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Fiscales en conflicto por "hostigamiento y acoso" de políticos y entienden que limitante para ejercer como abogados es inconstitucional
El gremio de fiscales indicó dos motivos principales por los que se declaró en conflicto —algo inusual para la asociación— aunque en una Asamblea General de tres horas con más de 100 asistentes quedó claro que la decisión se tomaba por "acumulación". La última rendición de cuentas –en las que sus reclamos no fueron contemplados y se incorporaron normas que, creen, los perjudican– es el último episodio en un sinfín de medidas y declaraciones realizadas por el espectro político, entienden, tienen un encono contra ellos. Así, en el comunicado, hablaron de "hostigamiento y acoso" de parte del sistema.
Según reconstruyó El Observador, la decisión de tomar medidas frente a la incorporación de un artículo que los veda de ejercer como abogados penalistas por tres años luego de que dejan la Fiscalía, fue la última perla del collar de medidas que impulsó el sistema político en su contra. Así, estuvieron todos de acuerdo en declararse en conflicto y el debate pasó por determinar qué medidas tomarían.
Se terminó aprobando la más leve: no atenderán más a los abogados defensores con los que tenían cita como medida de protesta. Se propusieron medidas más "graves" que tuvieron un apoyo "medio". Finalmente, se acordó un compromiso de progresividad.
El presidente Willian Rosa, informó en la asamblea, que tres días antes de que se presentara el aditivo sobre la inhabilitación para ejercer la defensa penal por tres años había estado reunido con el senador Guido Manini Ríos (líder del partido que impulsó el artículo). Ahí, el senador no le hizo ninguna mención al tema ni le manifestó preocupación.
A su vez, desde que se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal, a nivel gremial, no tienen documentado ningún caso –a excepción del fiscal de Corte Jorge Díaz– de fiscales que hayan pasado a ejercer como abogados penalistas. Hubo una fiscal adscripta que dejó su cargo para trabajar en una empresa privada, pero ni su trabajo ni la empresa está relacionada al Derecho Penal.
En la ronda de intervenciones, varios fiscales manifestaron que no estaban en desacuerdo con que se impusiera algún límite a las jerarquías, pero hubo consenso en que no correspondía cercenarles la oportunidad de trabajo a los fiscales penales.
La asamblea fue el martes y al otro día la coalición propuso modificar el aditivo e imponer tres años de inhabilitación para el ejercicio de la defensa penal a los exfiscales de Corte y reducir a un año la inhabilitación para los exfiscales penales, señalaron fuentes al tanto de la negociación a El Observador.
Sin embargo, el gremio se mantiene en su posición de que es una medida que no se ajusta a las leyes. De hecho, hicieron una consulta jurídica al estudio Bidegain, Nion & Asociados, la que fue enviada a todos los socios.
Norma crearía "inequidad o desigualdad"
En la consulta se contestan cinco preguntas realizadas por la Asociación de Fiscales respecto de la constitucionalidad, antecedentes y alcance de la norma.
En el informe, al que accedió El Observador, se expone que, considerando la información analizada "el texto propuesto no justificaría, en base al interés general, la limitación al ejercicio de una profesión o actividad que claramente debe ser tutelada en el marco del sistema de protección de los Derechos Humanos, tanto por las disposiciones constitucionales como por tratados internacionales".
Según indicaron, el punto fundamental era responder si "objetivamente" hay un "interés general" que justifique inhibir a los profesionales a ejercer por ese lapso. "Ciertamente el tema es opinable y quedará sujeto a última instancia al contenido y alcance del término 'interés general'", comenzaron por esgrimir los autores del estudio.
Aunque saben que los autores del proyecto argumentarán que la prohibición no es tan amplia, dado que los fiscales podrían ejercer como abogados en todas las áreas a excepción de Penal, a juicio de los autores, "esta argumentación es rebatible en tanto se debe interpretar la inhibición un criterio de razonabilidad y proporcionalidad".
Así, sostuvieron que creen que, si fuera aprobada, la norma podría ser impugnada en el ámbito judicial (es decir, que los perjudicados promovieran acciones para evitar su aplicación). "Creemos que del texto planteado no surge claramente ni un criterio de razonabilidad ni de proporcionalidad lo que derivaría en una verdadera desviación de poder legislativa", acotaron.
Por otra parte, confirmaron que no hay antecedentes de situaciones similares en el país y cuestionaron que, por ejemplo, no se pretenda imponer a los jueces la misma limitante.
Por último, los fiscales habían consultado cómo afectaba la norma a aquellas Fiscalías Civiles o de Aduana (que son unas pocas) dado que el proyecto solo refiere a las Penales. También, si esta norma sería aplicable a los fiscales que se encuentran hoy en ejercicio o si sería considerado un "derecho adquirido" el poder trabajar luego de retirarse de la institución.
Sobre ese segundo punto, valoraron que la modificación normativa implicaría un cambio en las condiciones de trabajo, lo que podría causar perjuicios. Ello podría llevar a los fiscales, si así lo quisieran a promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
En lo que refiere a las fiscalías con otras competencias no penales, entienden los autores de la consulta, no estarían alcanzados por la prohibición. Eso "parecería crear otra inequidad o desigualdad por vedar una actividad profesional (ejercicio en materia penal) por una cuestión bastante ajena como puede ser la materia en donde el fiscal se desempeñó".
Tampoco está claro, señalan, qué pasaría con los fiscales de Adolescentes (que no persiguen la comisión de delitos sino de infracciones adolescentes) y los de Violencia Doméstica. Como el texto refiere a fiscales letrados penales, entienden que la prohibición no debería ser aplicada.
