La fiscal de Violencia basada en Género Alba Corral archivó la indagatoria iniciada luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, presentara en el Ministerio Público una carta firmada por 65 funcionaras de Cancillería en la que se relataban situaciones de acoso sexual, discriminación y violencia verbal, ocurrida dentro de la secretaría de Estado en el último tiempo
En la misiva que se hizo pública el 10 de marzo pasado, las mujeres firmantes contaron que también habían sufrido discriminación por maternidad y doble criterio para medir capacidades, todas situaciones “prolongadas en el tiempo” y realizadas por diplomáticos, empresarios y exjerarcas políticos de la cancillería.
Sin embargo, la fiscal Corral determinó que "la situación y hechos denunciados no encuadran en la competencia penal" de la fiscalía que tiene a su cargo, según informó La Diaria y confirmó El Observador al acceder a su dictamen. Y argumentó que la ley de violencia hacia las mujeres basada en género prevé para estos casos que los organismos en que ocurren situaciones como las denunciadas se adopten "medidas para la prevención, protección, investigación y sanción de la violencia basada en género que ocurra en el ámbito intrainstitucional, ejercida por su personal respecto de otros funcionarios, de trabajadores o de usuarios y usuarias de los servicios".
Para Corral, por tanto, el conflicto debe resolverse dentro del ámbito de la Cancillería, organismo responsable de adoptar tales medidas de protección y procedimientos administrativos que investiguen y sancionen lo ocurrido.
El mismo día en que Bustillo puso al tanto de esta denuncia al fiscal de Corte, Jorge Díaz, un comunicado del ministerio también informaba que el secretario de Estado había puesto en conocimiento de la carta a la directora de InMujeres, Mónica Bottero y a María Noel Vaeza, directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
“Esta administración viene trabajando en el tema género de forma constante y las denuncias generan honda preocupación”, decía ese comunicado, que añadía que ya se estaba evaluando tomar "medidas a corto plazo para la erradicación definitiva de ese tipo de conductas en la Cancillería”.
En la misma carta, las funcionarias proponían ocho medidas para comenzar a revertir la situación y pedían una “acción urgente por parte de la administración”.
Reserva de identidad
En paralelo a la acción penal, la jueza de Familia Especializada Lilián Elhorriburu había pedido a Cancillería los nombres y domicilios de las funcionarias denunciantes –y de los hombres denunciados–, para poder luego adoptar "las medidas de protección legales" previstas en la ley de género, como la prohibición de acercamiento o el cambio de horario de trabajo, entre otras.
"Frente a una denuncia de violencia de género estoy obligada a actuar", había dicho a El Observador.
No obstante, la fiscal Corral definió en su resolución que, a pedido de la abogada que representa a las denunciantes, Marina Morelli, se decretara "la reserva de la identidad de las firmantes de la carta", en consideración de "un anexo de naturaleza confidencial en el cual se relatan situaciones vividas por distintas funcionarias del escalafón M del Servicio Exterior, sin identificación de las partes involucradas en los hechos relatados".
