptos
La bancada del Frente Amplio (FA) en el Senado presentó este martes un proyecto de ley que prevé la creación de la figura delictiva de "enriquecimiento ilícito", con multas, inhabilitaciones y penas de prisión para los jerarcas públicos que incurran en esta tipo de corrupción.
Según el texto, al que accedió El Observador, esta nueva tipificación no pretende proteger el patrimonio del Estado sino fortalecer la legalidad y la transparencia en la administración pública. Así, no se estaría sancionando la afectación al patrimonio estatal ni el dominio sobre bienes, efectos o caudales, sino que se condenaría el abuso de poder para enriquecerse.
Si bien se señala que en el derecho uruguayo existen algunas figuras legales vinculadas el proyecto, marca que la falta hasta ahora de la penalización de esta conducta constituye un verdadero vacío en el ordenamiento jurídico nacional.
El artículo 1 abarca a los funcionarios públicos con obligación legal de presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos que, hasta cinco años después de haber cesado en su desempeño, obtenga por sí o a través de interpuesta personal, un incremento personal significativo e injustificado en relación con sus ingresos legítimos. Además, propone castigar a la persona que colabore para disimular ese enriquecimiento.
El proyecto entiende que hubo enriquecimiento ilícito cuando el patrimonio se hubiere incrementado con dinero, bienes muebles o inmuebles u otros valores. También cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que afectaban al implicado.
La Fiscalía será la encargada de intimar al acusado que justifique y pruebe de forma razonable el incremento de su patrimonio. La pena prevista en caso de resultar culpable irá de 18 meses de prisión a seis años de penitenciaria y una multa de entre 50 y 15 mil unidades reajustables (entre $ 75 mil y $ 22 millones a la cotización actual). Asimismo se plantea la inhabilitación especial de cinco a diez años para ocupar cargos públicos. Con la misma pena será castigada la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ilícito.
En el caso de cargos electivos, de particular confianza o designados por venia parlamentaria, la pena será de dos a diez años de penitenciaría y una multa mínima de 300 unidades reajustables ($ 450 mil).
Un ente autárquico
La bancada frenteamplista en el Senado presentó otro proyecto de ley que plantea una “revitalización” de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), su redefinición y profesionalización. La iniciativa –derivada de la negativa del senador nacionalista Juan Sartori de presentar la declaración jurada de su esposa– busca profundizar en el nivel de independencia del organismo, sus potestades y cometidos.
“Consideramos que poder implementar algunos cambios constituye un pilar fundamental para brindar confianza en el sistema democrático”, afirman los legisladores de la oposición. “Es necesario que la ciudadanía entienda que el combate a la corrupción trasciende ideologías políticas y es un asunto central de la gestión gubernamental”. Así, se entiende clave dar un “mensaje claro” en cuanto a que las “conductas alejadas de la probidad y la ética no serán nunca aceptadas como parte de la función pública”.
El Frente Amplio propone una junta con un accionar similar a la Institución de Derechos Humanos y con características de un ente autónomo autárquico, dotándola de independencia total con respecto al Poder Ejecutivo y otorgándole mayores recursos económicos y humanos. El proyecto también plantea que todas las declaraciones juradas de cargos electivos, de particular confianza y designados sean públicas
