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Frente Amplio criticó "persecución judicial" contra Lula
La Mesa Política del FA sostuvo que uso de la Justicia con fines políticos pone en cuestión el Estado de Derecho en Brasil
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14 de julio de 2018 a las 10:20
El Frente Amplio criticó la utilización de la Justicia con fines políticos en Brasil en referencia a la "persecución judicial" contra el expresidente Luis Inácio Lula de Silva (2003-2010).
El político brasileño, que cumple su pena en una celda aislada del resto de presos en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur) desde el 7 de abril, protagonizó el pasado 8 de julio un duro embate jurídico por su libertad que el FA consideró parte de un plan para evitar que este pueda realizar una campaña política como candidato a la presidencia en las próximas elecciones de octubre.
"Esto es continuidad del accionar de las elites de poder (empresarial y mediática) de Brasil, que en connivencia con actores del Poder Judicial, de la Policía Federal y del Ministerio Público, llevan adelante para impedir la participación del expresidente Lula en la campaña electoral", remarca la resolución de la Mesa Política del FA.
Además, advierte que el objetivo de estos actores es "llevar adelante un plan que pretende castigar desde el punto de vista económico y social a los sectores populares y someter la soberanía a los grandes intereses transnacionales".
Asimismo, la coalición sostuvo que uso de la Justicia con fines políticos es un hecho que pone en cuestión el Estado de Derecho en el país vecino.
La puesta en libertad del líder del Partido de los Trabajadores (PT) se enfrascó el pasado 8 de julio en una batalla de decisiones judiciales entre dos magistrados del TRF-4, la cual fue dirimida por el presidente de la corte, con sede en Porto Alegre.
El embrollo judicial comenzó la mañana del domingo, cuando el juez federal de guardia del Tribunal Regional de la Cuarta Región (TRF-4), Rogerio Favreto, decidió de manera sorpresiva conceder a Lula un "habeas corpus" solicitado por diputados del PT.
El primero en pronunciarse fue el juez federal Sergio Moro, quien condenó el año pasado al expresidente brasileño en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión al dar por comprobado que recibió un apartamento de la constructora OAS a cambio de ofrecer beneficios con contratos en Petrobras.
En un auto, Moro cuestionó la competencia de Favreto para mandar excarcelar a Lula, pero el juez de guardia salió al paso inmediatamente y mantuvo en un nuevo documento la liberación del expresidente de manera urgente.
Pocas horas después, el juez João Gebran Neto, instructor de la Lava Jato en segunda instancia, bloqueó la orden de libertad y determinó la continuidad de Lula en prisión.
La batalla judicial se intensificó y, en un nuevo auto, Favreto insistió y ordenó que Lula fuera puesto en libertad en el plazo de una hora, pero la Policía Federal no actuó debido a la contradicción entre los autos de ambos jueces.
El presidente del TRF, no obstante, zanjó el asunto y señaló que la decisión sobre la libertad de Lula es competencia del instructor de la Lava Jato en segunda instancia, quien tiene la última palabra en este embrollo, y no del juez de guardia, por lo que el político brasileño siguió detenido.
Lula, de 72 años, lidera todas las encuestas cuando faltan tres meses para la celebración de los comicios presidenciales en Brasil, a pesar de su arresto y de que se encuentra virtualmente inhabilitado debido a que la ley electoral impide que condenados en segunda se postulen a cualquier cargo electivo.
El político brasileño, que cumple su pena en una celda aislada del resto de presos en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur) desde el 7 de abril, protagonizó el pasado 8 de julio un duro embate jurídico por su libertad que el FA consideró parte de un plan para evitar que este pueda realizar una campaña política como candidato a la presidencia en las próximas elecciones de octubre.
"Esto es continuidad del accionar de las elites de poder (empresarial y mediática) de Brasil, que en connivencia con actores del Poder Judicial, de la Policía Federal y del Ministerio Público, llevan adelante para impedir la participación del expresidente Lula en la campaña electoral", remarca la resolución de la Mesa Política del FA.
Además, advierte que el objetivo de estos actores es "llevar adelante un plan que pretende castigar desde el punto de vista económico y social a los sectores populares y someter la soberanía a los grandes intereses transnacionales".
Asimismo, la coalición sostuvo que uso de la Justicia con fines políticos es un hecho que pone en cuestión el Estado de Derecho en el país vecino.
La puesta en libertad del líder del Partido de los Trabajadores (PT) se enfrascó el pasado 8 de julio en una batalla de decisiones judiciales entre dos magistrados del TRF-4, la cual fue dirimida por el presidente de la corte, con sede en Porto Alegre.
El embrollo judicial comenzó la mañana del domingo, cuando el juez federal de guardia del Tribunal Regional de la Cuarta Región (TRF-4), Rogerio Favreto, decidió de manera sorpresiva conceder a Lula un "habeas corpus" solicitado por diputados del PT.
El primero en pronunciarse fue el juez federal Sergio Moro, quien condenó el año pasado al expresidente brasileño en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión al dar por comprobado que recibió un apartamento de la constructora OAS a cambio de ofrecer beneficios con contratos en Petrobras.
En un auto, Moro cuestionó la competencia de Favreto para mandar excarcelar a Lula, pero el juez de guardia salió al paso inmediatamente y mantuvo en un nuevo documento la liberación del expresidente de manera urgente.
Pocas horas después, el juez João Gebran Neto, instructor de la Lava Jato en segunda instancia, bloqueó la orden de libertad y determinó la continuidad de Lula en prisión.
La batalla judicial se intensificó y, en un nuevo auto, Favreto insistió y ordenó que Lula fuera puesto en libertad en el plazo de una hora, pero la Policía Federal no actuó debido a la contradicción entre los autos de ambos jueces.
El presidente del TRF, no obstante, zanjó el asunto y señaló que la decisión sobre la libertad de Lula es competencia del instructor de la Lava Jato en segunda instancia, quien tiene la última palabra en este embrollo, y no del juez de guardia, por lo que el político brasileño siguió detenido.
Lula, de 72 años, lidera todas las encuestas cuando faltan tres meses para la celebración de los comicios presidenciales en Brasil, a pesar de su arresto y de que se encuentra virtualmente inhabilitado debido a que la ley electoral impide que condenados en segunda se postulen a cualquier cargo electivo.
