Fitch Ratings hizo su balance del referéndum y le pasó factura a Cabildo Abierto y el Partido Colorado

En una nota de prensa publicada en su sitio web, Fitch señaló que el resultado del domingo 27 de marzo "muestra que el gobierno ha mantenido el apoyo entre el electorado en sus primeros dos años, en parte a través de su hábil manejo de la pandemia, pero queda por ver hasta qué punto puede capitalizar esto para avanzar en las reformas económicas".

"El 27 de marzo, los uruguayos votaron 'no' a la revocación de 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de 2020 en un referéndum popular iniciado luego de una campaña de firmas el año pasado por parte del partido opositor Frente Amplio (...) En nuestra opinión, el voto para defender la LUC tiene más importancia simbólica que consecuencias políticas directas. La LUC estableció principalmente objetivos de política de alto nivel e hizo algunos cambios institucionales para ayudar a lograrlos (como una nueva regla fiscal y un marco para fijar los precios de los combustibles), que el gobierno podría haber mantenido en cualquier caso. Por sí mismo no hizo grandes reformas económicas", señala la calificadora.

Teniendo en cuenta que la votación "fue ampliamente vista como un referéndum sobre el propio gobierno a medida que se acerca a la mitad de su mandato de cinco años", Fitch plantea que "el estrecho margen de victoria (49,9% contra 48,8% de los votos elegibles) podría limitar el capital político que otorga". De todos modos, en seguida aclara que la diferencia "fue similar al margen de Lacalle Pou en la segunda vuelta presidencial de noviembre de 2019 (50,0% a 48,4%), lo que indica que mantuvo el apoyo a pesar de la política fiscal conservadora, las pérdidas de salarios reales y los aumentos en el precio del combustible".

"El gobierno espera utilizar su capital político para promulgar reformas en la segunda mitad de su mandato. Estos incluyen abordar problemas clave de competitividad: altos costos de combustible, resultados educativos decrecientes, rigideces del mercado laboral y apertura comercial estrecha. Una prioridad posterior al referéndum será la reforma de las pensiones, que es crucial para la sostenibilidad fiscal a largo plazo", argumenta la nota de Fitch.

Respecto a la agenda de transformaciones, la calificadora cuestiona –sin nombrarlos específicamente– a Cabildo Abierto y el Partido Colorado, por haberse opuesto a la desmonopolización de la importación de combustibles. 

"Esta agenda ha tenido un progreso limitado hasta ahora, en parte debido a la diversidad ideológica dentro de la coalición gobernante. Por ejemplo, algunos partidos de la coalición se opusieron a una disposición en la LUC para poner fin al monopolio de combustibles de la estatal Ancap, lo que resultó en su eliminación del proyecto de ley final. También impulsaron un proyecto de ley que restringe la industria forestal que el presidente vetó", dice Fitch, en ese último caso aludiendo a la iniciativa de Cabildo Abierto.

Por otra parte, la nota agrega que "un progreso más sustancial en las reformas estructurales podría ser importante para impulsar el débil crecimiento potencial (estimado en 2,1% por un consejo fiscal recién formado)". "La inversión/PIB aumentó a 18,4 % en 2021 desde un mínimo de 14,6 % en 2019, impulsada por la construcción de la planta de celulosa UPM (el proyecto de inversión más grande de la historia de Uruguay), pero sigue siendo baja en relación con sus pares regionales y calificadores", afirma Fitch.

Asimismo, la calificadora dice que la victoria del oficialismo "también podría reforzar la capacidad del gobierno para mantener una política macroeconómica prudente", un "factor clave en la revisión de Fitch de la Perspectiva de la calificación soberana ‘BBB-’ de Uruguay a Estable en diciembre de 2021".

"En sus primeros dos años en el cargo, el gobierno ha logrado un progreso significativo en la consolidación fiscal, lo que refleja medidas de alivio de la pandemia bien dirigidas, ingresos resilientes y aumentos salariales por debajo de la inflación que dieron como resultado ahorros en los salarios públicos y beneficios de pensión indexados. El gobierno promete una recuperación de los salarios reales que podría erosionar algunos de estos ahorros, pero su fuerte posición política podría ayudarlo a navegar esta disyuntiva con prudencia", agrega la nota.

Por último, Fitch llama la atención sobre el "desvío", por parte del propio gobierno, del nuevo mecanismo previsto en la LUC para la fijación de los precios de los combustibles y su repercusión en las finanzas de Ancap. 

"La fijación de precios del combustible ha sido un área política más difícil, especialmente en el contexto de precios internacionales del petróleo marcadamente más altos. Desde setiembre, las autoridades se han desviado de su regla establecida en la LUC al elevar los precios de los combustibles por debajo de la paridad de importación, y lo hicieron nuevamente después del referéndum, ampliando la sobretasa a 11% para la gasolina y 24% para el diesel. Este subsidio efectivo evita mayores aumentos en los precios de los combustibles, que el gobierno quiere reducir, pero impone una carga financiera sustancial a Ancap".