El FA considera que la ley aprobada en el Senado “ni de cerca” soluciona el problema del empleo; la coalición le recordó los 50.000 puestos de trabajo que se perdieron desde 2018
El Senado aprobó en forma unánime este martes la ley de fomento a la creación de empleo destinado a jóvenes de 15 a 29 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad.
El texto prevé beneficios para los empleadores que contraten trabajadores de los tres grupos considerados “especialmente vulnerables”, con una cláusula especial de bonificación si se trata de mujeres. El estímulo será implementado a través de un subsidio que se imputará como crédito ante el Banco de Previsión Social (BPS). Los beneficiarios no podrán exceder el 20% de la plantilla laboral de cada empresa.
Si bien hay diferentes categorías en función de la edad, el monto máximo del subsidio será de $ 9.000 mensuales para los jóvenes por hasta 12 meses de contratación y $ 8.000 mensuales para los mayores de 45 años. El presupuesto previsto es de US$ 16 millones para este año, y una cantidad similar para 2022.
Pese al consenso en que son necesarias normas de este tipo en el actual contexto de crisis derivada de la pandemia, el acuerdo no impidió que la Cámara de Senadores ingresara en un debate político sobre el legado que dejó el Frente Amplio en materia laboral y las políticas diseñadas en ese sentido por el actual gobierno.
El senador frenteamplista y exministro de Trabajo Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) valoró el proyecto, pero advirtió que en realidad recoge el mismo mecanismo previsto en la ley de Empleo Juvenil aprobada en 2013 y una serie de modificaciones introducidas en 2018.
Por su parte, en el oficialismo remarcaron que la ley votada este martes constituye una herramienta excepcional para una situación como la pandemia.
Durante su intervención, Brenta, exministro del gobierno de José Mujica (2010-2015), cuestionó que la opción sea ahora recurrir a la misma herramienta con una tasa de desempleo que duplica el 5,5% registrado en ese entonces. Brenta planteó que los recursos destinados a esta nueva ley son los mismos que fueron asignados por el Frente Amplio. "No hay ningún incremento”, lamentó. Según sostuvo, son recursos que habían sido previstos en la ley de 2018 y que no fueron ejecutados.
Según el Frente Amplio, la mitad proviene de fondos de Rentas Generales no ejecutados, y el resto sale del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) a partir de fondos aportados por empresarios y trabajadores, debido a que hace varios años que el gobierno no realiza los aportes pautados por ley.
Brenta destacó que se mantenga la prohibición de que se sustituya a trabajadores en actividad por otros contratados por este mecanismo, pero planteó que esa misma limitante demuestra que se está recurriendo para un período de crisis a una herramienta diseñada para una época de crecimiento.
“Es muy fácil crear empleo cuando se atraviesa una situación de bonanza”, le respondió la nacionalista Graciela Bianchi, al pasar a cuestionar la gestión del Frente Amplio en material laboral.
La senadora le pidió a Brenta “dejar de dar vueltas con las palabras” al recordarle los 50.000 empleos que se perdieron de 2018 a 2020 y acusó a los gobiernos anteriores de carecer de una política de creación de empleo genuino. “Por suerte, este país no empieza ni termina cada cinco años”, ironizó.
Le preguntó además “qué fue lo que pasó” con el Fondo de Reconversión Laboral, que dejó US$ 8 millones sin ejecutar, además de “múltiples irregularidades” que se están investigando.
“Lamento tener que responder cosas que no se ajustan a la realidad —dijo Bianchi—. Nos alegramos que el Frente Amplio vote este proyecto, ya que no creó fuentes de trabajo genuinas”.
Como contrapartida, en otro pasaje de su intervención, el legislador de la Vertiente Artiguista advirtió de la falta de un programa de creación directa de empleo y de una política de formación y capacitación de trabajadores por parte del gobierno.
“Esto no es ni de cerca suficiente para atender la situación actual de desempleo —sostuvo al reclamar una fuerte inversión en trabajos directos—. Otra vez el ahorro antes que la necesidad de la gente”.
El senador blanco Sebastián Da Silva destacó que la nueva ley permitirá atender a la “gurisada” y a mayores de 45 años que la pandemia “dejó descartados”, sin posibilidad de reconvertirse en forma inmediata. En su opinión, esta ley es de gran aplicación en el medio rural. Será responsabilidad de los estudios contables, dijo, difundir sus ventajas entre sus clientes en el interior del país. “Cierro los ojos y veo muchas condiciones para que las empresas puedan aprovechar esta herramienta”, dijo.
El debate fue aprovechado una vez más por Cabildo Abierto para reclamar cambios en la ley de Inversiones, un tema en el que viene de mantener cruces con el resto de la coalición de gobierno.
Al reparar en las grandes empresas que “recurren sistemáticamente” al mecanismo de exoneración tributaria para "establecerse en el país”, el senador Guillermo Domenech sostuvo que hoy en Uruguay hay dos economías.
Al referirse a la nueva zona franca que se instalará en Punta del Este, Domenech apuntó a “toda esa economía que no paga impuestos”, que deber ser compensada por las pequeñas y medianas empresas, que “pagan esos impuestos que las otras no pagan”. “El Uruguay necesita una gran reforma tributaria para que haya trabajo”, aseguró.
Domenech aludió a un grupo de jóvenes egresados de la escuela de lechería de Nueva Helvecia, con los que recientemente conversó. “No pueden acceder a tierra que les permita establecerse por cuenta propia —advirtió—. Su destino es ser mano de obra asalariada”. Esos jóvenes, dijo, ven que grandes empresas exoneradas de toda tributación adquieren “miles y miles de hectáreas”.
Además el senador cabildante pidió “aflojarle la cincha” a los pequeños productores y comerciantes. De lo contrario, adelantó, el problema del trabajo en Uruguay será endémico.
El articulado que se votó este martes en el Senado llegó, técnicamente, sin el voto del Frente Amplio. Es que el proyecto salió de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la cámara alta el pasado jueves.
Ese día hubo un paro general convocado por el PIT-CNT al que adhirió el senador Oscar Andrade, uno de los integrantes frenteamplistas de la comisión, que no asistió.
Su colega Eduardo Bonomi sí concurrió, pero por asuntos personales debió retirarse antes de la votación.
La única que permaneció en toda la sesión fue Amanda Della Ventura. Lo hizo vía Zoom, un mecanismo que el Reglamento del Senado no habilita a la hora de autorizar el voto de un legislador.