El teléfono no paraba de sonar. Un hurto en una tienda de ropa, una rapiña en la que el delincuente logró hacerse con un celular y fue detenido unos minutos después, un hombre que golpeó a su pareja y la echó de su casa. Aquella noche de sábado, el fiscal de flagrancia de 9º turno, Gustavo Zubía, atendió más de 200 llamadas. En algunos casos, se trató de comunicaciones ajustadas a su rol: hechos delictivos con personas detenidas o en situaciones que requieren tratamiento urgente.
En otros, en cambio, ni siquiera había delito. Una de esas llamadas, por ejemplo, fue para comunicar que un hombre se hirió al caerse de su bicicleta. Nadie lo había empujado. No había a quién perseguir penalmente, y por lo tanto, no ameritaba la participación de un fiscal.
Llamadas como estas se volvieron frecuentes con la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en el que los fiscales pasaron a ser los encargados de liderar la investigación penal, un rol que antes del 1º de noviembre cumplían los jueces. Según dijo la responsable de la implementación del CPP de Fiscalía, Patricia Marquisá, durante los primeros días de funcionamiento del nuevo sistema pudieron constatar "una infinidad de llamadas que no correspondían a la intervención del fiscal".
Por esa razón, la
Fiscalía General de la Nación emitió un memorando que fue enviado a la Dirección Nacional de
Policía, con el objetivo de explicar en qué casos justifica la participación de los funcionarios del Ministerio Público.
Según señala el memorando, el contenido de las comunicaciones que realice la Policía a la Fiscalía debe estar "limitado" a informar sobre aquellos hechos "con apariencia delictiva". Al tiempo que precisa que las llamadas a los fiscales de flagrancia de turno "deben limitarse a aquellas situaciones en que existan detenidos (flagrancia propia e impropia), diligencias urgentes (órdenes de detención, allanamientos, interceptaciones telefónicas y otras que fuera indispensable realizar en forma urgente para asegurar el éxito de la investigación) y en los delitos de homicidio, lesiones graves, secuestros, copamientos y violencia doméstica aún cuando no haya detenidos".
Las denuncias que no se ajusten a ningunos de estos casos deberán realizarse a través del sistema informático de la Fiscalía, de modo que luego el área de Depuración, Priorización, Asignación, designe un fiscal para ese caso. Asimismo, se señala que en los casos de denuncias por la Ley de Faltas es un juez especializado quien debe ser informado directamente, al igual que ocurre con los casos en los que se solicitan medidas de protección frente a situaciones de violencia doméstica –siempre que no configuren hechos que ameriten persecución penal–, o se pida la internación compulsiva de un paciente psiquiátrico.
La fiscal de flagrancia Brenda Puppo dijo que con este memorando, enviado el pasado martes, se logró reducir el número de llamadas sin sentido, aunque todavía persisten algunas. Accidentes leves entre dos vehículos, un motociclista que resulta herido tras golpear un árbol, son algunos ejemplos. Puppo contó que en un turno podía recibir hasta 20 llamadas en las que no había delito que perseguir. La fiscal dijo que "no hay mala intención de los policías, sino que sigue habiendo desconocimiento sobre cómo actuar por parte de los efectivos".
En el mismo sentido, el también fiscal de flagrancia, Leonardo Morales, dijo que de 180 llamadas que recibió en un turno, solo en 35 había elementos para que pudiera actuar. En un caso, por ejemplo, fue informado de una mujer que se lastimó cuando descendía de un ómnibus, o de una persona psiquiátrica que se "descompensó" en la vía pública.
Morales contó que en esos casos le dice a los efectivos que se da por "enterado", ya que no hay nada que pueda hacer, pero más tarde vuelven a llamarlo para preguntar cómo actuar ante casos similares. Por ejemplo, frente a un accidente con lesionados leves los policías han consultado al fiscal sobre si pueden o no mover los vehículos de la calle.
El caso De Salterain
En octubre, cuando todavía estaba vigente el viejo código y las llamadas de la Policía iban hacia los jueces que dirigían las investigaciones, la magistrada Ana de Salterain cuestionó en su cuenta de Facebook que la Policía se comunicara por hechos que no eran delito. "Somos muchos los magistrados penales que nos preguntamos si las decenas de llamados absurdos de la Policía, cuando estamos de turno, es una especie de broma con la cual se divierten o es inidoneidad para el cargo que ocupan. O es una especie de artimaña para dejar mal parado al Ministro del Interior, que, como sabemos, siempre está muy mal asesorado por su personal. Muchísimas las preguntas, muchas". A raíz de ese mensaje, el Poder Judicial le pidió explicaciones a la magistrada.
Propuesta de Fiscalía
La Asociación de Fiscales del Uruguay se reúne este martes con la Fiscalía General de la Nación para manifestar su rechazo a la propuesta que la pasada semana presentó el Ministerio Público con el objetivo de reducir la jornada laboral de los fiscales de flagrancia, que en ocasiones puede llegar a 24 horas de trabajo de corrido. La propuesta implicaba transformar en fiscalías de flagrancia otras tres fiscalías especializadas en Drogas, delitos sexuales u "otros delitos".
