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Fiscales anticorrupción condenaron solo con acuerdos con el nuevo sistema penal
En poco más de tres años de funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), hay fiscales que evitaron que sus investigaciones concluyeran en juicios orales y optaron, en cambio, por cerrar sus casos con acuerdos con los imputados. Eso decidieron, por ejemplo, los funcionarios especializados en el combate a la corrupción y la persecución de los delitos económicos, y lo mismo ha ocurrido en seis de las fiscalías dedicadas a los delitos de Flagrancia –aquellos que se investigan en el momento en que se producen–, según se desprende en la respuesta a un pedido de acceso a la información que El Observador dirigió al Ministerio Público.
La situación es vista "con preocupación" por parte del fiscal de Corte, Jorge Díaz, que sigue "con atención" el caso de los fiscales que han optado por pactar con abogados en lugar de litigar delante de un juez imparcial que analiza las pruebas en contra de los imputados, informaron fuentes del organismo.
El informe de la institución contiene los números totales de las investigaciones concluidas por los fiscales de Flagrancia de Montevideo, y aquellos que tienen materias específicas –como Homicidios, Adolescentes, Estupefacientes (narcotráfico) y Delitos Económicos–, desde el primero de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Los fiscales de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez y Ricardo Lackner, lograron 322 y 224 sentencias de condena –respectivamente–, obtenidas mediante la figura del proceso abreviado, que habilita a los fiscales a negociar una pena más beneficiosa con los imputados, siempre y cuando estos confiesen el delito.
En otros casos, las investigaciones concluyeron con acuerdos reparatorios logrados entre las partes –Lackner obtuvo 14, y Rodríguez uno–, o a través de la suspensión condicional de la pena, figura que antes de la Ley de Urgente Consideración (LUC) –que la derogó– permitía dejar sin efecto la persecución penal, a cambio de que el imputado cumpliera con determinadas condiciones.
Pero la situación se repite en otras 10 fiscalías. No tuvieron juicios las de Flagrancia de 1º, 6º, 8º, 12º, 14º y 15º –por las que han pasado más de un funcionario a lo largo de los tres años–; tres de Delitos Sexuales –las de 3º, 6º y 3º Turno, aunque las últimas dos fueron creadas en el correr del año pasado– y la última fiscalía de Homicidios en crearse –la de 3º Turno, en funciones desde junio de 2020.
Para el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, la situación refleja que el juicio oral como herramienta procesal se reserva "para los casos más complejos, con mayor trascendencia, o en los que los fiscales tienen (suficientes) evidencias como para imputar a indagados que no asumen la participación en los hechos", y por ende los cuales los fiscales no pueden recurrir al proceso abreviado.
"En Flagrancia es más difícil porque son casos en los que agarramos a las personas con las manos en la masa, por lo que es difícil que puedan zafar; si el fiscal cuenta con las evidencias, las personas terminan confesando su responsabilidad y aceptan los juicios abreviados", agregó Rosa.
También incluyó entre los factores que determinar que los fiscales se orienten por los acuerdos el hecho de que en los juicios orales siempre se corre el riesgo de perder el caso, porque las víctimas se arrepienten y no van a declarar, o porque con el paso del tiempo los testigos claves olvidan detalles del delito cometido, lo que siempre favorece al imputado. Y a eso se le agrega que estas instancias, que tienen varias etapas previas y audiencias de corrido cuando empieza la litigación, son muy demandantes en recursos, energía y tiempo, elementos que no sobran en la Fiscalía General de la Nación. "Es un montón de cosas que entran a jugar en la decisión de ir o no a un juicio oral", añadió Rosa, que también es fiscal adscripto de Flagrancia.
Las estadísticas globales, difundidas por el fiscal de Corte en distintas ocasiones, dan cuenta de un porcentaje promedio de 4% de sentencias obtenidas en juicios orales, un guarismo que se encuentra dentro del esperado, a criterio del jerarca.
"No hay sistema acusatorio en el mundo que lleve el 8% o el 10% de los casos a juicio oral. En el mundo, en los sistemas acusatorios, el juicio oral y público como instrumento de máxima garantía no llega al 6% o al 7%", dijo Díaz en el Parlamento en junio pasado, cuando se discutía la LUC.
Diferencias en Homicidios
El informe aportado por el Ministerio Público también da cuenta de diferencias en el desempeño entre los fiscales de Homicidios. Así, Juan Gómez –el fiscal de esta materia que más imputaciones por año ha logrado– tuvo casi el cuádruple de juicios orales que Mirta Morales, aunque esta última asumió su cargo en octubre de 2018, cuando su colega empezó en noviembre de 2017. Pero los números indican que Gómez tuvo 27 condenas en juicio oral, mientras que Morales logró siete.
También vale destacar que la fiscalía liderada por Gómez perdió tres casos en juicios, mientas que Morales se encuentra invicta, aunque la cantidad de imputaciones general es inferior.
Por su parte, Adriana Edelman –la tercera fiscal de Homicidios, que asumió a mediados de este año– no tuvo sentencias mediante juicios.
