Matías Campero, el señalado por ser el líder de la banda que alteraba documentos para obtener domiciliaria para presos, admitió previo a ser imputado –cosa que se concretó el 9 de setiembre– que había facilitado documentación falsa para lograr la excarcelación de Juan Antonio González Bica, un narco de Villa Española, Miguel Ángel Leal da Costa y la suya propia. El Ministerio del Interior informó de la fuga de Leal da Costa el 21 de setiembre.
La Dirección Nacional de Libertad Asistida detectó que Leal da Costa estaba prófugo el 19 de setiembre, al menos 10 días después de que Campero hubiera reconocido que había gestionado documentos apócrifos para él.
En un comunicado publicado en la noche del 22 de setiembre, la Suprema Corte de Justicia informó que, tal y como había mandatado la Corporación, la jueza Adriana Chamsarian estaba haciendo el control de las causas en las que había otorgado prisión domiciliaria y advirtió que Leal da Costa no se encontraba en su domicilio, razón por la que libró la orden de detención.
El 28 de setiembre, después de que la jueza Chamsarian contestara un pedido de informes, la Corte dispuso un sumario en su contra y la trasladó a otra sede.
Los indagados tienen la posibilidad de mentir –que lo hagan no tiene reproche penal– por lo que, todo lo que dicen sin aportar pruebas, debe ser debidamente verificado. Por eso, la Fiscalía de Estupefacientes que indaga el caso, solicitó acceso al expediente de Leal da Costa, señalaron fuentes judiciales a El Observador.
Su entrega se dilató varios días, según las fuentes, dado a que la Justicia se encontraba revisando los expedientes en los que se había otorgado prisiones domiciliarias a pedido de la Corte.
El expediente del caso está reservado y el otorgamiento de las prisiones domiciliarias está siendo objeto de una investigación administrativa y un sumario, por lo que, cuando culmine, se podrá constatar la ruta del expediente de Leal da Costa: la fecha de solicitud de la Fiscalía, cuántos días se dilató el acceso y por qué.
Mensajes que complican a la abogada
En la audiencia de imputación de Campero, el narco de Villa Española y Mercedes Acosta se leyeron mensajes que explicitaban la participación de la abogada en la maniobra. Hay al menos dos audios de WhatsApp en los que se habla de sumas de dinero para pagar las falsificaciones y detalles sobre qué debían decir. Por ejemplo, acordaban que la historia clínica de González Bica debía decir que necesitaba una consulta con un nefrólogo y no un neurólogo porque si no estaban "en el horno".
Campero llegó a presentarse como abogado en la cárcel y sedes judiciales e incluso concurrió a una audiencia junto con Acosta, presentándose ambos como equipo. Todo ello frente a la jueza María Helena Mainard.
La semana pasada, los abogados de Acosta –Gisella Aguilar Scarlatino y Andres Miles Costenla– solicitaron que se le otorgue el arresto domiciliario (ella está presa desde el 9 de setiembre) y se les fue negado. Habían argumentado que su entonces clienta (renunciaron al patrocinio) era una persona primaria y que había mantenido una buena conducta toda su vida, por lo que, mantenerla en prisión no respetaba el principio de proporcionalidad.
Sin embargo, la jueza Mainard lo negó y dijo que nada ha cambiado desde que se dispuso su encarcelamiento hace menos de un mes atrás. A su vez, advirtió que la medida no había sido apelada entonces (Acosta tenía otro abogado) y que los riesgos procesales estaban incambiados.