El FA analizará las denuncias de los policías y definirá accionar.

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Frente Amplio respaldó al sindicato policial de Maldonado, que pide juicio político a Heber

La oposición política analizará el planteo del sindicato, que acusó en el Parlamento al ministerio de violar la Constitución y sus derechos laborales
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19 de diciembre de 2022 a las 05:00

El Frente Amplio respaldó los planteos del Sindicato Policial de Maldonado (Sipolma), que horas antes del comienzo del receso parlamento formalizó su reclamo de que la Cámara de Diputados, en aplicación del artículo 93 de la Constitución, le entable un juicio político al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El argumento es que, como responsable máximo de la cartera, Heber viola la Constitución y los derechos laborales y sindicales de los policías que, técnicamente, son sus "empleados". 

El pedido está relacionado con las derivaciones de la denuncia que el sindicato viene planteando hace varios meses  sobre una serie de severas carencias de elementos de seguridad para cumplir su función. En particular por la existencia de chalecos antibalas vencidos, una situación que los funcionarios presentaron la semana pasada ante dos comisiones de la cámara baja. 

Según informó allí el dirigente Julio César Pereira, en agosto de este año caducaron unos 10.000 chalecos.  última tanda de 10 mil chalecos. El sindicato había denunciado la situación el año pasado ante la Institución de Derechos Humanos (INDDHH) , que en noviembre de 2021 concluyó que la situación configura una "vulneración de los derechos a la integridad física" de los policías. El Sipolma presentó también el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Previamente había sido presentada a su vez una denuncia penal ante la Justicia uruguaya al entender que "su patrón", el Ministerio del Interior, viola los artículos 7 y 332 de la Constitución, al "no respetar" la vida de sus trabajadores. En Fiscalía, el sindicato denunció a las autoridades del ministerio por "omisión contumacial de los deberes del cargo". 

Pereira aseguró a los legisladores que Interior mintió. En setiembre se les dijo que los chalecos "estaban en camino" y que, como máximo, a principios de octubre el tema estaría solucionado. "Hoy siguen estando vencidos", aseguró el sindicalista. Los funcionarios apuntaron específicamente al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, que en una reciente entrevista en FM Del Sol los acusó de ser un "sindicato político". 

Según el Sipolma el problema radica en la última licitación adjudicada por el Ministerio del Interior. En agosto se le adjudicó la compra a una empresa israelí pero otra firma, de origen chino, impugnó el proceso ya que la cartera aduce que no figura en registro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que categoriza los chalecos antibalas según los estándares internacionales. El recurso, entonces, frenó la compra.

El sindicato sostiene que existe una "orden verbal" de lo que los policías tengan un chaleco vencido no salgan a patrullar o que lo hagan bajo su responsabilidad. 

La base del pedido de juicio político a Heber en que Pereira, junto a una compañera dirigente sindical, fueron sumariados  a fines de noviembre con separación del cargo y retención de medio sueldo en una "clara sindical solapada" por estas denuncias. "No hay otro argumento", señaló.  Para el sindicato representa un "ataque directo" a las libertadores y derecho sindicales. "Estamos poniéndonos en riesgo donde hay un alto poder de fuego en la delincuencia, se están incautando día a día autos con una gran cantidad de armas, y nosotros estamos con chalecos vencidos", advirtió el dirigente. 

A los efectos el Sipolma presentó una acción de amparo ante la Justicia de Maldonado, que hizo lugar al recurso y que citó al ministerio y la la jefatura departamental en una tema en que obtuvo el respaldo del resto de sus colegas, nucleados en la Unión de Sindicatos Policiales (USIP). 

"Sabemos que hoy el narcotráfico no está en un combate directo con la Policía, pero nos falta poco" advirtió otro dirigente, Raúl Pereira. "Estamos al borde del combate directo" agregó, preguntándole a los legisladores si un chaleco vencido podría resistir una ráfaga de un subfusil M4. 

Una pésima gestión

El Sipolma afirma que el que ordenó los sumarios fue el director nacional de Policía, Diego Fernández, a quien el sindicato viene pidiéndole hace tiempo la renuncia. Los funcionarios estiman que el jerarca viene desarrollando una pésima gestión, sobre todo en la designación de cargos de confianza. "Basta ver los casos más recientes, como Astesiano", recordó. 

El sindicato denunció a Fernández por haber violado la ley Orgánica Policial. Allí se prohíbe a los policías brindar servicios de seguridad privada por fuera del Ministerio del Interior. Sin embargo, afirman, en Maldonado "pululan" estos servicios, "prestados incluso por comisarios de alto grado" que, señalan, fueron compañeros de promoción del director,. 

Julio Pereira recordó que su sindicato es el más antiguo de los que existen en el ámbito policial. Debutó el 29 de diciembre de 2005, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, con una marcha a Punta del Este que culminó con la lectura de una proclama frente al Hotel Conrad. "La situación que vivíamos era realmente díficil", dijo. "Salarios de miseria, uniformes que eran un desastre, no llegábamos a fin de mes, teníamos un endeudamiento tremendo y el armamento eran unos revólveres que ni digo". Junto a eso,  la privación de libertad como medio de sanción habitual. 

El dirigente dijo "imaginarse" que pasaría en esta administración, "que nos hace un sumario por un comunicado", si el sindicato realizara hoy una marcha a Punta del Este. 

Los chalecos funcionan

Para el diputado frenteamplista Eduardo Antonini la actitud del Ministerio del Interior representa un claro caso de persecución sindical, ya que "en ningún lado" de la ley Orgánica Policial se les prohíbe a los uniformados hacer denuncias públicas como las que efectuaron. "Estamos hablando de un comunicado", señaló. 

Antonini eludió expresarse sobre el pedido de juicio político, pero expresó su respaldo a los reclamos del sindicato. "Están reclamando por la vida de los policías, y si están en riesgo no importa si pertenecen o no a un sindicato. Son trabajadores", dijo.  Su colega Felipe Carballo señaló a El Observador que el tema será analizado por los diputados opositores este martes en la reunión semanal de bancada

La diputada colorada María Eugenia Roselló espera conocer en tanto la postura del ministerio sobre los denuncias del sindicato. Más allá de reconocer su derecho a contar con todas las garantías para cumplir con su tarea, sostuvo que lo de los chalecos es un tema en vías de solución. "Por las consultas que hemos hecho, el ministerio está repartiendo los nuevos chalecos", dijo. "A los que estaban vencidos se les hizo una prueba de balística, y se vio que funcionan perfectamente". Por eso, apuntó, siguen en uso. 

Por otra parte, Roselló sostuvo que el sindicato policial, por las características de su actividad, no está autorizado a hacer el tipo de valoraciones políticas que efectuó sobre el juicio político a Heber. "Creo que lo de los sumarios, que lamento profundamente, va más por ese lado que por la exigencia de que los chalecos estén en condiciones", dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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