Aparecen brotes verdes en el desierto
El miércoles, cuando el presidente argentino Alberto Fernández anunció un nuevo lockdown en Buenos Aires por el coronavirus, con un toque de queda nocturno fiscalizado por la policía y los militares, grupos opositores golpearon ollas en algunos barrios centrales.
Un día antes las cacerolas de disconformidad se habían oído en algunos barrios de Montevideo, esa vez golpeadas por militantes opositores que reclaman una completa reducción de la movilidad social, cierres de comercios no esenciales y una mayor asistencia económica a los sectores perjudicados. Fue un sonido raleado en Pocitos, y más notorio en el Cordón y en algunos complejos habitacionales del norte de la ciudad, mientras reinó el silencio en el resto del país.
Este tipo de protestas, que han ocurrido en Roma, Nápoles, Berlín, Madrid, San Pablo y otras ciudades del mundo, expresan desdicha y fatiga de coronavirus mezcladas con oportunismo político.
Las cacerolas ya se habían golpeado en Montevideo el 22 de marzo de 2020, tras un llamado de la izquierda y los sindicatos contra el nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou, en reclamo de cuarentena obligatoria y otras medidas; y se habían oído en Pocitos y otras zonas el 1º de marzo de 2017, mientras el entonces presidente Tabaré Vázquez procuraba anunciar buenas noticias.
Sectores militantes se están encerrando en compartimentos estancos, entre el fanatismo y un tufo fascista —de izquierda y derecha— que poluciona las redes sociales, en procura de abrumar a los discrepantes, y de fomentar una polarización y “grieta” que no existe en la mayor parte de la sociedad uruguaya, que aún expresa cierta extendida tolerancia y comprensión.
Las “caceroleadas” fueron utilizadas por la derecha chilena a partir del 1º de diciembre de 1971 para protestar contra el gobierno del socialista Salvador Allende. Luego se expandieron por América Latina y Europa como mecanismo de protesta colectiva. En Argentina sonaron con gran fuerza a fines de 2001, contra el gobierno de Fernando de la Rúa y la parálisis económica.
En Uruguay, las caceroleadas y los apagones concertados se volvieron frecuentes desde la noche del 25 de agosto de 1983, contra la dictadura militar en retirada. Luego fueron convocadas en democracia, en 1986, 1987 y 2002, por algunos grupos de izquierda y el PIT-CNT, aunque con un grado de adhesión muchísimo menor.
Lo cierto es que los encierros rigurosos para neutralizar la pandemia, con salvaconductos para moverse e intervención policial, han sido probados por gobiernos “progresistas” o paternalistas, como el de Argentina; liberales o conservadores, como en Chile, Colombia y Francia; o populistas y “antisistema”, como en Italia el año pasado; más o menos con el mismo fracaso desolador.
En términos generales, los países menos afectados han sido aquellos isleños o fáciles de aislar; relativamente sanos y prósperos; de baja densidad de población (o al menos con ciudadanos habituados a mantener distancia); con gobiernos que tomaron medidas tempranas aunque, en general, no extremas, ni teatrales, ni demasiado prolongadas; y cuyas poblaciones acataron fielmente las consignas de reducir la movilidad y la interacción. Entre ellos se cuentan Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Uruguay y Canadá (en ese orden, pese a algunas grandes diferencias de políticas sanitarias puntuales, y tomando solo a los más abiertos y con estadísticas confiables).
El pequeño Uruguay, que salió casi ileso el año pasado con restricciones parciales y bajo la consigna de la “libertad responsable” preconizada por el gobierno, ahora está contra las cuerdas del ring por los tremendos golpes de la “segunda ola” de coronavirus. Los muertos trepan a unos 500 por millón de habitantes, y habrá muchos más.
Argentina, con 1.300 muertos por millón, ha cosechado grandes fracasos, igual que Chile; y ambos están apenas mejor que Brasil, un prodigioso productor de nuevas cepas bajo un gobierno caótico, que ya ha padecido 1.750 muertos por millón de habitantes.
Carla Vizzotti, ministra de Salud de Argentina, país en el que la pobreza trepó al 42% de la población, sostuvo el miércoles: “Estamos en un momento crítico, no solo desde lo sanitario, sino desde lo económico y lo emocional”.
Los daños socioeconómicos padecidos por Uruguay, aunque relativamente menores en la región, son los más graves desde la crisis de 2002: quiebras de miles de pequeñas empresas, sobre todo vinculadas al turismo, el transporte y el comercio; pérdidas de ingresos y de patrimonio familiar; desempleo superior al 11%; aumento de la pobreza en la misma proporción; endeudamiento de los individuos y del Estado; enseñanza virtual para niños y adolescentes que atormenta a los padres e incrementa la desigualdad; centenares de miles que padecieron covid-19 y cuarentenas; sistema de salud bajo fuerte presión; centros de tratamiento intensivos al borde; extendida parálisis del sector público y de la burocracia en general; demasiadas personas encerradas en casa mirándose el ombligo y cultivando su locura; demasiada gente dando manija.
En el horizonte de este largo desierto aparecen espejismos y buenas señales: la cantidad de casos activos de covid-19 y la ocupación de camas en cuidados intensivos dan señales de estabilización, aunque a niveles muy altos; y este fin de semana ya se habrá vacunado, con una o dos dosis, más del 40% de la población uruguaya mayor de 18 años.
La campaña de vacunación en Uruguay, una de las más eficaces del mundo, solo superada por países como Israel, Reino Unido, Chile o Estados Unidos, debería reducir pronto los casos de internación y muerte por coronavirus, aunque los contagios se mantengan relativamente elevados.
La vida siempre se abre paso, y los sobrevivientes, que serán la enorme mayoría, seguirán viviendo casi como si nada, habiendo aprendido muy poco. El corazón es un músculo muy elástico.