Este 20 de diciembre se cumplen seis meses desde que el fiscal Raúl Iglesias fue sumariado con separación del cargo y retención del 50% de los haberes. Si bien el sumario culminó y la miembro sumariante, Lucía Salvia, elevó al fiscal de Corte, Juan Gómez, un informe en el que determinaba que Iglesias había cometido faltas leves, graves y muy graves, Gómez todavía no determinó si lo sancionará, por lo que corresponde su reincorporación provisoria a la institución, dijeron fuentes al tanto del proceso a El Observador.
Iglesias se deberá reintegrar el miércoles 21 de diciembre y, salvo que él pida cambiar de puesto, volverá a cubrir su mismo cargo. Esto ocurre porque la normativa establece que un funcionario puede estar separado del cargo preventivamente por un plazo máximo de seis meses, después de eso se debe tomar una decisión o reintegrarlo al cargo.
Gómez había decidido trasladar el informe realizado por Salvia a la Fiscalía de Gobierno, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, para que brinden su opinión. En base a eso, iba a tomar su decisión. Pero el fiscal Gustavo Silveira no se expidió al respecto.
El sumario a Iglesias se inició por dos motivos: la nota que presentaron los abogados de la víctima de la violación del Cordón mostrando su disconformidad y los cuantiosos archivos que resolvió en tan poco tiempo.
Según reconstruyó El Observador, la defensa de Iglesias sostenía que el sumario era producto de una persecución política emprendida por Gómez debido a viejas rispideces que habían tenido cuando eran parte de la Asociación de Fiscales. A su vez, insistió en que no se respetó su independencia técnica.
La sumariante Salvia, sin embargo, indicó que Iglesias no describió ninguna situación de acoso concreta. Según su análisis, cometió faltas administrativas leves, graves y muy graves, razón por la que se lo puede sancionar disciplinariamente. Será Gómez, quien después de recibir los descargos de Iglesias, deberá determinar cuál será la sanción. El diagnóstico de la comisión de una falta muy grave permite la destitución del cargo por parte del jerarca competente, aunque debe contar con venia del Senado.
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