Javier Landoni y Celsa Puente presentaron sus descargos en el Parlamento.

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"Fabulación" y "linchamiento": exjerarcas de Secundaria rechazaron validez de investigadora

Celsa Puente y Javier Landoni dijeron haber sufrido graves perjuicios personales a raíz de las denuncias
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31 de mayo de 2022 a las 05:04

La exdirectora del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente, y su entonces compañero en el directorio de ese subsistema, Javier Landoni, cuestionaron duramente la actuación de los diputados oficialistas integrantes de la Comisión Investigadora que indagó sobre las irregularidades denunciadas en torno al otorgamiento de licencias sindicales en el organismo en el pasado gobierno. 

Lo hicieron a través de informes escritos que presentaron este lunes al Parlamento en torno a un tema en el que aparecen involucrados por los legisladores oficialistas y que terminará en el ámbito judicial. 

Los exjerarcas articularon sus defensas por separado y en forma independiente de los seis afiliados a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) también denunciados por la comisión. De todas formas, su defensa fue por la misma línea. 

En su informe de un par de carillas, al que accedió El Observador, Puente dijo haberse sorprendido al enterarse "en horario central de los informativos televisivos" a través de una conferencia de diputados oficialistas de una resolución en la que, sin aprobación de la comisión, se la asoció con presuntos delitos como fraude, falsificación o estafa en torno a las licencias sindicales. Recién dos días después de esa conferencia, afirmó Puente, recibió "vía telefonograma" el texto de la resolución.

Puente explicó que se trata de uno de más de los hechos que tuvo que sufrir en el último año en el que fue "sometida al escarnio público, al prejuzgamiento y a la difamación en una suerte de acechanza cotidiana", por haber sido directora de Secundaria mientras ocurrieron los hechos investigados. "Mi desempeño en el cargo, respaldado por mi trayectoria de dedicación al bien común, en particular a la educación en forma vocacional, es parte indisoluble de mi identidad", afirmó Puente. 

La exdirectora acusó directamente a los legisladores de construir "escenarios ficticios" para endilgarles "responsabilidad" a los exjerarcas, una situación que según dijo la afectó profundamente. "Todo esto ha sido muy doloroso para mí, para mi familia y para mis afectos. He sido expuesta sin miramientos, juzgada sin elementos, calificada y menoscabada en mi imagen pública", apuntó. Puente insistió en haber sido víctima de una "fabulación" que dañó seriamente su vida personal y la dejó en una "situación superlativa de indefensión e injusticia".

Al igual que el escrito presentado por Fenapes, Puente marcó también en sus descargos una objeción a la pertinencia de formar una comisión parlamentaria para investigar aspectos administrativos para lo que existen mecanismos previstos en Secundaria. También reivindicó haber aportado toda la información disponible cuando le tocó concurrir a la investigadora que, remarcó, "no posee potestades para imputar delitos de naturaleza penal a los ciudadanos". 

Al respecto, y tal como lo señalaron los demás acusados, Puente señaló la imposibilidad de articular una defensa ante las acusaciones de la que es objeto, ya que la resolución parlamentaria menciona presuntos delitos sin distinguir en cada caso quiénes serían los responsables. Lo que se expone, dijo, es una "nómina de personas y conjunto de delitos" sin señalar quién es acusado de qué, con lo que a su juicio lejos se está de tener garantizado el debido proceso. 

En tono similar se expresó Landoni, excompañero de Puente en el Consejo de Secundaria. En un documento de 18 páginas, el exjerarca habló del "funesto error" de que la investigadora careciera de la más elemental reserva en su actuación. Algo que derivó para él en una impensada exposición pública y en "serios e irreparables perjuicios" para él y su familia. 

Landoni también apuntó a la difusión "en vivo a los medios en los informativos a las 20 horas" de las actuaciones de la comisión, que a su juicio nunca aplicó el principio de presunción constitucional de inocencia y que, al contrario, lesionó indebidamente su honra, su reputación y su buen nombre ."No observar la reserva en una actuación en la que se indaga responsabilidad de alguien es actuar a sabiendas que se hará trizas el buen nombre del sujeto investigado" al "lincharlo públicamente", expresó. 

En su visión, la actuación de la comisión supone una degradación de una instancia republicana de máxima importancia institucional. En el escrito, que incluye una cantidad de citas constitucionales y legales, Landoni apeló a la dogmática estadounidense: "cuando funcionarios de un talante político activan procedimientos administrativos o parlamentarios de investigación contra funcionarios de otro signo político, cabe mirar a priori con desconfianza todo lo actuado, erigiendo una presunción relativa en orden a que los motivos de la persecución no son legítimos". 

Al igual que Puente, Landoni marcó la falta de jerarquización y vinculación de los cargos formulados por la comisión. El exconsejero se preguntó además por qué, si los diputados oficialistas hace ya un año veían hechos delictivos en la administración de las licencias sindicales, no radicaron de forma inmediata la denuncia judicial correspondiente. Sobre todo, Landoni preguntó por qué decidieron erigirse ellos en instructores de causa penal.

El exjerarca reviste hoy la calidad de funcionario y Secundaria le abrió un sumario para determinar su responsabilidad en ese punto. Puente, en tanto, está jubilada. 

Los informes

La Comisión Investigadora realizó este lunes su penúltima sesión y evaluó los descargos que elevaron los distintos acusados. La semana que viene –y con los votos del oficialismo– se promoverá una resolución para llevar al plenario de la cámara, en la que se oficializarán las acusaciones contra Puente, Ladoni y seis integrantes de Fenapes: José Olivera, Graciela Almeida, Alejandra Vespa, Virginia García Montecoral, Ana Pescetto y Marcel Slamovitz. 

El diputado colorado Gustavo Zubía dijo a El Observador que en el transcurso de las próximas dos semanas la Cámara de Representantes deberá discutir los dos informes que el oficialismo y la oposición presentarán a modo de conclusión de la investigadora. Se descuenta que la coalición de gobierno aprobará por mayoría el que recomendará presentar a Fiscalía toda la documentación existente. 

Zubía defendió el trabajo de la comisión al recordar que el centro de la imputación fueron los certificados irregulares que los dirigentes sindicales presentaron para justificar licencias, bajo el argumento de que estaban amparados en el artículo 70.10 del Estatuto Docente a través de un convenio entre el sindicato y Secundaria que jamás apareció. "Si ese documento aparecía, en treinta segundos la comisión se hacía humo", dijo. 

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