En lo que significan sus primeros pasos en el relacionamiento internacional, el presidente paraguayo Federico Franco aseguró que busca tener “buenas relaciones” con los países de la región, pero igualmente le recordó a Argentina y Brasil que dependen de las dos centrales hidroeléctricas que comparten con Paraguay.
El presidente designado tras la destitución de Fernando Lugo mediante un juicio político tuvo ayer su primer encuentro con la prensa extranjera, donde dijo entender de alguna forma el rechazo de buena parte de la comunidad internacional, que tiene contra él el argumento de “usted nunca le va a dar gusto a nadie”.
Primero agradeció el respaldo que recibió de Canadá y Taiwán, y luego se dedicó a hablar de los países de América Latina. “Lo que menos quisiera es tener problemas con nadie y menos con dos países poderosos que tienen al Paraguay en el medio”, agregó en seguida, en referencia a las naciones presididas por Dilma Rousseff y Cristina Fernández.
En el caso de Argentina, cuya presidenta fue la primera en rechazarlo y en retirar a su embajador de Asunción, indicó que va a tratar de tener con Fernández “un trato especial”.
“No me va a sacar una sola palabra en contra de ella, voy a hacer todo el esfuerzo para que la señora Cristina entienda que Paraguay tiene con Argentina un compromiso claro con Yacyretá”, la central hidroeléctrica que comparten sobre el río Paraná.
“Gran parte de la iluminación de Buenos Aires se la estamos entregando nosotros desde Yacyretá”, recalcó, y siguió diciendo que la mayoría de “los comercios que se hacen en el Paraguay vienen de Argentina”, que en el país “están radicados muchos empresarios de la nación vecina” y que “históricamente las relaciones bilaterales fueron muy armónicas”.
En los mismos términos se refirió a Brasil, a cuya presidenta, Dilma Rousseff, le pidió “que consulte con sus compatriotas” que viven en Paraguay, conocidos como “brasiguayos”, sobre su postura respecto a la crisis política.
Luego dijo que ayer recibió a una delegación de ese sector que le quería expresar su apoyo “por unanimidad”. El grupo representaba a cerca de medio millón de personas que habitan vastas extensiones agrícolas próximas a la frontera común, relató.
Le remarcó a las autoridades brasileñas que “gran parte de la energía de San Pablo es abastecida por Itaipú”, por lo que “no hay razón para tener malas relaciones con los brasileños”. Paraguay cedió, a cambio de una compensación económica en torno a los US$ 500 millones, el año pasado el 92 % de la energía que producen ambas represas a Brasil y Argentina.
Luego le pidió a Rousseff respetar “la libre determinación de los pueblos”, con un ejemplo reciente de la disputa de tierras en zonas fronterizas y le pidió respetar la autonomía.
Defensa ante la OEA
Por segunda vez en cinco días, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró ayer su segunda sesión extraordinaria sobre Paraguay.
En su intervención, el delegado del país en foco , Bernardino Hugo Saguier, defendió a Franco como “legítimo presidente” del país y pidió a los Estados miembros del organismo evitar la “injerencia” en los asuntos internos de esa nación.
El Gobierno de Franco “es reconocido y acatado internamente en todo el territorio del país, donde rige la mas absoluta paz y tranquilidad (...). Exhortamos a los países hermanos el respeto sublime a la autodeterminación del pueblo paraguayo, y a los principios de no intervención, directa o indirecta”, indicó.
Nicaragua pidió ante los presentes el envío de una misión de investigación al país, encabezada por el titular del organismo, José Miguel Insulza.
Los delegados de los países del bloque tuvieron intervenciones más o menos breves, y el representante permanente de Uruguay, Milton Romani, aclaró que no iba a tomar posición sobre el caso, a la espera de la que van a tomar los presidentes del Mercosur en la cumbre del jueves y viernes en Mendoza.
De todas formas, el embajador denunció que “la gran falla fue negarle al presidente constitucional el derecho sagrado a defenderse” y la constatación de “una grave violación a las normas del debido proceso consagradas en la Carta de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
