7 de julio 2013 - 20:10hs

Lo peor que puede pasar en estos días en el asentamiento 1º de Mayo es que llegue el cartero. Al funcionario no se le solía ver por esas calles de tierra, pero últimamente es portador de cartas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que nadie quiere recibir.

En ese barrio, ubicado a unas cuadras de San Martín y Capitán Tula, el Plan Juntos, que impulsa personalmente el presidente José Mujica y al que dona parte de su sueldo, ayuda a mejorar las viviendas.

Sin embargo, los núcleos familiares que reciben el apoyo estatal se posicionan en otra situación socioeconómica, lo que les hace perder el beneficio de la tarjeta Mides. Esa ayuda que les permite comprar en almacenes y supermercados es considerada vital para los usuarios.

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Los vecinos están indignados con la situación planteada. Agradecen los aportes para mejorar el techo, cambiar las chapas por los bloques, dejar de tener goteras, o pasar a tener ventanas de aluminio, y por primera vez tener una puerta que cuadre con el marco. Pero el avance de ese aspecto los saca de la pobreza extrema y el Mides, para apoyar a otros que están peor, les retira la tarjeta por la que reciben entre $ 700 y $ 1.700, según la composición familiar y el número de hijos.

“El gobierno está equivocado. Acá todos somos pobres. Pobre no es ser sucio. Acá trabajamos”, dice a El Observador Patricia, una vecina del lugar, de piel curtida, que trabaja en el reciclaje de basura ayudada por su hijo de 20 años. Al lado de su casa, el caballo que tira del carro toma agua de un balde.

Le indica a su hijo que se lo lleve y lo cuide como a su esposa porque los están robando. De ese caballo y del carro viven tres familias, que hacen una olla común para almorzar.

La zona no es segura. Patricia señala hacia camino Domingo Arena, donde hace unos días mataron a una mujer y señala otra casa, pintada de verde, donde afirma que otra mujer fue violada. Los vecinos se organizaron para hacer sereneadas (sic) y de noche se turnan para cuidar el material del Plan Juntos que se almacena en el Centro Comunal.

Todos trabajan

Frente al asentamiento 1º de Mayo, se extiende otro: el 22 de Mayo, que se ve tremendamente pobre. Casas de madera y chapa, cuerdas con ropa tendida, basura en las calles, humo, agua de un color extraño que baja y que, según dicen, termina más abajo en un lago donde pululan las ratas y los lagartos.

Al tomar por avenida San Martín para llegar al barrio donde se construyen las casas del Plan Juntos el paisaje va empeorando. En medio de la pobreza y la indigencia se destacan algunos edificios de instituciones privadas que trabajan en la zona. Antes de llegar al 1º de Mayo se pasa por la policlínica del Padre Cacho, destacan las paredes de ladrillos y el cerco con alambres de púa del nuevo liceo Impulso con una zona en construcción. Al fondo del asentamiento, detrás del lago cubierto de basural, resalta el centro educativo Los Pinos.

El Plan Juntos ayuda a cambiar el asentamiento y los beneficiarios deben aportar su trabajo. Los vecinos recibieron “la bloquera”, una máquina para hacer los bloques con los que construirán las casas. Además doblan los hierros, los cortan y, con la ayuda de dos oficiales de la construcción que aporta el Estado, realizan los encofrados para los techos de material que se levantan si las paredes lo resisten. La otra alternativa es hacer techos de chapa que son más livianos.

Algunas casas se refaccionan y otras se empiezan de cero. “Todos trabajamos en la obra”, asegura Silvia, otra vecina que hace un año le autorizaron la tarjeta del Mides, pero nunca la cobró porque no le avisaron, y ahora se enteró que se la retiraron.

La mayoría de las casas son precarias, incluso con las mejoras. Tienen agua de OSE, la luz la roban y unas pocas tienen televisión por cable que se utiliza con un servicio prepago.

Alison no tiene calefón ni heladera, y también se queja de que le sacaron la tarjeta Mides.

Sandra tiene cocina, que arregló su compañero, y un lavarropas que encontró en la calle y que funciona. Ella tiene un embarazo de riesgo de seis meses y trabaja en una fábrica de alfajores. El Mides le mantuvo la asistencia.

Angie, con su hijo Fabio dando vueltas al costado de la casa, está en pareja, trabaja en la limpieza y cobra $ 8.000 por mes. Se quedó sin tarjeta.

La carta

A fines del año pasado los técnicos del Mides comenzaron a visitar a las familias que reciben la ayuda estatal para redistribuir las tarjetas Uruguay Social y entregarlas a los que más lo necesitan. Incluso se duplicó el número de beneficiarios de 15 mil a 30 mil. Además se duplicó el monto entregado. El ministro Daniel Olesker había dicho a El Observador que sin ese apoyo y la asignación familiar los hogares críticos no podrían superar la línea de la pobreza.

En la carta que recibieron algunos vecinos del Plan Juntos del asentamiento 1º de Mayo, el Ministerio explica que les dejará de cargar dinero porque “se detectaron cambios en la situación socioeconómica” de la familia con respecto al momento en que habían comenzado a recibir el apoyo.

El documento agrega que el beneficio está dirigido a los que viven en pobreza extrema. “Si se constata que el hogar no se encuentra entre los 60 mil en peor situación, se deja de cargar el dinero en la tarjeta para dar oportunidad a otras familias que estén en peores situaciones”, dice la nota del Ministerio de Desarrollo Social.

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