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Fiscalía prioriza denuncias de corrupción a delitos de adolescentes
El 1° de diciembre la Fiscalía de Adolescentes de Segundo Turno dejará de funcionar y abrirá en su lugar una tercera fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. La creación de una nueva fiscalía que persiga los caso de corrupción es una vieja demanda que el exfiscal de Corte Jorge Díaz recogió en febrero de este año y que Juan Gómez, que ahora ocupa ese cargo, ejecutó.
Para tomar la decisión, se pusieron en consideración las cargas de trabajo. En Delitos Económicos la carga es mayor y abordan conflictos de mayor complejidad. Las fiscalías en delitos económicos se encargan de investigar y perseguir delitos vinculados a actividades económicas, casos de lavado y de corrupción.
El fiscal Enrique Rodríguez (primer turno) tiene a su cargo la denuncia penal presentada por la construcción del Antel Arena, mientras que Ricardo Lackner, de segundo turno, viene investigando el caso de la fuga de Rocco Morabito desde hace dos años, la denuncia del Frente Amplio por el contrato del Estado con Katoen Natie y será el encargado de indagar sobre la gestión de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo. Entre los dos, reúnen alrededor de 500 denuncias.
La fiscalía de adolescentes que será suprimida derivará cerca de 43 casos a la otra fiscalía a cargo de María de los Ángeles Camiño. Según un informe de Fiscalía General de la Nación, los delitos cometidos por menores de 18 años en 2020 fueron un 5% del total.
Además, desde la entrada en vigencia de la ley de urgente consideración, los adolescentes pueden saldar sus cuentas con la Justicia a través de un proceso abreviado, como lo hacen los adultos. El proceso abreviado implica que el imputado acepta los hechos que se le atribuyen, a cambio de que se le disminuya la pena hasta en un tercio -aunque no menor a la mínima prevista por la ley para ese delito-. El caso podrá cerrarse por acuerdo siempre y cuando el delito tenga una pena de cuatro años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, a excepción del homicidio con circunstancias agravantes especiales o agravantes muy especiales. La LUC aumentó las penas para adolescentes de 5 a 10 años en casos delitos gravísimos.
Luego ese acuerdo entre las dos partes se homologa ante el juez, que se cerciora que se hayan cumplido todas las garantías y que el imputado entienda que con este acuerdo está admitiendo su culpabilidad. Este proceso es irreversible, es decir, no tiene instancia apelatoria posible.
Según informaron a El Observador desde Fiscalía, si bien no hubo un descenso notorio de los delitos en adolescentes, la utilización del juicio abreviado agilizó los trámites puesto que se eliminaron las instancias de audiencias por juicio en los delitos más cometidos por adolescentes.
A fines del 2020, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió eliminar los juzgados de Adolescentes de Primer y Segundo Turno y constituyó los juzgados de Familia Especializados de 11º turno y de 12º turno. En ese entonces, argumentaron que los delitos cometidos por los menores habían bajado notoriamente y esa materia tenía capacidad ociosa. La jueza Aída Vera Barreto que estuvo a cargo de una sede de menores suprimidas dijo a El Observador que cuando dejó el juzgado en diciembre pasado tenía entre 50 y 60 adolescentes internados por delitos.
Los adolescentes que delinquen
La mayoría de los delincuentes menores de edad cometen delitos contra la propiedad. Pero también hay un menor porcentaje que incurre en delitos violentos. Según dijeron jueces y fiscales, los casos suelen ser similares aunque el resultado sea diferente. Se trata de adolescentes que no tienen contención familiar o referentes. Escapan del sistema educativo, no entran al mundo laboral y terminan en la calle. En lo que refiere a los delitos, los adolescentes de más edad –entre 16 y 17 años– suelen cometer las acciones más violentas. Aquellos de entre 13 y 15 años, caen en manos de la Justicia por casos relacionados a estupefacientes o hurtos, dijo Vera Barreto.
Tamara Samudio, integrante del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, detalló a El Observador que la mayoría se encuentra en la franja de los 16 y 17 años y son jóvenes “víctimas de la exclusión continua de las políticas públicas”. Son expulsados del liceo por alguna falta eventual y despedidos de los trabajos precarios que pueden conseguir.
¿Cómo y dónde están?
Actualmente, el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) cuenta con 270 adolescentes internados con medidas privativas de la libertad y 310 con medidas alternativas.
El Inisa administra las medidas no privativas de la libertad de acuerdo a un modelo firmado con Unicef por el que equipos multidisciplinarios deben cumplir con la normativa nacional e internacional, explicó Andrea Venosa, la representante del Frente Amplio en el directorio del Inisa .Como el instituto no cuenta con los suficientes técnicos para atender todos los programas, generaron convenios con organizaciones sociales y siguen trabajando con técnicos de INAU.
Eso, dice Venosa, es contraproducente porque son técnicos y profesionales requeridos en dos contextos distintos. “Nosotros apuntamos a que los equipos estén especializados 100%, pero necesitamos más presupuesto para eso. Presentamos en la última rendición de cuentas un proyecto que teníamos 30 millones de pesos para absorber cinco departamentos del interior: Soriano, Paysandú, Cerro Largo, Maldonado y Lavalleja”, detalló. Pero eso no se aprobó.
En el interior del país, la mayoría de los equipos son compartidos con INAU. En San José, Montevideo y Canelones, también hay convenios con organizaciones sociales. En la capital, opera el Programa de Medidas Socioeducativas Comunitarias (Promesec, parte del Inisa) y un convenio con las organizaciones Gustavo Volpe y Renacer.
