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Fiscal de Corte a los críticos del nuevo CPP: "Que miren nuestros números"
El nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que entró en vigencia en noviembre de 2017 es más eficiente que el que funcionaba antes porque ahora más personas son acusadas por los delitos y porque más gente está en la cárcel. Por eso, para el fiscal de Corte, Jorge Díaz, hay quienes deberían reconsiderar sus palabras: "Si alguien dice que este código es de alguna manera más benigno o pro delincuente o algún otro tipo de disparates que he escuchado por ahí, que mire nuestros números", dijo el jerarca a la prensa.
Díaz presentó este miércoles un informe semestral que, entre otras conclusiones, muestra que entre febrero y junio de 2019 la Justicia logró en promedio 28,3 % más imputados por hurtos que en en igual período de 2017, cuando todavía operaba el anterior proceso penal. Y respecto a las rapiñas, la eficiencia fue más alta: este año hubo 42,1% más imputaciones que hace dos años.
En general, se registraron más imputaciones de todos los delitos –8,6% superior– en comparación con el primer semestre de 2017. Pero si se compara con 2014 la brecha es mayor: aquel año había 894 procesos penales iniciados, por lo que se constató un incremento de 35,6%.
Y además "hay un dato que la población tiene que saber", según Díaz, y es que el 70% de todas las denuncias que atendió la Fiscalía terminaron con una condena firme y, de acuerdo al informe, en "la inmensa mayoría de esos casos" los delincuentes fueron enviados a prisión, aunque no se hace la comparación con años anteriores.
Para el fiscal de Corte no hay dudas de que "los números de hoy" cuestionan formalmente "ese discurso que en algún momento se instaló de que el Código del Proceso Penal era más benigno o 'perdonatutti' con los delincuentes".
Otro número que citó el jerarca fue la cantidad de presos, pese a que dijo que no hay consenso académico en definir a esa variable como un indicador del buen funcionamiento del sistema penal. Pero de todos modos habló de ese dato porque dijo que quienes se han opuesto a la reforma procesal se han basado en de la disminución de los privados de libertad durante los primeros meses de funcionamiento de la reforma.
De hecho, tal como ha dicho el ministro del Interior, Eduardo Bonomi y su subsecretario, Jorge Vázquez, a mediados de 2018 se había registrado un descenso en la población carcelaria de 1.400 internos que no se debió a un egreso “por haberse rehabilitado", según repitió Bonomi varias veces, y volvió a hacerlo este domingo.
"En algunas oportunidades se manejó como hipótesis que el menor uso de la prisión preventiva y la aplicación más frecuente de penas alternativas a la prisión resultarían en un estancamiento o directamente una disminución en la población privada de libertad en el mediano y largo plazo", se lee en el estudio, que aunque no contradice la disminución denunciada por Bonomi demuestra que desde junio de 2018 los presos han aumentado a un ritmo constante. Y hoy la cantidad es casi igual –1,2% menos– al récord histórico registrado en abril de 2017.
Las contradicciones
Estas noticias que "alegraron bastante" al fiscal de Corte, no se tradujo en una baja de la delincuencia. Los datos del Ministerio del Interior, que refieren concretamente a la cantidad de delitos, señalan un aumento histórico. En la presentación oficial de datos correspondientes a 2018 que hizo la cartera en marzo de este año se constató un récord absoluto en la cantidad de crímenes en la historia de Uruguay desde que se lleva registro. En comparación a 2017 las rapiñas habían aumentado 53,8% –de 17.956 pasaron a 27.798–, mientras que los asesinatos habían subido 45,8% –274 contra los 414 que hubo este año.
Las últimas estadísticas, presentadas días atrás mostraron una disminución de 22,6% los homicidios, de 4,9% de los hurtos, pero un nuevo aumento de las rapiñas de 9,2%.
Eso significa que el incremento de la delincuencia tiene lugar cuando al mismo tiempo hay un sistema de persecución penal que -según las cifras que Díaz presentó- hace mejor su trabajo.
El Observador consultó entonce a Díaz para que explicara cómo entendía que podía ocurrir eso, y contestó: "Esa pregunta hacésela a quienes asocian un dato con el otro. Nosotros siempre hemos dicho que la política pública de seguridad es bastante más compleja que una política de investigación y persecución criminal. Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos reiterando. Esa política incluye los factores de prevención y control, y en los factores de prevención no se incluyen solo las funciones de la policía sino un conjunto ne factores que tienen que ver con atacar las causas del delitos, que es algo más eficaz y eficiente que la propia represión", dijo el jerarca.
Ante la repregunta de si creía que el gobierno llevaba a la práctica esa concepción de la política de persecución criminal, respondió que no. "Lo que está pasando hoy en día es otra cosa", dijo.
El aumento exponencial de delitos en 2018 fue explicado tanto por Bonomi como por el presidente Tabaré Vázquez por los desajustes iniciales del nuevo proceso penal.
A fines de 2018, de hecho, el mandatario expuso un estudio encargado al profesor Spencer Chainey de la University College of London, que concluyó que el nuevo sistema tenía directa responsabilidad en el aumento de la inseguridad.
