Los trabajadores de OSE se movilizarán el viernes para reclamar que el gobierno aplique la reforma constitucional que puso fin a las concesiones a empresas que prestan servicios de agua potable y saneamiento.
Rossi recordó que la Constitución fue reformada el 31 de octubre cuando poco más del 60% de los votantes aprobaron poner fin a las concesiones a empresas privadas nacionales y extranjeras para prestar esos servicios.
Rossi dijo que el segundo paso que dará el sindicato es presentar ante el Poder Ejecutivo un recurso de amparo contra un decreto del gobierno que decidió que la reforma no incluye a las empresas que firmaron contratos antes del 31 de octubre.
Mientras Aguas de la Costa quiere seguir operando en este país, Uragua está en litigio con el gobierno y el 28 de junio habrá una etapa de conciliación dispuesta por la justicia. En caso de fracasar un acuerdo, la empresa irá a juicio reclamando 24 millones de dólares por incumplimiento de contrato.
Además de estas empresas, de acuerdo al texto constitucional, deberían cesar decenas de empresas nacionales y cooperativas que cumplen estos servicios en distintos puntos del país.
La reforma constitucional fue impulsada por el Frente Amplio, sindicatos y el sector Alianza Nacional del partido Nacional. Entretanto, las empresas siguen prestando sus servicios.
(AP)
